Aprueban la Ley de Ingresos; en 2005 se ejercerán más de $1 billón 818 mil millones

Acuerdan diputados dejar en 23 dólares el precio del petróleo

Desestiman la maniobra en el Senado para bajar el cálculo por barril de crudo; argumentan que para fines presupuestales quedó en 27 dólares Chuayffet: el cambio en la minuta, error advertible

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

En medio de la controversia generada por la maniobra de los senadores panistas Fauzi Hamdan y Diego Fernández de Cevallos, así como de la Secretaría de Hacienda, para modificar la minuta de la Ley de Ingresos 2005, la Cámara de Diputados aprobó el precio de barril de petróleo en 23 dólares, y no en 27, como se previó inicialmente.

En la sesión ordinaria de ayer prevaleció el criterio de la interpretación en torno a la minuta enviada por el Senado de la República. Para el coordinador de la fracción del PRI, Emilio Chuayffet, la modificación del documento "no es relevante", porque se obtendrán los recursos previstos para 2005. El legislador no reparó en que el monto final de ingresos para el próximo año está calculado a razón de 23 dólares por barril de crudo, y no en 27, como se pretendió hacer creer a la mayoría de los diputados y a los medios de comunicación.

Tampoco admitió que sólo Petróleos Mexicanos (Pemex) conoce la extracción real de hidrocarburo, y por ese motivo la paraestatal puede elevar la plataforma de exportación, con objeto de incrementar sus ingresos; ni se explicó que la Secretaría de Hacienda, mediante la eficiencia recaudatoria o las reasignaciones presupuestales, puede acrecentar sus ingresos para disponer de ellos a discreción.

Ante la interpretación de Chuayffet se impuso un hecho evidente: en el artículo séptimo, fracción decimoprimera, de la Ley de Ingresos se fija un precio de 23 dólares por barril de crudo.

Así, inmerso en la polémica por el precio del petróleo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 432 votos la Ley de Ingresos de la Federación 2005, que estima percepciones por un billón 818 mil 441 millones 700 mil pesos, cifra superior en 80 mil millones a la prevista en el proyecto del Ejecutivo federal, cuyo monto se ubicaba en un billón 744 mil 370 millones 600 mil pesos.

El déficit fiscal se fijó en 0.22 por ciento del producto interno bruto, el cual se cubrirá con recursos internos sin generar presiones inflacionarias ni aumentar las tasas de interés.

De la crisis al simple error

La aprobación del paquete fiscal -en el que se incluyó la miscelánea fiscal, la Ley del IVA, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y la Ley Federal de Derechos- encontró en el precio por barril de petróleo su principal diferendo.

De la noche a la mañana, la actitud del coordinador del PRI, Emilio Chuayffet, cambió radicalmente. En el transcurso de las últimas horas del viernes, al descubrirse la maniobra de Fauzi Hamdan, se dedicó a llamar por teléfono a los otros líderes de los grupos parlamentarios para expresarles que la proyección aprobatoria del paquete económico se hallaba en crisis y, por tanto, sugería trasladar al pleno camaral el tema del presupuesto para el lunes.

Ayer, al mediodía, Chuayffet mostró otra actitud. Dijo que la minuta del Senado de la República sí incluye el costo por barril en 27 dólares, cuando la redacción establece un precio de 23 dólares. La maniobra promovida por Fauzi Hamdan fue, para el priísta, un simple error.

-¿No es necesario ni una fe de erratas de parte del Senado? -se le preguntó a Chuayffet.

-Lo veremos en términos de qué se precisa hacer. Pero he consultado con los abogados, quienes claramente señalan que es un error, que es advertible (sic) fácilmente porque todo el texto del decreto tiene que ver con el precio de 27 dólares.

-¿Ustedes están considerando este precio?

-Es el que consideró el propio Senado. El Senado no está enviando una cifra distinta. En carátula vienen los 27 dólares.

-¿Un error intencional?

-¡No, hombre, por favor! Es un error de los muchos que tenemos a la hora de publicar los textos. No llegó la minuta del Senado con la intención de provocarnos un problema; simple y sencillamente trasmitió ese error y nosotros vamos a proveer a su reparación en los términos que las propias normas del Congreso nos lo permiten.

Pero ese "error" no se corrigió en el pleno. Chuayffet mantuvo el control de la negociación de la Ley de Ingresos con el Senado de la República, y por acuerdo de la plenaria de su partido en San Lázaro, celebrada el viernes, que le dio facultades plenas para acordar, también se encargó de dirigir el destino del presupuesto de 2005.

Así, con el poder de conducir la tendencia del voto en el pleno camaral, gracias a la mayoría de priístas, y con el respaldo de las fracciones de PRD, PVEM y PT, Chuayffet abrió el camino para aprobar la minuta sin practicarle cambios.

