Las comunidades indígenas de México viven hace años una presión enorme contra su vida colectiva. Ocurre en todos los planos: económico, social, político y cultural. Es un alud de agresiones. Algunas son deliberadas y otras son parte de una situación caótica que al enredarse acelera el proceso de destrucción de la vía campesina.

Uno de sus efectos planeados es la expulsión masiva que en el norte, el centro y el sur vacía regiones completas. La coordinadora empresarial más importante del país, en Monterrey, afirma que el campo debe vaciarse. De los 23-25 millones de campesinos que había hace unos trece años, lo ideal es que queden dos-tres millones. Santiago Levy, diseñador de Solidaridad y del Plan Puebla-Panamá, insiste en que los campesinos salgan del campo, se concentren en las urbes o en los medios rurales donde existan grandes proyectos de agroexportación que quedarían en manos de aquellos capitales que sí tienen las condiciones de concentrar grandes propiedades de tierra y nuevas condiciones tecnológicas, para emprender proyectos de producción agroforestal de exportación, hacer grandes usos de agua y recursos, de pesticidas y agroquímicos, y de los mercados que darían empleo a algunos de los habitantes rurales.

Imaginaban un país de maquiladoras que compitieran, con los tigres asiáticos, por el bajo precio de la mano de obra conglomerada en algunos centros y corredores para inundar de mercancías competitivas Estados Unidos y los mercados asiáticos. Se toparon con una recesión brutal en Estados Unidos --algo no planeado--, y con un auge de la super explotación en China que volvió prácticamente imposible competir con las maquiladoras asiáticas.

Sin embargo, el flujo de 30 millones de mexicanos a Estados Unidos le resulta funcional al capitalismo porque migrar ilegalmente los somete a salarios más bajos con lo que, en cascada, se abate el salario de los trabajadores migratorios legales, el de todos los mexicanos, los latinos, los negros y finalmente los obreros blancos.

Eso tiene un límite. Estos descontrolados flujos generan muchos conflictos políticos y muertes. El manejo criminal de la migración, ejercido por grandes mafias que salen del control nacional --como la Mara de la Calle 18 de Guatemala o la Mara Salvatrucha-- va de Tapachula a Ciudad Juárez y alcanza todas las fronteras nacionales, porque los millones de mexicanos que migran son también el canal más natural para que pasen millones de centroamericanos.

Hay grandes capitales que se fortalecen con los flujos de migrantes. No sólo los polleros o los traficantes de blancas, de niños, de órganos, de drogas o armas. Telmex saca una millonada por mover uno de los flujos telefónicos más importantes del planeta. Elektra y otros bancos se hinchan con la tasa del 10 al 15 por ciento sobre el enorme tráfico de dinero procedente de la migración.

Los programas diseñados por el gobierno federal están destinados a destruir la vía campesina. Primero dejaron de apoyar los procesos productivos, los estrangularon. El apoyo se destinó a salud, educación y alimentación, tan sólo parches. Programas como Progresa, de Salinas y Zedillo, y Oportunidades, de Fox, son dolosos. Promueven alimentos que nada tienen que ver con la cultura y la vida campesina. Buscan que el campesino se desacomode del medio rural y dependa más del medio urbano. Los programas de salud van ligados al control de la natalidad. Dar dinero para que los niños del medio rural lleguen a secundaria busca que el campesino deje de serlo, que sólo tenga los ojos puestos en su posible migración a las ciudades o al Norte. Ese es el programa educativo.

Para rematar, la asignación de los recursos no se entrega a las comunidades o a las asambleas comunitarias. Se asigna en lo individual a las personas, genera disputas y desencuentros, propicia la disolución de la vida comunitaria. Quienes administran este dolo orgánico son ex funcionarios del Banco Mundial, convencidos neoliberales de que eso es modernizar México e insertarlo en la globalidad.
 

El proceso de destrucción del medio ambiente y del ámbito duro de las comunidades indígenas mexicanas comenzó cuando Estados Unidos decidió concentrar toda su producción de carne en el sureste de México y en toda Centroamérica. Las selvas tropicales se convirtieron en áreas de expansión de la ganadería, por su alto potencial de agostadero. También llegaron los petroleros a hacer prospección. Esa destrucción se complicó con el desarrollo demográfico de las comunidades, que volvió inviable sus esquemas tradicionales de producción de tumba-roza-quema.

Evidentemente, el caos ambiental generado requería de conservación. Pero el gobierno mexicano, al intercambiar su deuda financiera internacional por naturaleza, dio entrada a las grandes transnacionales del ambientalismo en la administración de las áreas naturales protegidas de México. Son grandes instituciones, con fondos de empresas transnacionales y del usaid, abanderadas del manejo de la biodiversidad como bien privado.

