Prácticamente listo, el dictamen que regula las campañas en medios electrónicos, informa

Destrabar la reforma electoral, pide Camacho a partidos y televisoras

Críticas a las ''sorprendentes y negativas'' reacciones de Fox en contra del foro en la materia

ENRIQUE MENDEZ

El presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, Manuel Camacho Solís, convocó a los partidos y a las televisoras a encontrar un acuerdo que al mismo tiempo permita destrabar la reforma electoral, detenida por los intereses económicos del ''duopolio'' televisivo, como acusó la semana pasada el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manuel Bartlett Díaz.

Luego de presentar en el Palacio de la Autonomía la relatoría de las audiencias públicas Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?, el legislador del Partido de la Revolución Democrática afirmó que el dictamen que regula las campañas en radio y televisión está prácticamente listo. De hecho, en la relatoría se identificó la necesidad de establecer una política racional de concesiones y de constituir un consejo nacional de medios que defina las políticas generales en la materia.

Inclusive, Camacho Solís exhortó a un encuentro entre los partidos y las empresas de televisión, ''para evitar que una fuerza política sabotee la reforma con compromisos indebidos para 2006. A los medios debe interesarles encontrar una fórmula para que el financiamiento se transparente y no se reciban críticas y ataques por cuestiones que a veces no son reales''.

Controlar el dinero, primordial

Y abundó: ''Si no hay reforma electoral que controle el dinero en la política y transparente la relación con los medios para 2006, ya no habrá política ni legitimidad ni posibilidad de defender el interés público''.

Además, y ante ''la reacción negativa, sorprendente'' del presidente Vicente Fox en contra del foro -cuando el pasado 24 de septiembre dijo: ''Hoy todo mundo quiere establecer la agenda y cambiar la Constitución de la A a la Z'', el mismo día que su secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, presentó la propuesta de conducir a México hacia un régimen semipresidencial-, Camacho y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, exhortaron al mandatario a no desestimar las definiciones del foro sobre la reforma y le recordaron que no le conviene un clima de ingobernabilidad en la sucesión de 2006.

Camacho Solís aceptó que ''hay condiciones muy adversas'', entre ellas el caso del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que la reforma pueda aprobarse en el Congreso de la Unión, sobre todo porque los intereses de los partidos y los políticos se entreveran con la sucesión presidencial.

Interrogado sobre el desafuero, Valadés planteó que López Obrador ''ya ha acreditado que dio órdenes para que se cumpliera el amparo'' y se detuvieran las obras en El Encino, por lo que de ser desaforado podría resultar absuelto y ''no sólo subsisten sus posibilidades de ser candidato en 2006, sino que sería reinstalado como jefe de Gobierno''.

El consenso no es automático

Ante la perspectiva de que la diversidad de propuestas y participaciones no confluya en la aprobación de una reforma, planteó que al menos se presentaron antes de que la coyuntura devore cualquier posibilidad de encuentro y debate y, por lo tanto, representa un capital político e intelectual que debe preservarse como patrimonio hasta 2006.

La pregunta, dijo, es qué se hará con las propuestas, y convino en que si bien hubo muchas coincidencias ello no supone que dará lugar a consensos automáticos que puedan reflejarse en iniciativas de reforma y en los dictámenes respectivos.

''Para eso hará falta un trabajo intenso de muchos, no aislar este debate de la coyuntura nacional. La reacción negativa, sorprendente, del Presidente de la República a nuestros trabajos, cuando el ejercicio le era útil al propio gobierno, el conflicto que se ha derivado del desafuero-inhabilitación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, las divisiones dentro y entre los partidos políticos por la sucesión presidencial, de los conflictos y el crecimiento de la inconformidad social son circunstancias adversas a la posibilidad de una reforma seria. Esto puede cambiar, incluso pronto'', afirmó.

Alertó que si se entra en la lógica de sobrevender las reformas ''para toparnos con la pared, ni haremos las reformas y sí liquidaremos el prestigio de este ejercicio''. Ante ello señaló que lo importante es que, identificados los posibles consensos, se profundice en las propuestas y las opciones. En lo inmediato, dijo, hay cuatro reformas que deben colocarse nuevamente en el centro de la atención política: la electoral, la del Congreso, la reforma del régimen y la que mejore la procuración y la impartición de justicia.

Regular a la tv, la coincidencia

Durante la relatoría, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas Lorenzo Córdova Vianello hizo un recuento de las posiciones y críticas desgranadas sobre la actuación de los medios de comunicación para el funcionamiento del sistema democrático.

''Si bien el tono común fue el de subrayar la importancia que los medios de comunicación tienen como mecanismos de garantía de la libertad de expresión, también existe un consenso en sostener que su actuación debe estar claramente regulada para establecer los límites, derechos y obligaciones a los que deben ceñirse en un contexto democrático.''

Sobre la actuación de las principales televisoras dijo que fue recurrente la propuesta de ''procurar, a través de un marco legal renovado, inhibir la formación de monopolios (o de duopolios) en la propiedad de los medios electrónicos, particularmente la televisión, a través de una política racional de concesiones y de revisión del cumplimiento de las leyes en la materia''.

Al concluir la reunión, el ex procurador Diego Valadés explicó que Andrés Manuel López Obrador sí podría contender en los comicios de 2006 si la Cámara de Diputados le retira el fuero, porque -sustentó- no se trataría de una declaratoria de procedencia, sino de una suspensión temporal para enfrentar el juicio por el presunto desacato a una orden judicial.

''El desafuero no equivale a destitución, es simplemente una suspensión temporal'', que permitirá a un juez determinar si hubo o no probable responsabilidad en el desacato por el caso El Encino. Así que, abundó, López Obrador no pierde su calidad de jefe de Gobierno y, al concluir el juicio, regresaría a ocupar el cargo.