.. | México D.F. Domingo 17 de octubre de 2004
La Suprema Corte de Bolivia admite ampliación
de acusaciones al ex presidente
Ataques a la prensa, otro de los cargos que enfrentará
Sánchez de Lozada
La memoria sigue viva a un año de la insurrección
popular que lo orilló a renunciar
LUIS A. GOMEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA
El Alto, 16 de octubre. Cuando el viernes 8 de
octubre pasado los alteños recordaron el inicio del paro que derrocaría
al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, nadie esperaba mucho
de las acciones del Estado para enjuiciarlo por las más de 60 muertes
que ordenó en 2003. Los vecinos de Villa Ingenio, donde fueron asesinadas
16 personas el domingo 12 de octubre del año pasado, organizaron
de todos modos una procesión para recordar a sus muertos: munidos
con pequeñas cruces de madera, los familiares de los caídos
recorrieron el calvario de su dolor para reavivar la memoria de lo ocurrido;
en cada sitio donde cayó alguno se detuvieron para contar su historia
y las circunstancias de su deceso. Ya entrada la noche, en diversos puntos
de la ciudad se encendieron fogatas y hubo vigilias.
El
lunes pasado, 11 de octubre, los familiares de los ya conocidos como "mártires
caídos en defensa del gas" exhumaron los cuerpos para depositarlos
en dos mausoleos construidos para honrarlos. Yendo inclusive contra su
cultura, que prefiere dejar a los muertos enterrar a los muertos y al cobijo
de la madre tierra, los aymaras urbanos mostraron a los medios los cadáveres
descompuestos de hombres, mujeres y niños.
"No queremos que nos sigan olvidando, que nuestros muertos
sirvan de ejemplo y de prueba para enjuiciar a Goni (Sánchez
de Lozada) y a sus ministros. Queremos que se haga justicia y ese asesino
vaya a la cárcel", comentó ese día Néstor Salinas,
dirigente de la asociación que agrupa a los deudos de los fallecidos.
Salinas, de 33 años, acompañó todas
las exhumaciones, como la de su hermano menor, a quien fue practicada una
necropsia con miras a acumular pruebas. También, el martes 12 fueron
exhumados 22 cuerpos en el cementerio de Villa Ingenio, se realizó
otra necropsia y un mitin para seguir exigiendo justicia.
Fue bajo el olor de la muerte y la presión social
generalizada que el miércoles pasado el Congreso Nacional decidió
la autorización del juicio de responsabilidades a Sánchez
de Lozada. Afuera, cercados por un centenar de policías, los familiares
de las víctimas, los heridos y los mutilados esperaron más
de 13 horas por el resultado. Adentro, pasada la medianoche, los dirigentes
de las asociaciones de familiares y heridos vieron cómo se conseguían
los votos necesarios. "¡Sí se puede! ¡Goni a
Chonchoro! [penal de máxima seguridad]", era el grito de los familiares
al conocer la noticia en las calles del centro de La Paz.
Decretos para matar y robar
El año pasado, horas antes de iniciarse las masacres
de octubre en El Alto, durante la insurrección conocida como la
Guerra del Gas, Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete en pleno
expidieron el decreto supremo 27209, de "Emergencia Nacional", para asegurar
con apoyo militar el surtido de gasolina y combustibles a la ciudad de
La Paz. El artículo tercero de dicha norma aseguraba que "cualquier
daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir", en cumplimiento
del objeto del decreto, su resarcimiento sería "garantizado por
el Estado boliviano". De acuerdo con el abogado Rogelio Mayta, coordinador
jurídico del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades
al ex Presidente, "ese decreto es una prueba angular en el juicio, porque
demuestra que las masacres fueron legalizadas por Sánchez
de Lozada".
Pero eso no es todo, porque el entonces gobernante, a
unas horas de poner su renuncia a consideración del Poder Legislativo,
el 17 de octubre de 2003, emitió un nuevo decreto por el que hizo
uso discrecional de un enorme monto de dinero de los llamados "fondos revervados".
Además, amplió ilegalmente el monto del Presupuesto General
de la Nación en más de mil 800 millones de bolivianos (225
millones de dólares al cambio actual), "que fueron utilizados en
esos días para supuestas consultorías y como gastos reservados",
explica Mayta, "utilizados para la represión y como el colchón
económico para asegurar su fuga".
Ayer, la Corte Suprema de la Nación admitió
una ampliación en el pliego acusatorio contra el ex presidente,
en la que dispuso que la investigación se dirija a todos estos delitos.
"Además de genocidio, queremos que se juzgue a Sánchez de
Lozada por los otros delitos que cometió: conducta antieconómica,
malversación de fondos, resoluciones contrarias a la Constitución
y atentados contra la libertad de prensa", amplía Rogelio Mayta,
quien junto al presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos,
Sacha Llorenti, fue el autor de la solicitud presentada por el fiscal general
de la república ante el máximo tribunal boliviano.
Sin embargo, y pese a todas las voluntades políticas
conjuradas para llevar adelante el proceso, Mayta también señala
que la legislación vigente no provee procedimientos definidos para
juzgar a Sánchez de Lozada y sus ministros, por lo que es posible
encontrar nuevas trabas en el camino.
En un comunicado distribuido ayer a diversos medios de
comunicación, Sánchez de Lozada observó los últimos
acontecimientos, en particular negó los ilícitos económicos
en que habría incurrido su gobierno. Calificó de infamias
las acusaciones en su contra y aseguró que el juicio no sería
imparcial, pero también anunció: "Aun así, acudiré
a ésta y a todas las instancias que sean necesarias para exigir
el derecho de los bolivianos y de la historia a la más amplia, imparcial
y exhaustiva investigación".
En ese nuevo escenario, y pese a la autorización
congresal, la realización del juicio al ex presidente sigue entonces
pendiente, por lo que las víctimas del año pasado han anunciado
una gran campaña de información a la sociedad civil, "para
que la presión social no disminuya y los culpables sean castigados".
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