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México D.F. Lunes 4 de octubre de 2004

La OCDE pide que la disposición se modifique para combatir la corrupción

Compete al Ejecutivo revisar el marco jurídico sobre secreto bancario: ABM

ISRAEL RODRIGUEZ

La revisión y una eventual modificación al marco jurídico que rige al secreto bancario en México le compete proponerla al Ejecutivo, y su eventual aprobación o modificación al Congreso, señalaron fuentes de la Asociación de Bancos de México (ABM), las cuales destacaron que la banca sólo cumple con las normas legales vigentes.

Este viernes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó revisar el secreto bancario en México para impedir que el mecanismo obstaculice las investigaciones sobre actos de corrupción cometidos por servidores públicos en transacciones comerciales internacionales.

La ABM continúa trabajando para evitar prácticas que permitan el blanqueo de dinero y la corrupción, como demuestra desde hace varios años el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el reciente convenio que se firmó con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para combatir actos de corrupción en la firma de contratos o licitaciones por parte de los servidores públicos, destacaron las fuentes de la ABM, consultadas por este diario.

Sin embargo, de acuerdo con un reciente estudio de la consultora Mancera, Ernst and Young, el lavado de dinero en México en 2003 ascendió a 24 mil millones de dólares, cifra mil millones menor a la reportada en 2002, según cálculos obtenidos con base en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la OCDE.

Según informes de la ONU, cada año se blanquea entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. Por otro lado, el estudio del Banco Mundial Anticorrupción en transición. Una contribución a la política, explica sobre las economías en transición de Europa del este y Asia Central, que los niveles de inversión en países con altos índices de corrupción en promedio eran 6 por ciento menores que en aquellos con corrupción media.

En México se supervisan 30 mil transacciones financieras y, de acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial, comparte el séptimo lugar, con Bolivia y Jamaica, entre los países de Latinoamérica más afectados.

La consultora Mancera Ernst and Young detalla que de las 30 recomendaciones del GAFI que requieren algún tipo de acción, México cumple totalmente con 19 y parcialmente con siete, en tanto que incumple con las otras cuatro que se refieren a prevenir el riesgo de delitos con nuevas tecnologías, el establecimiento de requisitos para actividades y profesiones no financieras en el sistema, y la reglamentación de las relaciones con bancos ficticios en los denominados paraísos financieros.

Con relación a las ocho recomendaciones del GAFI contra el financiamiento del terrorismo, México cumple totalmente cinco y parcialmente las otras tres, que se relacionan con la cooperación internacional para el intercambio de información y la extradición de personas ligadas al terrorismo, el control y regulación de los sistemas alternativos a los bancos de transferencias de fondos, y el control de las organizaciones destinatarias de estos recursos.

México implementó el 14 de mayo de este año un conjunto de reformas financieras y penales, aprobadas por el Congreso desde diciembre de 2003. Las reformas establecen que quienes efectúen transacciones mayores a 10 mil dólares en casas de bolsa y de cambio y bancos, así como montos superiores a 3 mil dólares en entidades que se dediquen al envío de dinero, deben estar plenamente identificados.

Por otro lado, según la Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (EGDE) realizada por el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, el sector privado en México estima que las empresas gastan, en promedio, 8.5 por ciento de sus ingresos en pagos extraoficiales para influir en la definición de las reglas del juego, y 5.1 por ciento en corrupción burocrática y administrativa.

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