OTRO MODELO
Hay en el mundo suficiente evidencia de que, por sí solo, el crecimiento económico no suprime la pobreza ni promueve la igualdad; pero también se sabe que sin crecimiento las políticas sociales alcanzan resultados modestos o nulos en materia de igualdad. Cuando el estancamiento se acompaña por el desempleo y la precarización del empleo, más duras se revelan las barreras y los límites que inciden en las políticas sociales.
México es un caso ejemplar de ambas situaciones: creció rápidamente durante varias décadas sin promover la igualdad, observando hace más de 20 años tasas de crecimiento modestas o nulas que se acoplan con un empeoramiento de la distribución del ingreso. Y si en la etapa de crecimiento los niveles de pobreza fueron a veces gradualmente reducidos, desde los años 80, además de elevarse, se mantienen al alza. Como quiera que se vean, los resultados sociales y políticos de tal situación son desastrosos.
Desde el punto de vista del desarrollo humano, es una necesidad estratégica, además de socialmente justa, la fundación de otro modelo de desarrollo: uno en el que se articulen de manera distinta el pasado y el presente de las relaciones entre objetivos sociales y objetivos económicos. Cabe señalar que, en este tema, el horizonte en que hoy se mueven significativos segmentos intelectuales, políticos y de la opinión pública internacional es uno que considera la posibilidad de que entre economía y sociedad se establezcan vínculos explícitos volcados al desarrollo, que sean políticamente democráticos y socialmente inclusivos.
¿Cómo abordar la política social en esta perspectiva? En primer lugar, es importante clarificar un concepto estratégico: el de protección social. En esencia, tal concepción de protección colectiva debe ser una respuesta general a ciertos niveles de riesgos o privaciones que la sociedad considera inaceptables. Es por ello que debe reposar en un amplio consenso que, de modo explícito o implícito, afirme el compromiso de que a todos debe estar asegurado el acceso a los medios que permitan satisfacer necesidades básicas y el ejercicio de los derechos fundamentales. En otras palabras, la protección social debe se entendida como intervención colectiva de la sociedad a fin de proteger a sus ciudadanos de riesgos y vulnerabilidades, mantener su bienestar y aumentar su capacidad de enfrentar tales contingencias.
En conjunto, las políticas y los proXgramas sociales deben ser diseñados y puestos en operación como verdadero sistema de proteción colectiva, como el derecho fundamental de las personas a programas efectivos y eficaces que las alivien de los padecimientos derivados de los riesgos económicos y sociales, como enfermedades, vejez, desempleo y exclusión social, así como a programas que protejan sus ingresos, que garanticen su seguridad, alimentación y habitación digna, que les proporcionen educación básica y oportunidades de educación complementaria y formación profesional. Un conjunto de políticas y programas que asegure que todos dispongan de protección económica y social adecuada a lo largo del ciclo normal de la vida nacimiento, infancia, adolescencia, vida adulta, envejecimiento y en las circunstancias socialmente adversas, como el desempleo, la enfermedad y la incapacidad. Un sistema que esté adecuadamente apoyado por mecanismos financieros e institucionales que garanticen su permanencia y sustentabilidad §