Son la parte medular del aparato productivo y de la creación de empleos, pero para las pequeñas y medianas empresas el paquete económico para 2005 no es un instrumento de apoyo. Miembros del sector lamentan que los objetivos de política económica se mantengan centrados en la recaudación de tributos y no en el aliento a la actividad productiva.

José González méndez

El presupuesto del año próximo será adverso para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), debido a que el objetivo del gobierno se centra en la recaudación fiscal y el equilibrio de las variables macroeconómicas y no en el impulso a los sectores productivos, sostienen fiscalistas y contadores consultados.

Aseguran que las disposiciones fiscales del paquete económico beneficiarán principalmente a las grandes empresas, que a partir de 2005 podrán deducir del pago de utilidades, los intereses de las deudas contratadas en el mercado financiero ­dentro o fuera del país­ y podrán concretar su consolidación fiscal a 100 por ciento.

En cuanto a la reducción del impuesto sobre la renta (ISR) de 32 a 30 por ciento, coinciden en que la medida influirá positivamente en las empresas, pero advierten que si las entidades federativas deciden aplicar el impuesto cedular ­especie de ISR local, previsto en la Ley de Ingresos­ este beneficio será anulado.

"El escenario para las Pymes será complejo", asegura el fiscalista Jorge López. Las disposiciones fiscales del paquete económico "no ofrecen estímulos a la pequeña empresa. Los pueden alcanzar siempre que a las grandes corporaciones, de las que son proveedoras, les vaya bien, pero no de manera directa".

Señaló que la situación de las Pymes es tan precaria, que si el gobierno federal decidiera cobrarles el IVA (15 por ciento) en lugar de las actuales cuotas del régimen de pequeños contribuyentes, miles de pequeñas empresas desaparecerían.

En esta situación, asegura Alfonso Dueñas, director del Instituto de Capacitación para el Pequeño Comercio, están 3.5 millones de pequeños negocios.

Beneficios

Entre las medidas aprobadas en el presupuesto está la de deducir el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), la consolidación fiscal de las empresas a 100 por ciento ­es decir, permitir que un corporativo haga una sola declaración fiscal por las empresas que lo conforman, equilibrando pérdidas y ganancias­ y deducir los intereses de las deudas contraídas en el sistema financiero y en el exterior.

Jorge López advierte que la deducción de la PTU podría ser producto de la presión de empresas extranjeras, pues constituye una partida que no puede ser compensada en los impuestos que se acreditan en los tratados internacionales. "Si algo puede manipularse son los resultados contables de la PTU, y ahí hay una complicidad de patrones, sindicatos y tribunales", afirma.

En contraste, la sustitución de las deducciones de compra de inventarios por la de costo de ventas se adelanta como gran problema para las empresas. Según Pedro Mendoza, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la medida generará un aumento de los costos administrativos, falta de flujo de efectivo y descapitalización, disposiciones retroactivas (valuación de inventarios de años anteriores) y complejidad para recaudar el impuesto.

El impacto específico de esta disposición en las Pymes es que deberán incorporar servicios contables especializados para cumplir con el trámite, lo que implicará mayores gastos.

El presupuesto del próximo año contempla también la deducción de combustibles siempre que el pago se haga con tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico o cheque. La medida, precisa López, es "extrafiscal" y busca identificar a quienes compran y venden el combustible robado a Pemex en los últimos años.

"El objetivo se entiende, pero ¿por qué deben pagar todos los consumidores?", se pregunta. Esta medida entrará en vigor el próximo 1° de julio.

Asimismo, el paquete económico permitirá la deducción de intereses de las deudas contraídas por las empresas dentro o fuera del país (capitalización delgada), excepto cuando el débito exceda tres veces el capital contable. La medida intenta limitar los créditos cruzados que se otorgan entre empresas de un mismo grupo, aunque afectará a las que buscan su consolidación o expansión. "Es una arbitrariedad, ¿quiénes son ellos para limitar la proporción del endeudamiento?, se cuestiona Mendoza.

En cuanto a la disminución del ISR, López afirma: "Reducir la tasa no es cuestión que deba aplaudirse. No hacerlo generaría una sanción internacional. Todas las economías tienden a hacerlo para ganar competitividad y México no es la excepción. Son las reglas que va marcando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para hacer funcionales las economías."

Amparos

En general, dice el director del IMCP, las reformas tributarias para 2005 contienen "medidas favorables" para el contribuyente, aunque el sistema fiscal "sigue plagado de formalidades que incrementan los gastos administrativos de las empresas". Adelanta que muchas empresas "agraviadas" por las disposiciones interpondrán juicios de amparo en los primeros meses del año próximo.

López coincide en que el sistema tributario sigue mal orientado e insiste en que el presupuesto carece de políticas que incentiven la producción. "Pero no se puede generar una buena política fiscal si antes no se tienen claros los sectores donde ésta va a incidir, por medio del fisco no se endereza la política económica. La reforma hacendaria no implica sólo recaudar más impuestos, sino saber qué necesidades tengo, de dónde obtengo los recursos y cómo los voy a aplicar. Los programas de las pequeñas y medianas empresas tendrían que pensarse en función de lo que se quiere estimular", precisa.

Subejercicio del Fondo Pyme

En cuanto al Fondo Pyme, dependiente de la Secretaría de Economía, la Cámara de Diputados dispuso un incremento de sus recursos de mil 220 millones de pesos ­propuestos originalmente por el Ejecutivo­ a mil 620 millones. Su presupuesto vigente es de 900 millones, a los que se suman 300 millones para proyectos de alto impacto.

En marzo pasado, el subsecretario para la pequeña y mediana empresa de esa dependencia, Sergio García de Alba, aseguró que los recursos del fondo serían entregados en agosto. Sin embargo, hasta el cierre del tercer trimestre se registra un subejercicio de 80 por ciento.

De los mil 117 millones de pesos que debe entregar Fondo Pyme este año, los pequeños y medianos empresarios han recibido sólo 216 millones.

Pedro Mendoza informa que el gobierno federal aceptó que algunas disposiciones fiscales contenidas en el presupuesto son inconsistentes, por lo que integrantes del IMCP se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para discutir sobre el impuesto al costo de ventas y la deducción de intereses o "capitalización delgada"  §