Mantiene alerta roja ante el riesgo de fuga de reos

Difícil, erradicar la corrupción en los penales, admite la SSP federal

GUSTAVO CASTILLO

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal se mantiene en alerta roja en todos los penales federales del país, y aunque esto lleva varias semanas no existe una fecha para que se termine, en tanto persisten los riesgos de que grupos de internos formen bandas, o pueda ocurrir una fuga, señalaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información obtenida, la dependencia que dirige Ramón Martín Huerta ha redoblado la vigilancia tanto al interior como al exterior de los penales, y además ha incrementado las medidas de seguridad para el acceso de personas y objetos o alimentos a los penales de La Palma, en Almoloya de Juárez, estado de México; Puente Grande, en Jalisco, y en el de Matamoros, Tamaulipas.

La llamada alerta roja obedece, según explicaron, a que se ha detectado que el poder corruptor de los internos permea no sólo a los custodios, sino a trabajadores administrativos y de cocina, en el ingreso de medicamentos y otras sustancias en los dormitorios.

El pasado 12 de octubre, el propio secretario Ramón Martín Huerta reconoció que el arma con la que fue asesinado el interno Miguel Angel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, fue intruducida al penal de La Palma por uno de los proveedores.

De acuerdo con las fuentes consultadas, ahora no sólo se requiere la plena identificación de quienes acuden como representantes de las empresas proveedoras a los penales de máxima seguridad, sino que además todos los objetos y alimentos que ingresan son plenamente revisados para evitar que se introduzcan armas u otros objetos que puedan servir para una fuga o cometer algún ilícito.

Traslado de internos

Cabe mencionar que el pasado 12 de octubre fueron trasladados de La Palma a Puente Grande 45 reos, entre ellos Mario Aburto Martínez, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio, y Daniel Aguilar Treviño, victimario de José Francisco Ruiz Massieu.

Este traslado fue considerado como un acto para "despresurizar La Palma ante un posible asalto a las instalaciones por parte de sicarios de los cárteles del Golfo y de Tijuana", pero, según indicaron funcionarios consultados, los mayores problemas que enfrenta la SSP federal para disminuir los riesgos de corrupción derivan del hecho de que al menos 60 por ciento de los internos se encuentra sujeto a proceso penal, esto es, que están bajo la custodia del juez que lleva su causa y no a cargo de la autoridad administrativa, situación por la cual reclusos como Rafael y Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén no pueden ser trasladados a otra institución de alta seguridad.