La compleja destrucción ambiental no fue planeada. Resultó de la forma salvaje en que operó la acumulación de capital en la región. Ahora el capital dice tener planes de conservación y sustentabilidad pero en otra lógica, que tampoco fue planeada. Se la impone la propia revolución tecnológica. La ingeniería genética lo lleva a convertir las áreas de alta biodiversidad en bancos de recursos genéticos, porque son materia prima de una nueva tecnología que se posiciona velozmente en todas las áreas de punta de la innovación. No son sólo la farmacéutica o la producción de alimentos sino tecnologías duras como la microelectrónica, en convergencia con tecnologías más sofisticadas como la nanotecnología.

Por estos motivos, los bancos genéticos son un recurso clave que convierte los territorios indígenas en lugares de saqueo de variedades de plantas medicinales, bacterias, hongos, animales, y de los saberes tradicionales, milenarios, de las comunidades.

Así, la tendencia conservacionista frente a un desastre ambiental tan grande entró ciegamente en la dinámica capitalista de controlar recursos que --en esta nueva mirada tecnológica-- resultan más estratégicos que lo que fue el petróleo.

Se sumó otro problema no planeado: el agotamiento del agua, de su acceso.

El agua siempre fue estratégica. Pero era tan abundante que un vaso de agua no se le negaba a nadie. Ahora se vende más caro un litro de agua que uno de gasolina. En otros países se privatizan ríos y en México se busca controlar y privatizar el agua --no sólo los servicios urbanos de abastecimiento de agua potable y manejo de aguas negras. Hoy en los ríos se establecen consejos de cuenca bajo un nuevo marco legal que permite que las dominen grupos empresariales.

Se cambia la Constitución para que los constructores de presas hidroeléctricas se vuelvan operadores de esos volúmenes. Se diseñan programas de desarrollo de un mercado de bonos por captura de bióxido de carbono y agua para los bosques-esponja donde mejor se genera el recurso.

Estos cambios hacen que todos los recursos boscosos, tropicales o fríos, adquieran importancia geopolítica en referencia simultánea a biodiversidad y agua: éstas son la riqueza de las comunidades que (mediante sus saberes tradicionales, culturales) han cuidado, domesticado y recreado esos bosques a lo largo de miles de años en México. Se forma así un denso atole de intereses económicos y geopolíticos que las organizaciones ambientalistas intentan administrar, ingenuamente o con todo dolo, para los intereses de la acumulación de capital.

Entonces, a los campesinos --sobre todo a las comunidades indígenas que cuidan estas áreas naturales-- se les acusa de ser la principal amenaza porque crecen demográficamente; se dice que son plagas que inundan los espacios ecológicos, ignorantes que no tiene conocimiento ni cuidado, que deben ser expulsados de las regiones mientras, curiosamente, se olvidan los procesos de capitalismo salvaje que verdaderamente acabaron o siguen depredando el ambiente.

Nada o poco se dice de los traficantes de madera que deforestaron y aún destruyen lo poco que queda; nada de los ganaderos estadunidenses que promovieron la exportación de ganado en pie y la destrucción de las selvas, nada de los petroleros que las talaron, de la minería que deforesta los bosques de la Sierra Madre. Y nada de la nueva oleada de construcción de represas que hoy amenazan más tierras fértiles y ecosistemas. A la gente se le reprocha. Se exige su expulsión. Al capital se le admira como fuente de "progreso" o, con la cola entre las patas, se le solicita ayuda financiera.

En la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora y Sinaloa, la explotación minera es fuerte. Deforesta y expropia tierras. Su lógica corre hacia Guerrero y Oaxaca y comienza a entrar en Chiapas. En Oaxaca los recursos mineros generan agresiones a las comunidades.

La masacre de Aguafría cerca de Teojomulco, en Textitlán, hace dos años, ocurrió en una región donde existen cuatrocientos millones de toneladas de hierro. El Grupo Acerero del Norte y empresas extranjeras pretenden montar un megaproyecto para sacarlo al Istmo de Tehuantepec. En otras áreas, el conflicto es por el manganeso. En México no hay mucho, pero Estados Unidos no tiene este mineral y lo importa en 100 por ciento: su principal abastecedor es México. No hay mucho, pero apoderarse del que hay suma más mierda a la que ya llueve en las comunidades.

El petróleo siempre es un problema. No hay mucho en la Selva Lacandona --si lo comparamos con el de Tabasco, con el gas de la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, o con los gigantescos yacimientos de petróleo y gas del Golfo de México-- pero es suficiente para deforestar, para que se asienten ahí intereses petroleros medianos o pequeños que destruyen y desplazan a la gente.

La presión por el gas y el petróleo del Golfo se extiende a Veracruz. Ahí está Chicontepec, en la Huasteca, la reactivación de proyectos medianos o pequeños que tienen de cabeza a las comunidades de la región, los proyectos del centro de Veracruz, no muy lejos del puerto, que generan conflictos. Pemex tiene un departamento dedicado a la atención de conflictos con comunidades, para negociar y tranquilizarlas, porque sigue en muchas regiones la prospección, las explosiones en el suelo y la destrucción de viviendas, lo que trastoca la vida regional. Lo que haga en el mar afectará a todos los pescadores del Golfo de México. Ya ocurrió en Tabasco: las aguas se contaminaron con sustancias petroquímicas que abatieron la pesca.