Incluso, complacientes, los legisladores del PAN aceptaron las 25 modificaciones del Senado, incluido el del tema del precio del petróleo.

Los duendes rondaron el Palacio

Los argumentos de los diputados de PRI, PRD y Convergencia para no hacer el cambio en la fracción decimoprimera del artículo séptimo de la minuta se basaban en que los 23 dólares establecidos en ese ordenamiento sólo son un referente para calcular el costo internacional del hidrocarburo, y que el monto total de ingresos sí prevé los 27 dólares por barril.

Admitieron que los 23 dólares tasados perjudican los ramos 28 y 33 del presupuesto de egresos para el año 2005, porque las entidades federativas verían diminuidos sus recursos en 2 mil 500 millones de pesos.

Por tal razón, los diputados priístas, encabezados por Chuayffet, y los perredistas Alfonso Ramírez Cuéllar y Guillermo Huizar, impulsaron un acuerdo con objeto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación un ramo 28-bis, donde se encorcheten los recursos provenientes del diferencial de los 23 a 27 dólares, destinados a las entidades federativas.

Fue el legislador Huizar, quien, por una negociación entre PRI y PRD, subió a tribuna para justificar el voto en favor de la minuta, a pesar de los 23 dólares por precio de crudo establecidos, y acusó a los duendes de intervenir en la elaboración del documento.

El petista Oscar González cuestionó con dureza la maniobra del Senado, y a quienes justifican que el precio de 27 dólares por barril de petróleo sí se encuentra en la minuta, les reviró desde la tribuna:

''Hay quien dice que están explícitos los 27 dólares, pero los 27 dólares deben estar implícitos. Es cierto, hubo duendes, pero hay que decir quiénes son. Hay un duende que se llama Francisco Gil Díaz, el otro se llama Diego Fernández de Cevallos en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.''

También entre los duendes a los que se refirieron los diputados Huizar y González se encuentra el subsecretario Carlos Hurtado, quien cabildeaba en los pasillos del Palacio Legislativo al carecer de un espacio propio.

Al concluir la sesión, entre un grupo de diputados del PRI se manifestó enojo al persistir la idea de que la aceptación de dejar en 23 dólares el precio del petróleo obedeció a un intercambio político, porque circuló la versión de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambió de última hora la decisión de otorgar al panista Gerardo Buganza la gubernatura de Veracruz, y sólo anular los comicios en la referida entidad, para de esa forma garantizar una nueva oportunidad al PRI de sostener ese espacio de poder.

Se impedirá la transferencia ilegal de recursos públicos a fideicomisos privados

Posible recorte de $30 mil a $35 mil millones al gobierno federal: diputados

El Ejecutivo no podrá utilizar a discreción los tiempos del Estado en medios de comunicación

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados discutirá mañana un recorte calculado entre 30 mil y 35 mil millones de pesos al gasto del gobierno federal, y aplicar una severa normatividad para impedir que la administración de Vicente Fox transfiera de forma ilegal o irregular recursos públicos a fideicomisos privados y utilice a discreción los tiempos del Estado en radio y televisión. Asimismo, a propuesta del Partido del Trabajo (PT), se vigilará mensualmente el cálculo de los excedentes petroleros, así como el volumen real de la producción de hidrocarburos.

La comisión propondrá en su dictamen al pleno la obligación para Petróleos Mexicanos (Pemex) de establecer, a más tardar el 15 de febrero próximo, un sistema de tecnología de punta para identificar los combustibles que suministra, con el objetivo de abatir la pérdida de ingresos por el robo de gasolina, diesel, turbosina y gas LP. En caso de no hacerlo, los funcionarios de la paraestatal se harían acreedores a las sanciones establecidas en la Ley Federal de los Servidores Públicos.

Aprobado el paquete fiscal de 2005, los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y PT se dedicaron a negociar los recortes al gasto de la administración foxista y las reasignaciones presupuestales, que se incluirán en el dictamen que la Comisión de Presupuesto aprobará hasta hoy, un día después de lo programado.

Anoche, en la oficina de la coordinación del PRI, diputados priístas y perredistas, bajo la férula de Emilio Chuayffet Chemor, negociaban un monto de recortes y reasignaciones entre 30 mil y 36 mil millones de pesos.

El diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar informó que se alcanzó un acuerdo entre PRI, PRD y PT para no avalar la entrega de recursos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), porque la mayoría no está de acuerdo en autorizarla si antes no se concluyen las auditorías a los bancos. En ese rubro, el recorte será de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos. Asimismo, los legisladores disminuirán entre 4 mil y 5 mil millones para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas); 5 mil millones al Poder Judicial de la Federación, y 10 mil millones de pesos en gasto corriente.

-¿También recortarán Enciclomedia? -se le preguntó a Ramírez Cuéllar.

