Desde hace cinco años un grupo de trabajadores pretende afiliarse a ASPA

La Corte resolverá hoy quién es titular del contrato de los pilotos de Aviacsa

La asociación señala que la empresa prefiere un sindicato blanco para ahorrarse gastos

FABIOLA MARTINEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy en torno al juicio de titularidad del contrato colectivo de los pilotos de la aerolínea Aviacsa, promovido por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). El fallo del máximo tribunal del país resultará fundamental para futuros casos de este tipo y, en particular, marcará el destino de los sindicatos profesionales.

Después de la SCJN no existe otra instancia a la que las partes puedan recurrir. Con la resolución de la segunda sala de la SCJN se dará por concluido el litigio, que se inició hace casi cinco años, cuando un grupo de pilotos buscó afiliarse a ASPA, organización que mantiene la titularidad del contrato colectivo en las principales aerolíneas del país.

Como en otros casos en los que se exige el respeto a la libertad sindical, éste ha tenido que recorrer también todas las instancias de la justicia federal, desde la Junta de Conciliación y Arbitraje (JFCA) hasta la Corte.

El saldo hasta el momento es de 39 pilotos despedidos (de una plantilla aproximada de 130 al inicio del conflicto); todos recibieron esa sanción por manifestar abiertamente su deseo de cambiar de representación sindical. La lista de irregularidades, que derivaron en golpes, demandas, amenazas y despidos, se inició cuando después de engorrosos trámites la JFCA ordenó el recuento, en el que los pilotos determinaron con su voto la agrupación de su preferencia.

Al final del proceso, ya con la votación en favor de ASPA, un supuesto grupo de "seguridad" robó las urnas en presencia del enviado de la JFCA. El entonces presidente del tribunal, Virgilio Mena, ordenó la reposición del recuento.

Al tiempo que los pilotos denunciaron una campaña de intimidación en Aviacsa, que incluyó "la firma obligatoria" de afiliación al STIAS y una demanda de la empresa demandó a ASPA por 70 millones de dólares,por un supuesto daño moral (proceso que finalmente perdió), la JFCA fijó una nueva fecha de recuento (1º de abril de 2002) en el que, una vez más, un grupo de hombres ajenos al proceso entró a las instalaciones del propio tribunal laboral, donde se había celebrado el recuento, y frente a la autoridad golpeó a varios pilotos y a sus abogados.

Al final, la JFCA reconoció la mayoría para ASPA, pero el STIAS recurrió al amparo, garantía que fue otorgada por el sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, con el argumento de que la eventual división del contrato colectivo afectaría la libertad sindical del resto de los trabajadores de la aerolínea. Por ello ASPA solicitó a la SCJN la revisión directa del amparo, al presumir una violación constitucional.

La resolución de la Corte determinará si los sindicatos profesionales pueden o no detentar la titularidad del contrato colectivo de un gremio en particular, cuando éste pertenezca a un sindicato de industria, como ha ocurrido hasta ahora en varias diligencias emprendidas por ASPA.

Esta organización argumenta que es necesario un contrato colectivo particular para los pilotos de Aviacsa, aunque reconoce que esta empresa "no quiere gastar recursos en seguridad y prefiere un sindicato blanco. Existen claros intereses para que no avance el sindicalismo democrático en el sector aéreo". Al respecto, se buscó la postura de la dirección de Aviacsa. Sin embargo, hasta anoche no había respuesta para este diario.

El STIAS es controlado por el abogado Ramón Gámez, calificado por la Unión Nacional de Trabajadores de "el rey de los contratos de protección", a quien se atribuye la propiedad de más de 3 mil contratos de ese tipo, es decir, en los cuales los empleados desconocen siquiera quién los representa. Se sabe que mantiene el control en empresas como McDonalds, Cinemex, maquiladoras, agencias aduanales y centros comerciales. Para el litigio en referencia ha contratado los servicios de Ignacio Burgoa Orihuela, abogado constitucionalista.