El ministro Genaro Góngora votó en contra de justificar el acuerdo 12/004
Ratifica la Suprema Corte que fue legal la aceptación de la controversia presupuestal
Se prevé que el pleno rechace los dos recursos de reclamación interpuestos por diputados
Con el voto en contra del ministro Genaro Góngora Pimentel, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó ayer la legalidad del acuerdo 12/2004, en el que se basaron los ministros de la Comisión de Receso para admitir la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en contra del Presupuesto 2005. Con esa decisión, los ministros respaldaron de facto a los integrantes de la citada comisión ante un eventual juicio político.
Con esta votación se prevé que el pleno rechace, por mayoría, los dos recursos de reclamación que interpusieron los legisladores en contra de la admisión de la controversia y la suspensión otorgada al Ejecutivo para no ejercer alrededor de 4 mil millones de pesos en disputa. Aunque se espera que, esta vez, el ministro Góngora no sea el único que vote en contra de la mayoría.
Durante el debate, que duró casi tres horas, los ministros de la mayoría justificaron la legalidad del citado acuerdo, y aunque aceptaron que el pleno ''creó una norma'' al establecer que los integrantes de la comisión están facultados para tramitar asuntos jurisdiccionales urgentes (no sólo administrativos, como precisa la ley en la materia), predominó el criterio de que si en los juzgados y tribunales federales los secretarios actúan con ministerio de ley en ausencia de los jueces y magistrados, ¿por qué no debía ocurrir lo mismo en la Corte?
Góngora reprochó a sus compañeros el no considerar que, en los hechos, el pleno legisló al emitir el citado acuerdo -ya que es atribución del Congreso-, y a manera de despedida parafraseó a un ministro de la Corte de Estados Unidos, quien señaló: ''La Constitución dice lo que la Suprema Corte quiere que diga'', comentario que no fue del agrado de los demás ministros.
La justificación legal, sin embargo, recibió un balde de agua fría cuando al término de la sesión el presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, comentó que recibió una solicitud de la Cámara de Diputados ''para que proporcionáramos copia certificada de este acuerdo, con las firmas de todos los ministros, y lo que tuvimos que enviar fue la verdad. Y la verdad fue certificar que no hay ningún acuerdo firmado, ni siquiera por el presidente''.
Es decir, el acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre pasado no llevaba la firma ni siquiera de Azuela, lo que lo motivó a declarar ayer que trataría de establecer un mecanismo para corregir los errores del acuerdo 12/2004, y de los anteriores emitidos por el pleno -como el invocar una ley inexistente-, y para que ''al menos, el presidente de la Corte firme los acuerdos del pleno''.
Cabe señalar que al convalidar el citado acuerdo, en caso de un eventual juicio político, los ministros de la Comisión de Receso podrían argumentar que hay una tesis de la SCJN donde se señala que un juez no puede ser llevado a juicio por los legisladores por una decisión jurisdiccional, de ahí la importancia de ratificar la legalidad de dicho instrumento.