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México D.F. Viernes 29 de octubre de 2004

Adoptan diputados ''posturas irracionales'', acusa

El 2006 enrarece decisiones en materia económica: IP

Rechazan nuevos impuestos como el del gas LP

MIRIAM POSADA Y DAVID ZUÑIGA

La cúpula empresarial aseguró que las decisiones que el Congreso está tomando en materia fiscal y económica están influidas por el clima prelectoral, y lamentó que ''la falta de visión y posturas irracionales'' imposibiliten la realización de una reforma fiscal integral.

Por separado los micro, pequeños y medianos empresarios del país advirtieron que no soportarán más impuestos, como el que se pretende establecer al gas licuado propano (LP), y que los más perjudicados serán los trabajadores, quienes sentirán el impacto en sus salarios e incluso en la estabilidad de sus fuentes de empleo.

Los dirigentes de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) y de la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas (Alampyme) precisaron que una mayor carga impositiva afectará la competitividad e incluso pondría en riesgo su sobrevivencia. A su vez, analistas financieros consideraron ''muy lamentable'' que el Congreso haya rechazado la propuesta de gravar el consumo, además de advertir que una mala decisión en cuanto a las metas del déficit y el precio del petróleo dejaría las finanzas públicas expuestas a recortes.

El presidente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, lamentó que las decisiones en materia impositiva estén influidas por la contienda electoral de 2006, lo que -advirtió- provocará que el país no tenga una verdadera reforma fiscal por lo menos en los próximos dos años. En entrevista radiofónica, Barraza señaló que el sector empresarial encuentra pocos incentivos en decisiones que, por un lado, les representa un incentivo, como el ajuste al impuesto sobre la renta (ISR), pero por otro, los beneficios se reducen con la aplicación del IEPS, o la intención de gravar energéticos como el gas LP.

Por separado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Núñez Esteva, aseguró que el Legislativo ''carece de visión y ha adoptado una postura irracional'', al cerrar toda posibilidad de que este sexenio haya una reforma fiscal integral. Acusó a los legisladores de anteponer sus intereses político sobre estrategias que permitan la reactivación y crecimiento de la economía, toda vez que ninguno de los partidos representados en la Cámara quiere asumir los costos de decisiones como gravar alimentos y medicinas, y prefirieron desechar el trabajo de la Convención Nacional Hacendaria.

En tanto, los presidentes de la Alampyme, Pedro Salcedo, y de la ANIT, José Sadi Dupeyrón, advirtieron que este sector no soportará más gravámenes como el que se pretende establecer al gas LP o el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS). Coincidieron en que los más perjudicados con esas medidas serán los trabajadores, quienes sentirán un gran impacto en sus salarios, en la disminución de su poder adquisitivo, pero sobre todo porque sería más fuerte el riesgo de desaparición de sus fuentes de empleo. Destacaron que en las condiciones actuales las micro, pequeñas y medianas empresas han perdido 5 por ciento de su personal.

Por su parte, el presidente del Comité Técnico de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Gerardo Cruz Vasconcelos, consideró ''muy lamentable'' que el Congreso haya rechazado la propuesta de gravar el consumo y que, en cambio, haya modificado tanto las metas de déficit como del precio del petróleo, lo que deja a las finanzas públicas expuestas a recortes. ''Es muy fácil cambiar los números y hacer cuentas alegres sin buscar alternativas de ingresos estables para el sector público'', criticó el analista, quien advirtió que existe el riesgo de que por presiones políticas el Congreso decida aumentar aún más el déficit. Esta postura, señaló, es incongruente con los esfuerzos del Banco de México por controlar la inflación.

Por su parte, el presidente del CCE, José Luis Barraza, alertó que el Congreso debe ser muy cauteloso y tomar con mucha prudencia la decisión sobre el precio del petróleo, sobre el que girarán las finanzas públicas durante 2005. Señaló que para el sector empresarial, 27 pesos por barril de crudo es una premisa muy elevada, por lo que recomendó que se establezca en 25 dólares la cotización por barril, debido a que el gobierno mexicano no se puede exponer a no contar con los recursos suficientes.

Mientras, el director del área de federalismo fiscal de la consultora A-Regional, Francisco Arroyo, señaló que las propuestas de los legisladores no contribuyen a crear un sistema fiscal eficaz, transparente y con una base amplia de contribuyentes, sino mantienen a las finanzas públicas ''al filo de la navaja'' por falta de recursos. El rechazo a gravar el consumo, dijo, sigue siendo ''el talón de Aquiles'' del sistema fiscal.

Arroyo consideró positiva la propuesta de prever tres escenarios para los precios del petróleo. Si el precio promedio queda entre 23 y 27 dólares por barril, las entidades federativas podrían hacer uso de los recursos excedentes por medio de un fondo; si pasa de 27 dólares, 50 por ciento de los excedentes sería para infraestructura de Pemex, 25 para el fondo de estabilización de ingresos petroleros y 25 por ciento restante para entidades federativas. Este esquema, agregó, ayudaría a reducir las tensiones entre estados y la Federación, pues ya se sabría qué hacer en cada situación; asimismo, pronosticó, los gobiernos estatales y los legisladores buscarán acotar la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda en el manejo de los excedentes.

Luis Peña, director general de Banorte, y Alejandro Valenzuela, director de relaciones con inversionistas de la misma institución, destacaron que México ha mantenido una fortaleza macroeconómica que le ha permitido enfrentar la falta de reformas y las actuales disputas políticas, sin que ello golpee a la economía. Destacaron que la Secretaría de Hacienda ha mantenido la disciplina fiscal y que el alto nivel de reservas (que calculan en 16 mil millones de dólares para este año) y los elevados precios del petróleo, le dan al país cierto margen de maniobra.

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