GARROTES Y ZANAHORIAS

INCERTIDUMBRE PRESUPUESTAL

El resultado del debate presupuestal, no concluido por la decisión del presidente Vicente Fox Quesada de "impugnar jurídicamente" el documento aprobado por la mayoría en la Cámara de Diputados, refleja las dificultades del arreglo institucional en México. También muestra el retraso con que las diferentes instancias del Estado se adecuan a los cambios que la sociedad ha tenido en los últimos años, en especial la década pasada.

Varias lecciones ­y deficiencias­ se han puesto de manifiesto en estas últimas semanas, a partir de la discusión del paquete económico para 2005. Por primera vez, a raíz de una reforma constitucional de este año, la iniciativa de ley de ingresos, la propuesta de presupuesto de egresos y los criterios generales de política económica fueron entregados al Congreso el 8 de septiembre y no el 15 de noviembre, como ocurrió hasta 2003. Esta última fecha fue fijada como límite para la aprobación del conjunto de iniciativas, con lo que se intentó evitar la discusión de última hora, en medio de abrazos y brindis en el salón de plenos de la Cámara de Diputados por haberse extendido el debate hasta los últimos minutos del año.

El cambio constitucional sobre los tiempos de entrega y discusión demostró ser insuficiente. Al menos, quedó claro que falta ser complementado con modificaciones de más fondo, relacionadas con los acontecimientos políticos ocurridos en el país en los años recientes que repercuten en la correlación de fuerzas entre el titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Legislativo.

De la misma manera, se puede advertir que los cambios en las normas y procedimientos que rigen la relación entre los poderes son insuficientes para generar acuerdos y que ello debilita el carácter de las leyes, en este caso concreto, el decreto que hace efectivo el presupuesto de egresos. Este es el caso de la disposición del Congreso, haciendo uso de sus facultades constitucionales, con respecto a la fijación del déficit fiscal en un entorno en que el secretario de Hacienda mantiene un amplio margen de discrecionalidad administrativa. Es más, antes de la aprobación del presupuesto, el secretario Gil Díaz anunciaba ya que mantendría la meta de 0.1 por ciento de déficit respecto al PIB, cuando los diputados estaban por aprobar 0.22 por ciento.

Durante muchos años, el quehacer político en México sirvió para obviar el debate sobre el marco institucional que norma y regula el proceso de elaboración, discusión, dictamen y, sobre todo, la aplicación del presupuesto. Había una razón, que no justificación, para ello: el Presidente en turno dominaba, por conducto de su disciplinado partido, la vida legislativa.

El punto de inflexión fue 1997, cuando el presidente Ernesto Zedillo y el Partido Revolucionario Institucional perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Ese acontecimiento reveló las deficiencias del proceso de presupuestación y las dificultades de alcanzar arreglos entre los diferentes actores políticos. Como ha ocurrido en otros ámbitos, se ha puesto de relieve la lentitud con que los gobernantes y los partidos políticos se adaptan a la dinámica de la vida social y política.

Resultado: se ha llegado a un estado de cosas que es, tal vez, menos eficiente que el que prevalecía antes de la reforma constitucional que amplió los plazos de discusión del presupuesto, orientada a abrir el proceso a mayor reflexión. El paquete económico para 2005 quedó en un terreno de incertidumbre al ser cuestionado por el Presidente. Esto deberá resolverse de una manera operativa, pero quizá no será tan sencillo reacomodar la tensión que se ha generado entre dos de los poderes de la Unión  §