GARROTES Y ZANAHORIAS
DE CONTROVERSIAS Y CERTIDUMBRES
El gobierno del presidente Vicente Fox Quesada ha esgrimido como uno de sus mayores logros la forma en que ha mantenido una situación de cuasi equilibrio en el manejo de las finanzas públicas. Se argumenta desde el Ejecutivo que esa estrategia, continuación de la seguida desde los dos gobiernos priístas anteriores, ha permitido un entorno de estabilidad que en algún momento beneficiará a la mayoría de familias mexicanas.
Hasta ahora, la estabilidad no ha generado crecimiento económico, la mejor forma de generar ese bienestar. Pero también es un hecho que en los logros de la estrategia fiscal juega un papel clave el excedente de recursos generados por el elevado precio del petróleo, cuya exportación genera un tercio de los ingresos fiscales del sector público.
En este entorno, el gobierno federal se resiste a aceptar las modificaciones al presupuesto de 2005, dispuestas por la mayoría en la Cámara de Diputados. Incluso ha interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte y uno de los argumentos es que la intromisión de los legisladores alteraría el equilibrio en el manejo del presupuesto, es decir, según la lógica gubernamental, uno de los pilares de la estabilidad económica del país.
La información oficial disponible y las prácticas institucionales vigentes muestran que el propio gobierno federal actúa con gran flexibilidad en el manejo del presupuesto, gastando incluso los recursos excedentes generados por la venta de petróleo en vez de ahorrarlos para, siguiendo la analogía bíblica, la época de las vacas flacas.
Son datos de la Secretaría de Hacienda: el presupuesto de egresos aprobado para 2004 fue de un billón 650 mil 505 millones 100 mil pesos. Al cierre del año, calcula la dependencia, se habría ejercido un gasto de un billón 755 mil 946 millones 50 mil pesos. En números redondos, la diferencia muestra un exceso del gasto de 105 mil 440 millones de pesos. Esta cifra es superior al presupuesto reasignado por los diputados en el presupuesto para 2005.
En buena medida, el aumento del gasto tiene que ver con la mayor recaudación de tributos por la exportación de petróleo. Hasta el tercer trimestre de 2004, los ingresos del sector público superaban en 94 mil 825 millones de pesos a los estimados para el periodo. De ese total, 84 mil 722 millones fueron aportados por la actividad petrolera.
El mayor gasto no se ha destinado a fortalecer la atrasada infraestructura del país, tampoco para aumentar el gasto en educación o en la innovación tecnológica, rubros que efectivamente podrían contribuir a elevar la capacidad de competencia de México con respecto a otras economías.
Uno de los renglones que reportan aumento de gasto respecto de lo programado originalmente es, por ejemplo, el de provisiones económicas y salariales, con 20 mil 153 millones de pesos, una quinta parte del excedente de gasto ocurrido en los primeros nueve meses de 2004.
Está pendiente, y no hay fecha precisa para un pronunciamiento final, que la Suprema Corte incline la balanza hacia la Cámara de Diputados o hacia el Ejecutivo federal en la disputa sobre el presupuesto para 2005. Lo que cabría esperar es que el fallo fuese un factor de concordia entre los dos poderes en disputa.
Pero quedan ahora dos preguntas relevantes. Una tiene que ver con los resultados de la gestión fiscal del gobierno en cuanto a sus efectos en el fomento de la economía. Otra se refiere a la decisión de promover la controversia aludida, es decir, si con ello se puede crear un entorno de mayor certidumbre acerca del desenvolvimiento de las actividades productivas, que eleve el nivel de la inversión, aliente al mercado interno con mayor rentabilidad de las empresas y la capacidad de generar más empleo e ingresos para la gente. No parece que en ningún caso, ya sea favorable o no a la Presidencia el fallo de la Corte esto pueda alcanzarse. Esta economía está hoy más sujeta al garrote que a las zanahorias §