GARROTES Y ZANAHORIAS

DEMOCRACIA IRRELEVANTE

Desde los años 90 el país inició un proceso de restructuración económica y reformas de la política pública que, con el proceso electoral de 2000, dio un paso decisivo en el camino de la democratización. No obstante, los beneficios del desarrollo y la democracia no se han dejado sentir plenamente para segmentos mayoritarios de la sociedad. La desigualdad y la exclusión son rasgos característicos, por permanentes, del modelo de organización económica y social que impera en México. No sólo constituyen obstáculos al crecimiento económico, sino que son fuentes potenciales de tensión e inestabilidad.

Enfrentamos como país un círculo vicioso: el modelo económico tiende a fracturar la cohesión social, y en la medida en que esto ocurre el proceso económico tropieza con dificultades que, lejos de ser resueltas, se acumulan. Ello tiene consecuencias político-institucionales, pues hay una correlación inevitable entre el grado de cohesión social y la calidad de la democracia: sin la primera, ésta no es del todo real para los más pobres y marginados, o lo que no es mejor, tiende a perder relevancia.

De acuerdo con la experiencia de naciones cuyo modelo de organización se distingue por altos grados de cohesión social, como las europeas, pueden identificarse al menos cinco grandes ejes en torno a los cuales este atributo del desarrollo se consolida o se fractura entre las distintas capas de la población: el sentido de pertenencia o de aislamiento; el predominio de mecanismos de inserción social sobre los de exclusión; la generalización de prácticas de participación en los asuntos públicos frente a la pasividad; el reconocimiento y respeto efectivos de las diferencias y no su rechazo, y la conciencia entre la población de la legitimidad de las instituciones.

Las políticas públicas son elemento central para producir un ambiente proclive a la cohesión social (aunque también pueden serlo para generar un clima que objetivamente sea hostil para la prosecución de este objetivo). Además de guardar un equilibrio adecuado entre la promoción del crecimiento, el ingreso y la garantía de estabilidad macroeconómica, las políticas gubernamentales que contribuyen a la cohesión social deben incluir al menos cuatro componentes explícitos: políticas fiscales justas, eficaces y suficientes; políticas sociales que garanticen derechos básicos, igualdad de oportunidades y movilidad; políticas activas de empleo, y un sistema de justicia autónomo y eficiente.

En situaciones de fractura social, como las que genera un modelo de desarrollo excluyente, con bajas tasas de crecimiento de producto y del empleo remunerativo, con fuertes restricciones fiscales y un aparato de seguridad y de justicia ineficiente en el cual la población tiene escasa confianza, cuesta trabajo concebir que las políticas públicas puedan tornarse, de manera real, en herramientas efectivas de la cohesión social. No, al menos, sin que se construyan arreglos institucionales que permitan volver a diseñar las funciones de la política pública alrededor de objetivos explícitos de reconstrucción del tejido social. Un acuerdo nacional en esa dirección, además, exigiría precisar las funciones reguladoras del Estado teniendo en cuenta la composición plural de intereses en la sociedad, así como su papel esencial en la prevención de conflictos  §