El proceso "nos tiene sin cuidado", replica la defensa

Entablan en Chile querella judicial contra Pinochet por delitos fiscales

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 1º de octubre. El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile entabló una querella judicial contra el ex dictador Augusto Pinochet por delitos tributarios, en el contexto de la investigación por las cuentas millonarias secretas a su nombre y de sus familiares que en julio pasado quedaron al descubierto en un banco estadunidense.

A la demanda anterior de las autoridades del ramo se sumó este viernes otra querella contra el ex gobernante de facto (1973-90) presentada por los abogados defensores de los derechos humanos Carmen Hertz y Alfonso Insunza por fraude al fisco, malversación de fondos públicos y cohecho.

El organismo del Estado había presentado su demanda con mucho sigilo desde el jueves por la noche ante el juez investigador del caso, Sergio Muñoz, en la que los delitos tributarios imputados se refieren específicamente a engaño al Estado, al presentar sus declaraciones de renta "maliciosamente incompletas o falsas", que pudieron "inducir a la liquidación de un impuesto inferior" al que correspondía.

La demanda también afecta al asesor del anciano ex militar y albacea de su herencia, Oscar Aitken, quien en días pasados afirmó que su fortuna era legal y su monto de unos 15 millones de dólares se podía explicar por los rendimientos de operaciones financieras y provenientes de donaciones.

La familia de Pinochet rechazó el monto señalado por el albacea, y puso en conocimiento del juez Muñoz una cuenta por 5 millones de dólares en el Banco de Chile, que comprendería todos sus fondos. Al parecer, en ese monto se ha basado el fisco al determinar que la multa a la que se haría acreedor ascendería a 2 o 3 millones de dólares, conforme a versiones periodísticas.

Las autoridades chilenas comenzaron a investigar este caso luego de que a mediados de año un informe del Senado estadunidense estableció la existencia de cuentas secretas a nombre de Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, vigentes entre 1994 y 2002 en el Banco Riggs, de Washington, por entre 4 y 8 millones de dólares.

En tanto, la acción legal interpuesta en la Corte de Apelaciones de Santiago por los abogados de derechos humanos se basa en la Convención contra el Enriquecimiento Ilícito, ratificada por Chile en 1998. Ambas causas quedaron en manos del juez Muñoz.

"A nosotros nos tienen sin cuidado todas las querellas que quieran presentar. Vamos a contribuir con la justicia. No nos vamos a dejar llevar por ningún otro abogado que no sean los intereses de nuestro cliente", sostuvo desafiante el ex ideólogo fascista y jefe de la defensa del ex dictador, Pablo Rodríguez Grez.

Los abogados Carmen Hertz e Insunza fueron los primeros en denunciar a Pinochet ante la justicia, luego que se hiciera pública la investigación de un subcomité del Senado de Estados Unidos que demostró que Pinochet tuvo millonarias cuentas en el Riggs.

Tras esa primera presentación, la Corte nombró a Muñoz para que investigara el origen de los dineros y los posibles delitos relacionados con el patrimonio nacional. Tras la designación de Muñoz, el Consejo de Defensa del Estado interpuso también una denuncia por delitos relacionados con fraude en perjuicio del Estado.

Fuentes judiciales sostuvieron que lo más probable es que la querella derive en una nueva petición de desafuero del ex dictador, que debería solicitar el magistrado Muñoz.

Pinochet fue sometido el jueves a exámenes médicos ordenados por el juez especial Juan Guzmán Tapia, quien debe decidir si lo procesa o no por su responsabilidad en la Operación Cóndor. Además, acorde a ese caso, desde el sábado pasado el mismo juez lo sometió a un primer interrogatorio sobre su presunta implicación en el esquema represivo de las dictaduras de los años 70.