Iván Restrepo

Estrategias de gestión del agua

La inconformidad campesina por la explotación del acuífero del que se cubre parte de la demanda de líquido de la ciudad de México, es una más que muestra a qué grado el sector público abandonó principios básicos de justicia social y económica al llevar a cabo la obra hidráulica. Y también de cómo olvidó acciones para administrar y utilizar racionalmente un recurso cada vez más escaso y demandado, evitar su contaminación y desajustes ambientales y de salud pública. En tanto, varios millones de personas carecen de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales es asignatura pendiente. La respuesta preferida para resolver los problemas consiste en alentar la descentralización y las concesiones a empresas privadas con la idea de atraer capital y tecnología, pero sin que los funcionarios, mucho menos la población, sepan el efecto real de la nueva política privatizadora.

Al respecto, David Barkin, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, y Daniel Kloos-ter, de la Universidad Estatal de Florida, realizan un estudio para plantear estrategias de gestión del agua urbana en México, que convendría consultaran los funcionarios, siempre tan deseosos de resolver problemas fruto de la desidia y la irresponsabilidad. (Véalo en: agua@correo.
xoc.uam.mx)

El diagnóstico de ambos especialistas caracteriza los sistemas de gestión hidráulica con base en el funcionamiento administrativo, la eficacia y eficiencia con que opera la entrega del vital líquido -incluyendo desperdicios, fugas, sustracciones y calidad-; la capacidad de equilibrar oferta y demanda global en distintos sectores sociales y zonas urbanas; las tarifas y los subsidios, así como la estructura de gastos e inversiones; el impacto en términos distributivos, en los ecosistemas de abastecimiento y en la evolución de los acuíferos; finalmente, el tratamiento de aguas residuales y su efecto en las zonas de descarga.

Para Barkin y Klooester, a medida que se descentraliza la gestión del agua en las áreas metropolitanas de México surgen varios modelos institucionales: 1) las concesiones a empresas privadas de capital nacional o internacional; 2) los organismos municipales descentralizados con carácter técnico; y 3) otros más, unos 2 mil, dependientes de los municipios, especialmente en áreas urbanas de menor tamaño.

Aunque la investigación no concluye, sus directores señalan que el modelo preferido por el gobierno federal respecto al agua presiona a los organismos operadores de sistemas a privatizar partes importantes de sus operaciones mediante concesiones o de contratos de servicios. Pero es común que se restrinjan los servicios comprendidos en los contratos para acotar las responsabilidades de los concesionarios, limitando la posibilidad de diseñar enfoques que consideren el problema desde el acopio y almacenamiento del agua hasta su descarga final. Es común que excluyan las fases de tratamiento de efluentes y los requerimientos de los ecosistemas, así como los aspectos socioeconómicos de equidad y exclusión.

Los investigadores advierten que las actuales tarifas son, a menudo, injustas e inadecuadas para financiar los sistemas de agua potable y alcantarillado. Más aún: dichos organismos no asumen responsabilidad hacia las comunidades que dependen de esta agua para su propia supervivencia. Si se les tomara en cuenta podrían contribuir significativamente al mantenimiento del ecosistema, el abasto y la calidad del líquido.

Mientras, los organismos internacionales alientan la privatización y descentralización del servicio, que debe ser más eficiente y pagado por los usuarios. En cambio, la gente no tiene participación en este modelo empresarial que privatiza un recurso natural del que todos somos responsables. Pero privatizar no trae automáticamente eficiencia y sí conflictos diversos cuando falla, como ya hemos visto. Eso precisamente debe tenerse en cuenta en la zona metropolitana, donde extraer, conducir y entregar el agua a los usuarios nunca ha figurado en un contexto social y ambiental amplio. Se ha creído resolver el problema mediante la explotación extrema de las fuentes locales y lejanas, cuando las entidades federales, el campo y las ciudades compiten por un bien cada día más escaso. Es hora de abandonar ese modelo injusto y de desperdicio.