Cuando, en marzo pasado, manos que ya no son tan anónimas hicieron llegar a dos empresas televisivas videos aparentemente incriminatorios de ex funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y de políticos perredistas capitalinos -Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas, apostando en Las Vegas; René Bejarano, ex coordinador de perredistas en la Asamblea Legislativa, y Carlos Imaz, ex delegado en Tlalpan, recibiendo fajos de billetes de Carlos Ahumada-, el gobierno de Vicente Fox y los dirigentes de PAN y PRI se rasgaron las vestiduras por lo que se presentó como pruebas irrefutables de la corrupción imperante en el gobierno de la ciudad y en el PRD. Esos mismos gobernantes y políticos, acompañados por empresarios e informadores destacados, elogiaron los supuestos aportes de los medios electrónicos a la transparencia de las administraciones públicas y descalificaron a quienes, sin desconocer la gravedad de los actos de Ponce, Bejarano e Imaz, sostuvieron la posibilidad de que aquellas videograbaciones hubiesen sido reveladas a la opinión pública en el marco de una conjura para golpear políticamente al Ejecutivo local, Andrés Manuel López Obrador.

Muy pronto hubo datos para corroborar que el complot había existido y que funcionarios de la Procuraduría General de la República, del Cisen -dependiente de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Santiago Creel- y el senador Diego Fernández de Cevallos habían participado, días antes de que estallara el escándalo, en una reunión con el propio Ahumada, autor de los videos, en un hotel capitalino. Posteriormente, la sobrerreacción del gobierno federal a la expulsión de Cuba del prófugo Ahumada -expulsión del representante cubano y virtual ruptura de relaciones con la isla- no hizo más que reforzar la percepción generalizada de que el equipo del presidente Vicente Fox estaba tratando de ocultar su participación en la difusión de los videos, que el grupo en el poder desea evitar a toda costa que López Obrador se convierta en candidato presidencial en 2006 y que para lograrlo no duda en utilizar de manera facciosa las instituciones.

El lunes pasado, en un contexto en el que la ofensiva contra el titular del gobierno capitalino se ha intensificado y ampliado a toda la población de la ciudad, por la vía de un brutal ataque legislativo a las finanzas urbanas, el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, dio a conocer fragmentos de otra conversación entre Ahumada y Bejarano, grabada en video, que hasta ahora no conocía la opinión pública, pero que desde hace varios meses obra en poder de la PGR, y cuyo audio fue depurado por técnicos de la procuraduría capitalina. En la grabación, realizada, al igual que las otras, por el propio empresario de origen argentino, y confiscada en un cateo a sus oficinas, Ahumada hace alarde de su relación con Carlos Salinas y amenaza al ex perredista con "enterar" de algo a ese ex presidente, al secretario de Gobernación, al periódico Reforma y a Televisa en caso de que el gobierno capitalino no acceda a remover a dos funcionarios de la Contraloría local y a pagarle una suma no especificada de dinero.

Las reacciones gubernamentales, panistas, priístas, empresariales y mediáticas, permiten hacerse una idea de la profundidad del golpe recibido. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en marzo pasado, todos esos actores condenan en forma virulenta la difusión del video; los menos incontinentes la califican de "distracción", "cortina de humo" y de intento de ayudar a Bejarano en el proceso de desafuero que enfrenta, en tanto que los más lenguaraces, como Fernández de Cevallos, la catalogan como "trampa", "abuso" y hasta "crimen" de la procuraduría capitalina.

Hay que señalar que, a diferencia de las cintas divulgadas en marzo, los fragmentos de audio dados a conocer el lunes no están manipulados y adulterados por manos anónimas, sino reconstruidos por técnicos y peritos oficiales, tarea que contrasta con la indolencia de la PGR, cuya Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, encabezada por María de los Angeles Fromow, admitió que nunca se tomó la molestia de "limpiar" el audio de la grabación ni de someterla a peritajes. Pero si hace siete meses el foxismo ampliado -panistas y priístas- no cuestionó la autenticidad de los videos de Ahumada ni los motivos para sacarlos a la luz pública, ahora el grupo gobernante descalifica la grabación mostrada por la procuraduría capitalina y afirma que su difusión es una maniobra propagandística del Gobierno del Distrito Federal.

Al margen de esa deplorable doble moral del foxismo, que no hace sino afianzar ante la opinión pública su protagonismo en los ataques mediáticos, judiciales, legislativos y presupuestales contra las autoridades de la capital -mención aparte merecerían las recientes intrusiones ilegales en las líneas telefónicas de diputados y asambleístas del PRD y de funcionarios urbanos-, los fragmentos de video dados a conocer el lunes hacen necesario que los jueces que llevan las causas contra Ahumada, Bejarano y Ponce citen a declarar a Salinas de Gortari y a Creel Miranda para que expliquen su papel en las maquinaciones del empresario corruptor, papel que se documenta pero no se detalla en la conversación referida. Si no se procede así, quedará claro que el actual gobierno oculta y encubre su propia participación en el complot y su alianza con Salinas para destruir a López Obrador. Todavía es tiempo de reconocer esos errores políticos mayúsculos, ofrecer disculpas, rectificar y recuperar el tiempo perdido para el desarrollo nacional. Aún hay margen para disipar la crispación política y garantizar una transición pacífica, democrática y transparente en 2006.