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México D.F. Domingo 17 de octubre de 2004

La Suprema Corte de Bolivia admite ampliación de acusaciones al ex presidente

Ataques a la prensa, otro de los cargos que enfrentará Sánchez de Lozada

La memoria sigue viva a un año de la insurrección popular que lo orilló a renunciar

LUIS A. GOMEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA

El Alto, 16 de octubre. Cuando el viernes 8 de octubre pasado los alteños recordaron el inicio del paro que derrocaría al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, nadie esperaba mucho de las acciones del Estado para enjuiciarlo por las más de 60 muertes que ordenó en 2003. Los vecinos de Villa Ingenio, donde fueron asesinadas 16 personas el domingo 12 de octubre del año pasado, organizaron de todos modos una procesión para recordar a sus muertos: munidos con pequeñas cruces de madera, los familiares de los caídos recorrieron el calvario de su dolor para reavivar la memoria de lo ocurrido; en cada sitio donde cayó alguno se detuvieron para contar su historia y las circunstancias de su deceso. Ya entrada la noche, en diversos puntos de la ciudad se encendieron fogatas y hubo vigilias.

El lunes pasado, 11 de octubre, los familiares de los ya conocidos como "mártires caídos en defensa del gas" exhumaron los cuerpos para depositarlos en dos mausoleos construidos para honrarlos. Yendo inclusive contra su cultura, que prefiere dejar a los muertos enterrar a los muertos y al cobijo de la madre tierra, los aymaras urbanos mostraron a los medios los cadáveres descompuestos de hombres, mujeres y niños.

"No queremos que nos sigan olvidando, que nuestros muertos sirvan de ejemplo y de prueba para enjuiciar a Goni (Sánchez de Lozada) y a sus ministros. Queremos que se haga justicia y ese asesino vaya a la cárcel", comentó ese día Néstor Salinas, dirigente de la asociación que agrupa a los deudos de los fallecidos.

Salinas, de 33 años, acompañó todas las exhumaciones, como la de su hermano menor, a quien fue practicada una necropsia con miras a acumular pruebas. También, el martes 12 fueron exhumados 22 cuerpos en el cementerio de Villa Ingenio, se realizó otra necropsia y un mitin para seguir exigiendo justicia.

Fue bajo el olor de la muerte y la presión social generalizada que el miércoles pasado el Congreso Nacional decidió la autorización del juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada. Afuera, cercados por un centenar de policías, los familiares de las víctimas, los heridos y los mutilados esperaron más de 13 horas por el resultado. Adentro, pasada la medianoche, los dirigentes de las asociaciones de familiares y heridos vieron cómo se conseguían los votos necesarios. "¡Sí se puede! ¡Goni a Chonchoro! [penal de máxima seguridad]", era el grito de los familiares al conocer la noticia en las calles del centro de La Paz.

Decretos para matar y robar

El año pasado, horas antes de iniciarse las masacres de octubre en El Alto, durante la insurrección conocida como la Guerra del Gas, Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete en pleno expidieron el decreto supremo 27209, de "Emergencia Nacional", para asegurar con apoyo militar el surtido de gasolina y combustibles a la ciudad de La Paz. El artículo tercero de dicha norma aseguraba que "cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir", en cumplimiento del objeto del decreto, su resarcimiento sería "garantizado por el Estado boliviano". De acuerdo con el abogado Rogelio Mayta, coordinador jurídico del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades al ex Presidente, "ese decreto es una prueba angular en el juicio, porque demuestra que las masacres fueron legalizadas por Sánchez de Lozada".

Pero eso no es todo, porque el entonces gobernante, a unas horas de poner su renuncia a consideración del Poder Legislativo, el 17 de octubre de 2003, emitió un nuevo decreto por el que hizo uso discrecional de un enorme monto de dinero de los llamados "fondos revervados". Además, amplió ilegalmente el monto del Presupuesto General de la Nación en más de mil 800 millones de bolivianos (225 millones de dólares al cambio actual), "que fueron utilizados en esos días para supuestas consultorías y como gastos reservados", explica Mayta, "utilizados para la represión y como el colchón económico para asegurar su fuga".

Ayer, la Corte Suprema de la Nación admitió una ampliación en el pliego acusatorio contra el ex presidente, en la que dispuso que la investigación se dirija a todos estos delitos. "Además de genocidio, queremos que se juzgue a Sánchez de Lozada por los otros delitos que cometió: conducta antieconómica, malversación de fondos, resoluciones contrarias a la Constitución y atentados contra la libertad de prensa", amplía Rogelio Mayta, quien junto al presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, fue el autor de la solicitud presentada por el fiscal general de la república ante el máximo tribunal boliviano.

Sin embargo, y pese a todas las voluntades políticas conjuradas para llevar adelante el proceso, Mayta también señala que la legislación vigente no provee procedimientos definidos para juzgar a Sánchez de Lozada y sus ministros, por lo que es posible encontrar nuevas trabas en el camino.

En un comunicado distribuido ayer a diversos medios de comunicación, Sánchez de Lozada observó los últimos acontecimientos, en particular negó los ilícitos económicos en que habría incurrido su gobierno. Calificó de infamias las acusaciones en su contra y aseguró que el juicio no sería imparcial, pero también anunció: "Aun así, acudiré a ésta y a todas las instancias que sean necesarias para exigir el derecho de los bolivianos y de la historia a la más amplia, imparcial y exhaustiva investigación".

En ese nuevo escenario, y pese a la autorización congresal, la realización del juicio al ex presidente sigue entonces pendiente, por lo que las víctimas del año pasado han anunciado una gran campaña de información a la sociedad civil, "para que la presión social no disminuya y los culpables sean castigados".

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