La indiferencia impidió resistir la modificación, admiten

En los hechos, la reforma al 122 no afectará los privilegios del SNTE

LAURA POY SOLANO

A pesar de que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para reformar el artículo 122 constitucional eliminó la disposición para que el Gobierno del Distrito Federal reconociera al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como representante de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales de los trabajadores de la educación en la capital del país, "en los hechos no representa un cambio sustancial, pues el gremio magisterial conserva todos sus privilegios al formar parte de las negociaciones para concretar la descentralización educativa".

Marcelino Guerra, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señaló que tras reconocer al SNTE como "interlocutor válido en las negociaciones sobre la descentralización", la Secretaría de Educación Pública (SEP) "confirma en los hechos que el sindicato es una pieza clave para sacar adelante esta iniciativa".

Especialista en el análisis de políticas y reformas educativas, consideró que la eliminación de esta disposición en el dictamen de reforma al artículo 122 constitucional sólo es "una maniobra política", que si bien desecha en el papel "una obligación inconstitucional, en la práctica fortalece al sindicato al otorgarle un reconocimiento como interlocutor indispensable en las negociaciones".

Cabe señalar que en la respuesta al gobierno capitalino enviada por la SEP el pasado 15 de octubre, afirma que el proceso de descentralización deberá acordarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación, la cual señala en su artículo cuarto transitorio que: "El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial en el propio distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical".

Guerra señaló que a diferencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en mayo de 1992, con el que el gobierno federal concretó "la descentralización de la burocracia educativa, la transferencia de los servicios educativos al Distrito Federal obedece a intereses políticos, pues tanto el SNTE como el gobierno federal y el capitalino ignoraron la elaboración de un programa de descentralización que responda a los retos y necesidades de la educación en la capital del país".

Hasta el momento, aseguró, "nadie parece interesado en el sistema educativo del Distrito Federal, pues ni las autoridades federales o locales, mucho menos sindicales, abrieron el debate sobre la pertinencia o no de llevar a cabo este proceso y cuáles serán los beneficios que represente para la educación".

Indicó que ante la "indiferencia" de los trabajadores de la educación de las secciones 9, 10 y 11 del SNTE para oponerse a esta reforma, "no existió ningún obstáculo para que el gobierno federal y el gremio magisterial echaran a andar este proceso que generará serias consecuencias tanto para el Gobierno del Distrito Federal como para los docentes y personal administrativo, quienes podrían enfrentar condiciones laborales críticas ante el recorte de los recursos públicos destinados a la educación".