Laura Alicia Garza Galindo

Productividad y competitividad

Existen razones sobradas para que haya un persistente deterioro en el crecimiento económico nacional y en la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos: la razón obedece a que simplemente no se invierten suficientes recursos públicos y privados en el fortalecimiento de los factores e instrumentos que permitan que en el país la productividad y la competitividad se conviertan en un incentivo para la acumulación y redistribución de la riqueza nacional.

La historia inició con las reformas de 1983 a la Constitución de la República, de los artículos 25 y 28, con los que se estableciera un nuevo modelo de desarrollo nacional, enfocado a la liberalización económica y la apertura comercial. Y uno de los argumentos para justificar el nuevo rumbo de la economía fue que se elevaría la productividad y la competitividad, al crearse mejores condiciones para fomentar la capacidad de exportación, enfrentando así la competencia a la que obliga la globalización. Imposible dejar de reconocer el aumento en la exportación -más aún a la firma del TLCAN-, como tampoco el grado de dificultad que representó la desincorporación de las más de mil 200 empresas públicas que en su carácter de no estratégicas constituían un pesado lastre para el gobierno, proceso al que las empresas privadas también debieron adaptarse y sufrir las consecuencias. En suma, el proceso resultó exitoso, excepto en lo fundamental: la redistribución de la riqueza para el pueblo mexicano, puesto que el nuevo enfoque ha propiciado, cada vez con mayor celeridad, una más alta concentración del ingreso en pocas manos.

Uno de los segmentos del esquema que resultó más exitoso e incluso continúa siéndolo, fue el surgimiento de la industria maquiladora orientada a la economía de exportación, que concediera un gran respiro a una de las variables más difíciles de evitar, entonces y ahora: el desempleo. El problema fue que si bien el desempleo abierto se atenuó durante casi 20 años, tuvo el problema de que al no generar valor agregado, por tratarse sólo del ensamblado y/o generación de pequeñas partes de la producción final, el salario es magro. Pero aun así el balance es positivo, ya que aun cuando pequeños, los ingresos, al masificarse éstos, se fortaleció al mercado interno.

Pero es cada vez más evidente que algo no está funcionando. Más aún al observar que otros países que iniciaron su propio proceso de liberalización y apertura al mismo tiempo que el de México, hoy cuentan con mejores condiciones, tan elevadas que atraen incluso a empresas que se suponía tenían amplio arraigo e inmejorables incentivos y estímulos en nuestro país.

La respuesta a esta interrogante puede residir en que mientras en México ha habido un especial cuidado en mantener la estabilidad de precios y el control de las variables macroeconómicas -aciertos innegables de las estrategias de Hacienda y el Banco de México-, otras naciones han comprendido que una mayor productividad, que significa un mejor aprovechamiento de los recursos y una mejor competitividad, entendida ésta como la capacidad de insertarse ventajosamente en los mercados internacionales, sólo puede lograrse cuando se invierte lo suficiente en renglones que resulta desastroso descuidar: la educación, en tanto que la formación generacional de individuos en el largo plazo, es decir el capital humano del país, el cual de descuidarse, así sea por pocos años, resulta irrecuperable; otro presupuesto ligado a la formación del capital humano: la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que devienen en condiciones indispensables para el impulso a la productividad y en los que es menester invertir en infraestructura y becas y más becas -no electoreras-, y salarios aceptables a los investigadores, son recursos que elevan la eficiencia en la formación del capital humano e incentivan la formación de valor monetario.

En este enfoque, un financiamiento barato a las empresas privadas, pequeñas y medianas, al igual que incentivos a la investigación científica e innovaciones tecnológicas para la industria, resultan esenciales. El gobierno federal está obligado a revisar el marco legal e institucional para reducir cargas administrativas, trámites, corrupción, en fin, a eliminar obstáculos y así inducir el nacimiento y no la extinción de las empresas.

El problema hoy a la vista, según aducen desde el gobierno federal, es la falta de presupuesto público y no de ideas. La realidad es que se han dedicado a buscar con afán desbordado reformas estructurales: energética, fiscal, laboral y de pensiones, que chocan con el muro de la realidad. La nación y la mayoría del pueblo, por las condiciones de deterioro en que se encuentran, no pueden enfrentarlas.

Existe una serie de factores que devienen en mayor incertidumbre política y social. Se torna ya fundamental la transparencia en el ejercicio del gasto y la atención de éste a las materias fundamentales que el colectivo nacional demanda: generación de empleo, mejores salarios, más educación, más salud, más seguridad económica y pública. Sólo así se podrá aspirar a sentar las bases de una nueva relación pueblo-gobierno.