Díaz Ordaz y él contaron con el apoyo estadunidense, confirman documentos

El velo sobre el 2 de octubre allanó a Echeverría la ruta a Los Pinos

BLANCHE PETRICH /II

Gustavo Díaz Ordaz murió en 1979, a los 68 años, sin que la justicia lo llamara a responder por la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Toda la clase política y la prensa de la época -con escasas excepciones- contribuyeron a ocultar información, desviar toda pretensión de esclarecer los hechos y distorsionar la realidad. Además el régimen implantó la impunidad mediante la represión sostenida que marcó los sexenios posteriores: arrestos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, amenazas...

Para asegurar el silencio, el presidente y su sucesor ya asignado, Luis Echeverría, contaron con un poderoso aliado: Estados Unidos. Curiosamente todas las agencias gubernamentales que Washington desplegó en la ciudad de México para reportar sobre la crisis (CIA, Departamento de Inteligencia Militar, FBI, Oficina de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado) desde 1968 se plegaron en sus despachos posteriores al 2 de octubre a la versión oficial de la masacre, señalando a los estudiantes como los provocadores de la balacera.

A pesar de que en sus despachos se citan "fuentes confiables" e "informantes entrenados" en la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre, ninguno de los documentos desclasificados de los Archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye esas versiones. El apoyo de las oficinas de seguridad al gobierno mexicano fue unánime.

El ocultamiento de la verdad fue, a la larga, un importante capital político para Echeverría, quien no sólo gobernó los seis años siguientes sin ser señalado como responsable de la matanza de Tlatelolco y las que le siguieron, sino que transcurrieron 23 años más, desde 1976, cuando dejó la Presidencia, hasta que finalmente una demanda penal por la masacre llegó a un Ministerio Público.

Hoy Echeverría tiene 82 años. Fue denunciado por el Comité 68 ante la Procuraduría General de la República en 1998. El Ministerio Público resolvió su prescripción. Ante un amparo de los denunciantes, la Suprema Corte ordenó investigar. En 2002 el caso pasó a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que en julio de este año lo consignó ante un juez. Aun así, hasta esta fecha, Echeverría elude la acción de la justicia.

Matanza y sucesión presidencial

El ocultamiento de la verdad en los días posteriores al 2 de octubre sirvió, sobre todo, para eliminar de la carrera por la sucesión presidencial de 1970 a los rivales de Echeverría.

"Antes de Tlatelolco, Díaz Ordaz tenía tres cartas para la sucesión: Alfonso Corona del Rosal (entonces regente de la ciudad), Emilio Martínez Manautou (secretario de la Presidencia) y Echeverría. Después de la masacre sólo quedaba este último", afirma en entrevista la investigadora de El Colegio de México Soledad Loaeza, colaboradora de La Jornada y autora de un libro en preparación sobre el sexenio 1964-1970. "Aunque su secretario de Gobernación no le resolvió la crisis, sino que la agravó, se había generado en México una situación tan crispada que el presidente pensó que era indispensable la continuidad de una política de control".

Loaeza pone énfasis en la atmósfera "opresiva, de tensión extrema" que dominó al país tras el 2 de octubre. En ese contexto, Díaz Ordaz "ponderó la experiencia y el temple de Echeverría. Lo vio como el único garante de la estabilidad. Le faltó visión de futuro. Porque lo que vino después fue peor".

Textos clave, todavía bajo llave

Para la investigadora Kate Doyle, colaboradora del semanario Proceso y directora del proyecto México del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, resulta "impactante" conocer el operativo de encubrimiento que se disparó tan pronto se dispersó el humo de la balacera. "En las horas y días posteriores al derramamiento de sangre -escribe Doyle en su trabajo La masacre de Tlatelolco- las agencias que operaban en México aceptaron la línea dictada por el gobierno en el sentido de que estudiantes ubicados como francotiradores provocaron la matanza".

