Nora Patricia Jara

Golpeteo al DF

El encuentro, que no reunión, llegó tarde para Andrés Manuel López Obrador y para Vicente Fox, quien, sin voluntad de interlocución con el adversario principal para 2006, prefiere el enfrentamiento y la persecución judicial. Eso fue lo que se determinó en otros encuentros, como los previos del Ejecutivo federal con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Jornada, Pág.41, 24-11-04), quienes en más de una ocasión advirtieron al Presidente que si no iniciaba la acción penal contra el gobernante de la ciudad de México, la ley iría en su contra, con lo que se cerró la posibilidad de dar cauce a una auténtica aplicación del estado de derecho en este caso.

Con interés particular por poner en entredicho a la administración capitalina como deshonesta e ineficaz, desde un principio en el juicio del Ministerio Público, y posteriormente en la sección instructora de la Cámara de Diputados que pretende conculcar los derechos políticos del gobernante local, se arriesgan y atropellan las garantías civiles de los habitantes de esta urbe. Luego de ver al Ejecutivo y a los responsables de las políticas pública e interna del país en la que a principios de este sexenio llamaban la "casa del pueblo", es decir, la residencia oficial de Los Pinos, la percepción popular es de fracaso, de caras largas, silencios y desencuentros, y las constantes agresiones del Ejecutivo federal al gobernante del DF, al que llama en corto delincuente contumaz o consuetudinario, tal como señaló el investigador Luis Javier Garrido en el programa Discrepancias de Radio UNAM, pesan más que la razón.

Al final perdemos todos: los que votaron en su favor y quienes aquí viven, porque desde que comenzaron los ataques de un poder supeditado al supremo ejecutivo, como el Poder Judicial, para exhibir un supuesto desprecio por el orden y el derecho en la capital, se ha padecido la reprobación de cada obra pública, de cada defensa del patrimonio de esta ciudad, como los predios de Santa Fe, que despertaron la codicia de legisladores litigantes y de cuestionados particulares, provocando una disputa millonaria entre representantes privados y la administración local.

A la andanada habrá que sumar la disposición obsequiosa del PRI para dar un golpe certero contra quien también es su mayor rival político; es sin duda la respuesta de un poder que se ha sentido aludido por supuestas faltas a la ley, mostrándose como es: un poder con carácter acusatorio, inquisitivo y rijoso incapacitado para resolver mediante la conciliación o la aplicación de una justicia de paz que, con el pretexto de que impera el principio de legalidad, por el que sin excepción se aplica la ley, actúa sin discrecionalidad y poco cuidado ante fallos que debieran garantizar la verdad y tratar de resolver las controversias favoreciendo el interés social y la utilidad pública.

Al retirarle los derechos políticos injustificadamente a un gobernante legítimo se castiga, a la vez que a sus votantes, al ciudadano común, que verá amenazadas sus propias garantías al no recibir más y mejores servicios públicos o administrativos, se condiciona su voto al acceso a los servicios públicos o sanciona con la parálisis administrativa, eso significarán los recortes presupuestales y el traspaso de la educación básica al DF, pero sin adquirir facultad de decisión en la enseñanza que financia, o el posible retiro del mando policiaco con el argumento de que es el lugar con más alto índice criminal, acotando las posibilidades de ejecución de cualquier titular de la administración del Distrito Federal para evitar que esta postura de excepción, sin duda, aunque se la quiera equiparar con las demás entidades de la República, sirva como trampolín político, no para resguardar al amenazado sistema democrático, sino para evitar el surgimiento de liderazgos de oposición.

Con una visión patrimonialista del poder se pretende impactar la decisión ciudadana en las urnas, condicionando los servicios públicos a la opción de una determinada fuerza política y burocrática. Además de la distracción que se suscita con la constante defensa jurídica que se hace ante un MP que no es independiente, y con una acción persecutoria en manos del poder político, que ocupa la mayor parte del tiempo del gobernante tabasqueño relegando temas ciudadanos como una forma más de atentar contra derechos fundamentales, ante una realidad inquietante que se desarrolla entre comidas y cenas y los conocidos alegatos de oreja, sin que estén presentes todas las partes, se abre el paso a intereses facciosos para asegurar el poder al margen de las urnas y decidir anticipadamente la elección de otro proyecto de nación posible con base en el interés social.