Este viernes acudirán a la procuraduría capitalina y la próxima semana a la CDHDF

Diputados del PRD presentarán hoy denuncia penal por espionaje telefónico

"Todo apunta" a que el responsable es el secretario de Gobernación: Alejandra Barrales

SUSANA GONZALEZ, GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa anunció que este viernes interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), contra quien resulte responsable del espionaje telefónico del que fueron objeto los diputados locales Alejandra Barrales Magdaleno y Carlos Reyes Gámiz.

Además, la próxima semana presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por la "violación a los derechos civiles y políticos" de dichos legisladores.

Al respecto, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, manifestó que la PGJDF tendrá que analizar si le compete investigar dicho delito, porque está tipificado tanto en el Código Penal local como en el federal. "Tenemos en el Código Penal para el Distrito Federal un delito por intervenir comunicaciones de carácter privado, pero también hay un delito federal cuando se trata de líneas telefónicas con autorización federal, sin permiso de una autoridad judicial. Entonces, analizaremos para ver si nos corresponde, y si no lo enviaremos a la Procuraduría General de la República (PGR)", manifestó Bátiz al salir de la reunión matutina del gabinete de gobierno y seguridad pública.

El funcionario dijo haberse enterado de la intención de los legisladores perredistas de presentar una denuncia, pero aseguró que no ha tenido comunicación con ellos, y en tono de broma, agregó: "y si me ha hablado algún diputado, ya saldrá por ahí alguna grabación".

Los integrantes de las tres corrientes del PRD representadas en la ALDF: Unidad y Renovación (Unyr), Izquierda Democrática (CID) y Nueva Izquierda (NI), acordaron llevar a cabo un plan de defensa derivado de la filtración de tres grabaciones telefónicas con las que se pretende demostrar que los diputados locales recibieron línea del gobierno capitalino en la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, la semana pasada, para impedir las reformas al artículo 122 constitucional. "Hay que ponerle rostro y nombre a quien hizo estas filtraciones con la evidente intención de distraer la atención" sobre la reforma, dijo en entrevista Alejandra Barrales, al salir de la reunión que tuvieron ayer legisladores de la CID en un restaurante del centro, donde tomaron el acuerdo mencionado.

Puntualizó que corresponde a la PGJDF hacer las investigaciones que permitan definir claramente quién o quiénes son los responsables del espionaje, pero señaló: "En nuestro caso podemos decir que todo apunta a Santiago Creel, secretario de Gobernación; entonces, lo que requerimos es que se investigue y se confirme o no". En los mismos términos se manifestó el coordinador de la fracción del PRD en la ALDF y líder de Unyr, Carlos Reyes, al subrayar que "se están atropellando los derechos civiles y políticos, lo cual es muy grave".

A su vez, el procurador capitalino explicó que la PGJDF sí tiene posibilidad de intervenir llamadas telefónicas privadas, pero esas tareas las lleva a cabo sólo con autorización de un juez. Respecto del reciente "uso indebido" de grabaciones de conversaciones privadas, aseveró: "No es el modo de hacer política ni de investigar, excepto cuando se trate de algún crimen, de un secuestro, donde se obtienen autorizaciones" judiciales.