Esa práctica "tan burda" atenta contra la actividad política: líder nacional del PRI

Condenan partidos, legisladores y la Iglesia católica el espionaje telefónico

Niega Creel que el Cisen esté detrás de la grabación de conversaciones entre perredistas

Las dirigencias nacionales de PRI y PAN, senadores, diputados y la Iglesia católica condenaron el espionaje telefónico perpetrado contra funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y diputados del PRD, en tanto que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Santiago Creel Miranda, negó que en esa operación de espionaje político haya intervenido el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), que depende de la instancia a su cargo.

En el Senado de la República, el coordinador de los legisladores perredistas, Jesús Ortega, afirmó que se viola la Constitución con ese espionaje político, además de que se da "una interpretación tendenciosa a esa grabación, que no prueba nada", como que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, haya participado en un supuesto plan para tomar la tribuna de la Cámara de Diputados.

La dirigencia nacional del PAN también reprobó las grabaciones telefónicas y pidió que se haga una investigación sobre los hechos y rechazó que se responsabilice de ese ilícito a la Segob. Demandó además que se investigue "la confabulación" de un grupo de perredistas y funcionarios de la ciudad para "minar las instituciones del país".

El presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, reconoció que es ilegal grabar conversaciones telefónicas privadas sin conocimiento de las partes, aunque recalcó que "las grabaciones hablan por sí mismas, y salvo que las conversaciones sean desmentidas, se advierte un comportamiento absolutamente ilegal y perverso en relación con el trabajo legislativo".

Mientras tanto, el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, lamentó que "habiendo tantos asuntos de carácter nacional tan importantes, los órganos de inteligencia se dediquen a dar seguimiento a los políticos de manera como lo hemos visto, tan evidente y tan burda".

Las intervenciones telefónicas, dijo, atentan contra las tareas de los partidos políticos, cuando ese tipo de prácticas deben reservarse para asuntos de seguridad nacional. "Tan malo es el contenido como el procedimiento, las dos cosas son negativas y dejan mucho que desear en una democracia como la que queremos construir los mexicanos". El priísta advirtió que la confrontación "cada vez más evidente" entre Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox se está profundizando.

Es una práctica "cavernaria" de un poder de la Unión contra otro, dijo por su parte el gobernador oaxaqueño, José Murat, mientras Humberto Roque, senador del tricolor, señaló que "este espíritu controlador, este big brother que amenaza a la sociedad mexicana y a la política son sumamente preocupantes y pudieran llegar a tener tintes de macartismo". Advirtió que no basta con que Creel Miranda se haya deslindado de la responsabilidad, sino que se debe investigar y castigar a los responsables.

También la Iglesia católica reprobó el espionaje telefónico, y advirtió que atenta contra la dignidad y la privacidad de las personas. Ni al gobierno ni a los particulares le está permitida esta práctica, declaró el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, mientras que el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, propuso legislar sobre el tema, pues no es la primera vez que sucede.

Interrogado sobre el asunto, Creel Miranda sostuvo que "es una mentira decir que el Cisen graba o hace espionaje político. Lo he dicho una y otra vez: el Cisen está dedicado a cuestiones exclusivamente de seguridad nacional". No obstante, no descartó la posibilidad de que las autoridades federales utilicen esa información. "Si se comprueba que el Gobierno del Distrito Federal estuvo atrás de la toma de (la tribuna) de la Cámara de Diputados, ello merece no solamente una explicación sino un deslinde de responsabilidades. Desde los gobiernos no podemos estar interviniendo en los congresos, mucho menos de manera ilegal, y mucho menos para interrumpir el trabajo legislativo; eso atenta en contra de la democracia y del estado de derecho y no le hace bien al país".