-Enciclomedia y la biblioteca José Vasconcelos, en aproximadamente 3 mil millones de pesos. El total de recortes será de entre 30 y 35 mil millones de pesos, como parte de un consenso entre PRI, PRD y PT, al que no se sumó el Partido Acción Nacional (PAN), que sólo presentó una propuesta de 22 mil millones, pero nuestra posición es contundente.

Por otra parte, durante la negociación del dictamen del Presupuesto de Egresos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR), que dirige Humberto Nava, solicitó a los diputados no aprobar la reducción de 3 mil millones de pesos a la dependencia, como propuso el Ejecutivo en su iniciativa. De autorizarse ese recorte, dijo, se corre el riesgo de aumentar el deterioro en la impartición de justicia y la seguridad nacional, agravar el rezago administrativo y provocar un despido masivo de trabajadores en 2005.

La comisión aprobó la propuesta de la Subcomisión de Normatividad del Gasto para 2005, que no sólo confirma una política de austeridad y racionalidad, sino reduce el gasto suntuario para las oficinas públicas, prohíbe utilizar recursos extraordinarios en gasto corriente y, en cambio, deberán invertirse en infraestructura educativa y de salud.

Las disposiciones establecen que no habrá aumentos salariales para funcionarios de alto nivel, la reducción de los gastos menores y de ceremonial, y las dependencias federales deberán emprender programas de ahorro de energía eléctrica, combustibles, teléfono, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, así como otros conceptos de gasto corriente; las economías deberán destinarse a mejorar el balance público.

Se acotan los gastos del gobierno en comunicación social, primer rubro a recortar en caso de una disminución importante de los recursos fiscales. Para evitar que el gobierno federal utilice los programas sociales con fines electorales, la Cámara determinó que toda la publicidad y promoción que adquieran las dependencias, tales como anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos, y de cualquier otra índole, deberán incluir invariablemente la leyenda: "Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personales de los funcionarios".

Como una forma de acotar la transferencia discrecional de recursos del erario a fideicomisos privados, que se han incrementado en número y monto en el sexenio foxista, la Cámara de Diputados delineó una serie de reglas.

Entre ellas está la obligación del gobierno de informar a qué organizaciones entregó sus recursos, la cifra de los donativos y una explicación de los fines específicos para los cuales fue otorgado el dinero.

En el artículo 30 del proyecto de presupuesto, la comisión estableció que las dependencias y entidades del gobierno federal sólo podrán otorgar donativos cuando cumplan los siguientes requisitos: contar con recursos aprobados en sus presupuestos para tal fin, ser autorizados en forma indelegable por el titular de la dependencia o entidad, se considerarán como apoyos otorgados por la Federación y los solicitantes deberán estar al corriente en el pago de impuestos.

Además, y después de las experiencias con Vamos México y la presunta transferencia de recursos a la organización de Marta Sahagún desde el Fideicomiso Transforma México -que está bajo auditoría-, cada entidad o dependencia que otorgue donativos será responsable de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos otorgados, así como de entregar informes que permitan su vigilancia y fiscalización.

También se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos que tengan como propósito eludir la anualidad del presupuesto de egresos.

A propuesta del PRI, se buscará regular los gastos de comunicación social y del uso de los tiempos fiscales del Estado, que deberán distribuirse no sólo entre el gobierno federal y la Presidencia de la República. La comisión aprobó un reparto, que será supervisado por la Secretaría de Gobernación, de 40 por ciento de los tiempos del Estado en medios al Poder Ejecutivo, 30 por ciento al Poder Legislativo federal, asignándose tiempos iguales a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, 10 por ciento al Poder Judicial Federal y 20 por ciento a los entes públicos federales.

En ningún caso, se acota, podrán utilizarse recursos del presupuesto con fines de promoción de la imagen institucional de las dependencias, excepto en aquellas que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran, y las erogaciones deberán ser autorizadas por Gobernación, que a su vez deberá informar a la Cámara de Diputados el monto de las erogaciones en comunicación social, incluyendo el uso de tiempos oficiales.

Comunicación social

Los diputados fueron más allá y determinaron impedir el traspaso de recursos de otros capítulos de gasto a comunicación social, y las dependencias federales sólo podrán contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra en donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios electrónicos, así como la cobertura y circulación certificada.

Inclusive, se ordena una reducción de 10 por ciento del presupuesto en comunicación social de todas las dependencias, que deberá ajustarse a más tardar el último día hábil de marzo de 2005. Respecto del gasto de inversión, los diputados definieron que los proyectos emprendidos deberán reflejarse en un incremento en la cobertura de los servicios o de los ingresos públicos.

Los recursos destinados al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas deberán ejercerse, cuando menos en 50 por ciento para inversión en infraestructura; saneamiento financiero; saneamiento y reforma de los sistemas de pensiones; modernización de los catastros y de los sistemas de recaudaciones locales; desarrollo de mecanismos impositivos para ampliar la base de contribuyentes, y programas de protección civil.