Se impedirá la transferencia ilegal de recursos públicos a fideicomisos privados

Posible recorte de $30 mil a $35 mil millones al gobierno federal: diputados

El Ejecutivo no podrá utilizar a discreción los tiempos del Estado en medios de comunicación

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados discutirá mañana un recorte calculado entre 30 mil y 35 mil millones de pesos al gasto del gobierno federal, y aplicar una severa normatividad para impedir que la administración de Vicente Fox transfiera de forma ilegal o irregular recursos públicos a fideicomisos privados y utilice a discreción los tiempos del Estado en radio y televisión. Asimismo, a propuesta del Partido del Trabajo (PT), se vigilará mensualmente el cálculo de los excedentes petroleros, así como el volumen real de la producción de hidrocarburos.

La comisión propondrá en su dictamen al pleno la obligación para Petróleos Mexicanos (Pemex) de establecer, a más tardar el 15 de febrero próximo, un sistema de tecnología de punta para identificar los combustibles que suministra, con el objetivo de abatir la pérdida de ingresos por el robo de gasolina, diesel, turbosina y gas LP. En caso de no hacerlo, los funcionarios de la paraestatal se harían acreedores a las sanciones establecidas en la Ley Federal de los Servidores Públicos.

Aprobado el paquete fiscal de 2005, los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y PT se dedicaron a negociar los recortes al gasto de la administración foxista y las reasignaciones presupuestales, que se incluirán en el dictamen que la Comisión de Presupuesto aprobará hasta hoy, un día después de lo programado.

Anoche, en la oficina de la coordinación del PRI, diputados priístas y perredistas, bajo la férula de Emilio Chuayffet Chemor, negociaban un monto de recortes y reasignaciones entre 30 mil y 36 mil millones de pesos.

El diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar informó que se alcanzó un acuerdo entre PRI, PRD y PT para no avalar la entrega de recursos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), porque la mayoría no está de acuerdo en autorizarla si antes no se concluyen las auditorías a los bancos. En ese rubro, el recorte será de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos. Asimismo, los legisladores disminuirán entre 4 mil y 5 mil millones para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas); 5 mil millones al Poder Judicial de la Federación, y 10 mil millones de pesos en gasto corriente.

-¿También recortarán Enciclomedia? -se le preguntó a Ramírez Cuéllar.

-Enciclomedia y la biblioteca José Vasconcelos, en aproximadamente 3 mil millones de pesos. El total de recortes será de entre 30 y 35 mil millones de pesos, como parte de un consenso entre PRI, PRD y PT, al que no se sumó el Partido Acción Nacional (PAN), que sólo presentó una propuesta de 22 mil millones, pero nuestra posición es contundente.

Por otra parte, durante la negociación del dictamen del Presupuesto de Egresos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR), que dirige Humberto Nava, solicitó a los diputados no aprobar la reducción de 3 mil millones de pesos a la dependencia, como propuso el Ejecutivo en su iniciativa. De autorizarse ese recorte, dijo, se corre el riesgo de aumentar el deterioro en la impartición de justicia y la seguridad nacional, agravar el rezago administrativo y provocar un despido masivo de trabajadores en 2005.

La comisión aprobó la propuesta de la Subcomisión de Normatividad del Gasto para 2005, que no sólo confirma una política de austeridad y racionalidad, sino reduce el gasto suntuario para las oficinas públicas, prohíbe utilizar recursos extraordinarios en gasto corriente y, en cambio, deberán invertirse en infraestructura educativa y de salud.

Las disposiciones establecen que no habrá aumentos salariales para funcionarios de alto nivel, la reducción de los gastos menores y de ceremonial, y las dependencias federales deberán emprender programas de ahorro de energía eléctrica, combustibles, teléfono, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, así como otros conceptos de gasto corriente; las economías deberán destinarse a mejorar el balance público.

Se acotan los gastos del gobierno en comunicación social, primer rubro a recortar en caso de una disminución importante de los recursos fiscales. Para evitar que el gobierno federal utilice los programas sociales con fines electorales, la Cámara determinó que toda la publicidad y promoción que adquieran las dependencias, tales como anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos, y de cualquier otra índole, deberán incluir invariablemente la leyenda: "Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personales de los funcionarios".

Como una forma de acotar la transferencia discrecional de recursos del erario a fideicomisos privados, que se han incrementado en número y monto en el sexenio foxista, la Cámara de Diputados delineó una serie de reglas.

Entre ellas está la obligación del gobierno de informar a qué organizaciones entregó sus recursos, la cifra de los donativos y una explicación de los fines específicos para los cuales fue otorgado el dinero.

En el artículo 30 del proyecto de presupuesto, la comisión estableció que las dependencias y entidades del gobierno federal sólo podrán otorgar donativos cuando cumplan los siguientes requisitos: contar con recursos aprobados en sus presupuestos para tal fin, ser autorizados en forma indelegable por el titular de la dependencia o entidad, se considerarán como apoyos otorgados por la Federación y los solicitantes deberán estar al corriente en el pago de impuestos.

Además, y después de las experiencias con Vamos México y la presunta transferencia de recursos a la organización de Marta Sahagún desde el Fideicomiso Transforma México -que está bajo auditoría-, cada entidad o dependencia que otorgue donativos será responsable de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos otorgados, así como de entregar informes que permitan su vigilancia y fiscalización.

También se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos que tengan como propósito eludir la anualidad del presupuesto de egresos.

A propuesta del PRI, se buscará regular los gastos de comunicación social y del uso de los tiempos fiscales del Estado, que deberán distribuirse no sólo entre el gobierno federal y la Presidencia de la República. La comisión aprobó un reparto, que será supervisado por la Secretaría de Gobernación, de 40 por ciento de los tiempos del Estado en medios al Poder Ejecutivo, 30 por ciento al Poder Legislativo federal, asignándose tiempos iguales a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, 10 por ciento al Poder Judicial Federal y 20 por ciento a los entes públicos federales.

En ningún caso, se acota, podrán utilizarse recursos del presupuesto con fines de promoción de la imagen institucional de las dependencias, excepto en aquellas que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran, y las erogaciones deberán ser autorizadas por Gobernación, que a su vez deberá informar a la Cámara de Diputados el monto de las erogaciones en comunicación social, incluyendo el uso de tiempos oficiales.

Comunicación social

Los diputados fueron más allá y determinaron impedir el traspaso de recursos de otros capítulos de gasto a comunicación social, y las dependencias federales sólo podrán contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra en donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios electrónicos, así como la cobertura y circulación certificada.

Inclusive, se ordena una reducción de 10 por ciento del presupuesto en comunicación social de todas las dependencias, que deberá ajustarse a más tardar el último día hábil de marzo de 2005. Respecto del gasto de inversión, los diputados definieron que los proyectos emprendidos deberán reflejarse en un incremento en la cobertura de los servicios o de los ingresos públicos.

Los recursos destinados al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas deberán ejercerse, cuando menos en 50 por ciento para inversión en infraestructura; saneamiento financiero; saneamiento y reforma de los sistemas de pensiones; modernización de los catastros y de los sistemas de recaudaciones locales; desarrollo de mecanismos impositivos para ampliar la base de contribuyentes, y programas de protección civil.