No fue sino hasta el 18 de octubre cuando un agregado militar de la embajada describe: "Hubo desorganización considerable entre los militares presentes (...) y se abrió fuego de manera indiscriminada contra los edificios de departamentos (que rodeaban la plaza). Los soldados dispararon salvajemente en lugar de intentar ubicar con exactitud el origen del fuego de los francotiradores". Este es uno de los pocos resquicios que contradijeron en esos momentos la versión oficial en un cúmulo de 89 telegramas y cables secretos que fluyeron de distintas fuentes a Washington.

Doyle insiste desde octubre del año pasado en que, a pesar de que se ha logrado la desclasificación de docenas de documentos sobre la masacre de los archivos secretos de la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, la FBI y la Casa Blanca, quedan reportes clave que todavía son inaccesibles para la opinión pública. Enumera materiales que considera de vital importancia:

* Un documento de la Casa Blanca fechado el 4 de octubre que contiene un análisis basado en información confidencial de inteligencia.

* Un reporte también del 4 de octubre de la FBI que es citado por el Departamento de Estado y en el cual funcionarios de la primera atribuyen el estallido de la balacera a una confusión entre militares y agentes de seguridad.

* Ningún documento del agregado legal de la embajada, que fungió como representante de la FBI en México, ha sido desclasificado hasta ahora.

* El 1º de noviembre el director de la Oficina de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, Maxwell Chaplin, escribió una carta al consejero de la embajada, Henry Dearborn, en la cual le expresa "el intenso interés de la comunidad de inteligencia" en Washington por conocer un documento de la CIA que también sigue clasificado como ultrasecreto. Se trata de un memorándum de contenido "pesimista y controversial" sobre las implicaciones de los desórdenes estudiantiles en la estabilidad mexicana.

* Un informe especial secreto de la CIA, con fecha 17 de enero de 1969, que contiene pasajes sobre los hechos de Tlatelolco y los desafíos del sistema de partido único de México. La mayor parte del documento fue censurada antes de la desclasificación. El grueso del documento sigue bajo secreto.

* Ninguno de los documentos hasta ahora conocidos contiene de manera detallada los reportes de los agentes estadunidenses sobre los francotiradores que dispararon desde los edificios de Tlatelolco sobre los manifestantes. En particular deben existir informes y análisis de la agregaduría militar estadunidense sobre el tema. No se conocen.

Espías confusos

Además de sumarse a la conspiración del silencio, los agentes estadunidenses incurrieron en sus versiones sobre la crisis del 68 en contradicciones flagrantes. Unos, como la CIA, reportan escenarios alarmistas sobre el riesgo comunista. Otros, como los de la embajada, intentan calmar los ánimos y resultan criticados por sus jefes. Con todo, la lectura de estos expedientes ofrece una visión única sobre la forma en que los estadunidenses de la época percibían a los mexicanos.

En la víspera del 2 de octubre, la CIA adelanta que "cualquier cosa puede suceder" antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y que una ruptura del curso normal de los eventos debe ser atribuida a "radicales y extremistas". Al día siguiente, al informar sobre los sucesos de Tlatelolco, repite literalmente la versión oficial de que la balacera se desencadenó como respuesta a una "provocación premeditada de los estudiantes".

Copiosos reportes de la CIA aún tienen grandes pasajes censurados, pero en ellos, a diferencia de los informes de la embajada, se pone en duda la capacidad de control del gobierno mexicano. En alguno llaman "inepto" a Díaz Ordaz.

La Agencia de Inteligencia Militar, curiosamente, toma distancia de la versión del régimen. "Lo que sucedió quizá nunca lo sepamos", dice en su reporte del 18 de octubre.

El Departamento de Estado expresa que los sucesos representan "un duro golpe a Díaz Ordaz y su gobierno, tanto por el uso excesivo de fuerza como porque subraya el fracaso del gobierno mexicano de eliminar la violencia", según señala Corey Oliver, subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. "Sin embargo consideramos que es importante evitar demostrar falta de confianza en la capacidad del gobierno mexicano de manejar la situación."