Autorizó permiso para uso de explosivos a la Minera San Xavier

Acusan a la Sedena de desacatar resolución de un juzgado de SLP

GEORGINA SALDIERNA

Al otorgar a la compañía Minera San Xavier un permiso para uso de explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desacata e incumple la resolución que dictaminó el juzgado segundo de distrito, con sede en San Luis Potosí, la cual impide realizar cualquier obra en el municipio de San Pedro, conurbado a la capital del estado, donde esta empresa pretende extraer oro mediante el uso de arsénico y cianuro.

Al señalar lo anterior, representantes de organizaciones sociales destacaron el peligro de utilizar esos dos elementos en un lugar donde se encuentran mantos freáticos que abastecen de agua a la capital estatal.

Miguel Angel Montoya, Ivette Lacaba, Carlos Covarrubias, Mario Martínez y Ana María Alvarado, representantes del Frente Amplio Opositor, de Pro San Luis Potosí Ecológico y de la organización de ejidatarios afectados con el proyecto, informaron que desde 1996 se iniciaron los preparativos para la apertura de la minera, pero debido a sus efectos negativos se dio un fuerte rechazo al proyecto.

Entre las consecuencias negativas del plan, afirmaron, está la contaminación de los mantos acuíferos; el aceleramiento del proceso de extinción en que se encuentran cinco especies animales; la demolición del cerro de San Pedro -cuya imagen se utiliza en el escudo de armas del estado-; desplazamiento de cientos de habitantes de la zona, y el despojo de los ejidatarios propietarios de esas tierras.

Los representantes comenzaron una lucha jurídica para impedir la instalación de la compañía de capital canadiense, a la cual han ido ganando diferentes procesos legales. Sin embargo, aseveran que por presiones del presidente Vicente Fox y del gobernador Marcelo de los Santos -ambos panistas-, la Sedena desacató el pasado jueves un resolutivo del juzgado segundo de distrito, con sede en San Luis Potosí, que impide cualquier obra en el cerro de San Pedro.

Según el dictamen emitido el 10 de agosto pasado, el juez decretó la suspensión de los actos reclamados con el fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea desposeído el ejido quejoso de la superficie de 290 hectáreas por la autorización del permiso para compra y uso de explosivos en estas tierras. Los representantes consideraron que mientras a algunos gobernantes se les pretende juzgar por acciones que no cometieron, el secretario de la Defensa Nacional no ha recibido ninguna sanción por autorizar el permiso.