Pese a la conocida corrupción nacional de Pemex, lo curioso es que presenten este saqueo como un interés por el desarrollo de las comunidades, por la conservación de medio ambiente, biodiversidad y agua.

Sin hacer una crítica real de esta dinámica expropiadora de recursos, los nuevos gestores del medio ambiente montan la historia del pago por servicios ambientales, que sería la tercera generación de subsidios rurales.

El subsidio a la producción fue sustituido por subsidios a la reproducción de las personas (Progresa y Oportunidades). Ahora, la tercera generación de subsidios se dirige a la reproducción del medio ambiente: el pago por servicios ambientales. "Tú tienes un bosque con una capacidad de captura de bióxido de carbono, te pagamos $300 pesos por hectárea. Si el bosque tiene capacidad de captura de agua, te pagamos $400 pesos por hectárea".

Parece un nuevo tipo de apoyo a la vida campesina, pero el recibirlo implica un contrato que las comunidades firman con el Estado, comprometiéndose a no tocar sus bosques.

En Sudamérica estos contratos ya cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Hoy, cuando la comunidad no responde cabalmente, no recibe pago alguno. Pero se perfila que si la comunidad quiebra un contrato, quienes adquirieron bonos por servicios ambientales en el mercado internacional pueden expropiar sus tierras.

Los subsidios a la producción fomentaban la vinculación de la comunidad con la naturaleza, por la propiedad ejidal o comunitaria de la tierra. Con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, y al quitar este subsidio para otorgarlo sólo a la reproducción, se apuntaló la proletarización de la mano de obra campesina o la escisión del sujeto de sus condiciones naturales de existencia. "Te apoyo para que te reproduzcas pero no fortalezco tu vinculación con la tierra. Sobrevive, mientras te organizo la vida para que emigres como mano de obra desplazada y precarizada."

Si esta segunda generación de subsidios rurales fue para descampesinizar, pareciera que la tercera es para apropiarse de una parte crucial del objeto privatizando bosques y aguas. Aunque los subsidios que aplica la Comisión Nacional Forestal (Conafor) parezcan un programa inocuo, su lógica es perversa vista de conjunto y a largo plazo.

El primer problema es llamarle servicios ambientales a infinidad de cosas que ya se hacían y a lo que nunca se había hecho. Van años que hay comunidades que viven de proyectos turísticos porque tienen un manantial y ponen un balneario: ecoturismo, una actividad completamente legítima, que hoy llaman servicio ambiental. Hay acuerdos en que una comunidad con agua, por cuidar su bosque, le pide a las demás comunidades que le apoyen con una especie de pago intercomunitario no mercantil. Un reconocimiento intercomunitario solidario. Hoy, al llamarle pago por servicios ambientales lo confunden con otros esquemas de privatización del agua, encaminados a su monopolio.

Además de confundir entre lo que era inocuo y favorable a la vida comunitaria, y lo que intenta privatizar sus recursos, le llaman servicio ambiental a las actividades de biopiratería, porque las disfrazan de ecoturismo: que lleguen a las comunidades investigadores extranjeros y tomen variedades y saberes, se los lleven y los patenten.

Con ese uso tan laxo le pueden llamar servicio ambiental a cualquier cosa, tornando muy problemática su crítica. La agresión se envuelve muy bien, se acoraza y autolegitima en la confusión, y en el camino privatiza la biodiversidad y el agua.

Esta confusión ideológica inunda la cabeza de quienes llevan décadas peleando por los campesinos y ahora hay quien cree que los servicios ambientales, sin más, podrían ser una solución y un apoyo a la vía campesina, sin mirar la película completa.

La apuesta histórica de las comunidades por producir madera o café, las puso a merced de los grandes mercados, con sus auges y crisis de producción y sobreproducción. Y fue la ruina de las comunidades cuando las transnacionales inundaron de café los mercados internacionales, deprimieron su precio y quebraron a todos los cafetaleros de México, Centroamérica, Colombia y Brasil. Algo parecido pasa con la madera, cuando favorecida por los mercados nacionales lleva a que las comunidades agoten la capacidad de sus bosques, hasta volverlos inviables.

Siguiendo la lógica ciega e implacable de estos mercados hubo comunidades que renunciaron paulatinamente a cultivar maíz, perdiendo sus semillas originales y sus antiguos ecosistemas de producción doméstica diversificada, compleja y enfocada a la subsistencia --y ya no tienen para dónde hacerse.

Entretanto, la contaminación con maíz transgénico fue dolosamente introducida por empresarios dedicados al consumo masivo de maíz, o para producir maltas industriales, y fue abiertamente alentada por el secretario de Agricultura. Siguiendo los vientos, la polinización y la introducción sospechosa a través de los centros de distribución de Diconsa, ese maíz se regó por el campo mexicano generando problemas que no sabemos dónde van a parar.

Por todos lados, las comunidades viven una guerra que les declaró el capital. Parece que no tendrá fin hasta que los campesinos terminen concentrados en las ciudades en calidad de proletarios o muertos, o hasta que ocurra una enérgica sublevación de los pueblos.