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México D.F. Sábado 25 de septiembre de 2004

Las auditorías serán "simulación y maquila de datos financieros": diputada perredista

El convenio de Hacienda con los bancos viola procedimientos legislativos: estudio

Los despachos contables contratados por el IPAB, impedidos para reportar irregularidades

ROBERTO GARDUÑO

El convenio firmado entre la Secretaría de Hacienda y los bancos Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y HSBC (antes Bital), "viola el procedimiento establecido por el Congreso federal para sustituir los pagarés Fobaproa por obligaciones IPAB", señala un estudio elaborado en la Cámara de Diputados.

Luego de confirmarse la existencia de un acuerdo entre los grupos legislativos del PRI, PRD, PT y Convergencia para impedir la aprobación del pago de intereses generados por el rescate bancario para destinarlos a subsanar el endeudamiento derivado de los pagarés irregulares, la diputada del PRD Minerva Hernández Ramos señaló que los despachos contables Geoessler, SC, La Paz Costemalle y Hernández Marrón, contratados por el IPAB, para realizar las auditorías de Gestión, Existencia y Legalidad (GEL), "desempeñarán una simple simulación y maquila de datos financieros en virtud de que los auditores que llevarán a cabo ese trabajo no tendrán la facultad para determinar ilegalidades, porque dentro de las normas y procedimientos de auditoría que contemplados por el mismo, se excluyen las correspondientes a los boletines 7010 y 7020, denominados Normas para Atestigurar, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)".

De acuerdo con el IMCP, los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un conjunto de hechos o circunstancias examinadas mediante las cuales se obtienen las bases necesarias para fundamentar una opinión.

Los boletines que emite el instituto incluyen la opinión unánime o mayoritaria de los miembros de las comisiones de este organismo para optimizar las etapas del trabajo de una auditoría, obtener la evidencia suficiente y competente y determinar la manera en que se llevó a cabo un acto o un conjunto de hechos.

Tales obligaciones se encuentran en diversos boletines que emite el IMCP y se dividen en disposiciones de carácter general, normas personales, normas de ejecución del trabajo, normas de información, procedimientos de auditoría, y las normas y servicios para atestiguar estas últimas están contenidas en los boletines 7010 y 7020, que al no ser consideradas por el IPAB en sus lineamientos para las auditorías que se llevarán a cabo, dejarán imposibilitados a los auditores de los despachos para que sean ellos los que determinen las posibles ilegalidades y los créditos sean devueltos a los bancos respectivos.

De acuerdo al escenario proyectado en el IPAB, los despachos antes mencionados se limitarán a llevar a cabo el trabajo simple de auditoría y, una vez concluido el reporte de resultados, se turnará a despachos jurídicos contratados por el IPAB, que en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinarán la existencia de ilegalidades. Este hecho dejará a la comisión y a su titular, Jonathan Davis, en la calidad de juez y parte porque él fue integrante del Comité Técnico del Fobaproa.

Las conclusiones del análisis presentado por la diputada Hernández refieren que "el convenio SHCP-bancos carece de Legitimidad en virtud de que no respeta las consideraciones del exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, referente al conflicto de intereses de los promoventes del mismo, tanto Jonahtan Davis, Héctor Tinoco como de Luis Mancera Arrigunaga.

"El Convenio SHCP-Bancos, no incluye el análisis y procesamiento del documento elaborado por el órgano interno de control del IPAB, elaborado el 20 de marzo de 2002, que revela beneficios irregulares a Banamex, Bancomer y Bital por 36 mil 989 millones de pesos, producto de la venta de cartera con todo e intereses moratorios, perdón sobre reservas, esquema de incentivos y créditos relacionados no identificados por Mackey".

El documento también menciona la existencia de documentación probatoria de las consultas para asesoría, que hiciera el presidente de la Comisión Investigadora del IPAB, el panista Manuel Pérez Cárdenas, con los abogados de los bancos de referencia, Jorge Gaxiola y Luis Robles Mieja.

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