Néstor de Buen

No pienso, luego voto

He tenido oportunidad de leer el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados en el que se hacen valer las razones por las cuales debe reformarse el artículo 122 constitucional, agregando una base sexta al apartado C, en la que simple y sencillamente se diría que: "el Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas (sic) en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria".

Aparte de la redacción precaria, salvo que la transcripción hecha por las comisiones unidas haya cometido el error (Ƒno debería decir "en la misma proporción"?), la disposición es una verdadera majadería.

En el documento de referencia se justifica la aprobación del texto alegando que satisface el principio de igualdad; que el Distrito Federal tiene enormes privilegios en el gasto, sin igual en el resto del país; que no contribuye al gasto educativo básico sino con cargo a recursos federales; que la contribución que se le fija habrá de deducirse de sus participaciones en los impuestos federales para destinarla a los estados; que se intenta cumplir la fracción séptima del artículo tercero constitucional, que obliga al Estado a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios; que el artículo 16 de la Ley de General de Educación obliga al DF a financiar el gasto educativo, lo que se subordinó a acuerdos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 dice que se terminará el proceso de la federalización con la transferencia al DF del gasto de la educación básica, y que, por último, no debe haber en el federalismo tratos de excepción. De paso ofrecen su mordidita a los estados para conseguir el voto.

Esos argumentos no tienen peso alguno. En primer lugar porque el DF no es un estado, a lo que hay que agregar que soporta la presencia del gobierno federal y sus múltiples dependencias, las que provocan problemas infinitos que ahorro detallar por evidentes, con un costo notable: vialidades, transportes, servicios, suministros y los etcétera que quieran. Pero, además, porque el DF genera la mayor parte de los ingresos fiscales del gobierno federal.

A eso habría que agregar algunas cositas más: a diferencia de los estados, que tienen sus propios órganos legislativos con competencias exclusivas, en el DF domina el Congreso de la Unión sobre las mínimas facultades de la Asamblea Legislativa (ALDF). Y lo que es más grave, en las reformas constitucionales (artículo 135 constitucional) los estados pueden votar y el DF no. No obstante, formalmente, se considera al DF como una entidad federativa.

La invocación de la equidad (forma disminuida de la igualdad) no es lógica entre desiguales. Pese a que el jefe de Gobierno es elegido en votación democrática, el DF no cuenta con la soberanía de los estados.

La invocación de la fracción octava del artículo tercero constitucional no tiene fundamento alguno por la razón elemental de que el DF no es ni la Federación ni un estado ni un municipio, que son las entidades a que se refiere dicha fracción.

Por último, aunque no sería todo, el misterioso Programa Nacional de Educación 2001-2006 no tiene mayor jerarquía que la Ley General de Educación, en la que se establece que el DF no tiene que contribuir al gasto educativo.

Se ha hecho un escándalo por la forma llamativa en que los miembros perredistas de la ALDF irrumpieron en las labores de los diputados. Olvidando que gozan de fuero, el presidente priísta de la Cámara amenazó con su consignación. Pero no pasó nada más allá de su evidente coraje, situación que se repitió al día siguiente con motivo de otra intervención parecida, en el caso, de los diputados del PRD. En cambio, constituye una evidente violación de la ley el espionaje telefónico tan parecido al espionaje televisivo de que disfrutamos en tiempos recientes por cuenta, aparentemente, del señor Ahumada. No hace falta ser muy perspicaz para adivinar que esa conducta vergonzante fue decidida en las altas esferas del gobierno donde la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador está causando angustias y rencores de quienes, a partir de una carencia absoluta de apoyo popular, aspiran a suceder al presidente Vicente Fox.

Lo que no tiene nombre es esa alianza descubierta entre el PRI y el PAN, que tratan de unir sus desprestigios evidentes para lograr un resultado electoral favorable. Entre complots, acusaciones tendientes a lograr el desafuero de López Obrador y, ahora, complicidades legislativas, lo único que se demuestra es el miedo de ambos partidos al posible resultado electoral favorable al jefe de Gobierno. Pero lo más notable y relevante es el olvido de posiciones políticas que allá en el pasado tuvieron sentido social. Hoy es lucha, simple y llana por el poder. Y honestamente, ni el PRI ni el PAN lo merecen. El primero en sus 71 años de gobierno y el segundo en casi cuatro muy relativos han demostrado con creces que no justifican ese poder por el que luchan de manera tan desaseada.

La previsible votación de 2006 pondrá de manifiesto ese rotundo desprestigio. Pero lo malo es que el país resiente cada vez más sus desvergüenzas. ƑHasta cuándo?