Involucrados en la corrupción, autoridades penitenciarias y custodios, dice el organismo

Sin control, el crimen organizado desde las cárceles, afirma la CNDH

En algunos centros, señala, los directivos son los encargados de la introducción de drogas

VICTOR BALLINAS

Los reclusorios estatales y municipales del país -445 centros penitenciarios- representan "un grave problema de seguridad pública" debido a que desde el interior de las cárceles operan "amplias redes del crimen organizado" que corrompen a las autoridades de esos centros, para que puedan continuar dirigiendo bandas de secuestradores, narcotraficantes o de robo calificado, denunció ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al presentar el Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles de la República Mexicana.

José Antonio Bernal Guerrero, tercer visitador general de la CNDH, quien elaboró y presentó el informe, destacó que en su opinión si las prisiones mexicanas fueran evaluadas merecerían dos de calificación en una escala del uno al 10, por el abandono en que durante décadas se les ha mantenido, y por la grave corrupción imperante, en la que participan autoridades penitenciarias, vigilantes, reclusos y familiares, entre un cúmulo de irregularidades existentes en esos centros.

Hizo notar que en el sistema penitenciario del país "hay focos rojos en reclusorios del estado de México, el Distrito Federal y Jalisco, entre otras entidades, por lo cual las autoridades deben tomar cartas en el asunto y tener en cuenta las propuestas que la CNDH les presentó, en las cuales se destaca que las cárceles municipales violan la ley al albergar a presos sentenciados, pues ése no es su objetivo".

Informe recibido

Dicho informe fue enviado por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, a los 31 gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública federal, al secretario de Gobernación y al procurador general de la República desde el pasado 6 de septiembre, y "algunos mandatarios y funcionarios ya dieron cuenta de haberlo recibido".

Ante las graves irregularidades, violaciones a los derechos humanos de los internos, conductas delictivas de funcionarios, custodios y reclusos, las procuradurías General de la República -en el caso del narcotráfico- y las estatales deben investigar esas situaciones y sancionar a los responsables, afirmó el funcionario.

La CNDH, subrayó el tercer visitador, hace patente su gran preocupación por el incremento exagerado en los índices de delincuencia y la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno del país para controlar ese fenómeno, el cual se ha convertido en un problema insuperable que genera en la comunidad sentimientos de impotencia.

Bernal Guerrero destacó que "en prácticamente todos los centros penitenciarios del país existe el tráfico y consumo de drogas", como mariguana, cocaína y heroína, además de bebidas embriagantes, y en algunos de esos centros de reclusión son las propias autoridades quienes se encargan de introducirlas o permiten a los visitantes que realicen esa tarea.

La sobrepoblación se registra también "en la mayoría de las prisiones del país", y la CNDH ha documentado casos en los que tal situación excede de 500 y hasta mil por ciento de la capacidad instalada, precisó el funcionario.

Como ejemplo de ello indicó que "hay celdas que fueron construidas para albergar a cuatro presos, pero en la actualidad en ellas duermen hasta 30 personas", con las molestias de la insuficiencia de espacio, ventilación, servicios sanitarios, ambiente propicio para toda clase de conflictos y actos de corrupción.

En la mitad de las entidades federativas se detectó que en sus cárceles se imponen sanciones disciplinarias de aislamiento, que exceden con mucho lo establecido en los reglamentos internos -cuando existen-, y en otros reclusorios se constató que es común la práctica de golpes y maltratos a los internos con toletes o palos, y quienes aplican los castigos son "los reclusos encargados del autogobierno", aseveró el tercer visitador general.

Bernal Guerrero destacó que en la mayoría de las entidades existen cárceles en pésimas condiciones generales, desde techos, paredes, ventanas y pisos hasta las instalaciones hidráulicas y sanitarias. La CNDH, agregó el funcionario, detectó insalubridad provocada por las fallas en el suministro de agua y en la recolección de basura, lo que provoca fauna nociva.

Las peores instalaciones del sistema penitenciario, afirmó, son las áreas destinadas a la aplicación de sanciones de aislamiento: se trata de celdas oscuras, sin ventilación, sin servicios sanitarios e insalubres.

Además, la falta de actividades laborales y educativas es una constante en esos centros.

Otras de las irregularidades que persisten, desde que en 2001 fueron denunciadas por la CNDH, son la escasez de personal en las áreas de sicología y trabajo social. En más de las dos terceras partes de los estados existen reclusorios con sobrepoblación, en las cuales no hacen la separación entre procesados y sentenciados; incluso en muchas prisiones las mujeres comparten dormitorios con hombres.

En lo que respecta a la alimentación, el visitador puntualizó que en la mayoría de las prisiones del país los alimentos son insuficientes en cantidad y calidad, y algunos estados "únicamente se limitan a entregar a los presos una cantidad de dinero al mes para adquirirlos, pero esos recursos son insuficientes".

El informe fue producto de 960 visitas realizadas a los 446 centros penitenciarios estatales y municipales -desde 2000 a la fecha-, incluidos los del Distrito Federal, y "no se incluyen en el documento los centros de readaptación social federales, que son seis".

La CNDH hizo un llamado a las autoridades competentes para que emprendan acciones encaminadas a erradicar la corrupción y los autogobiernos, y les presentó siete propuestas:

Primero, solicitó que los funcionarios encargados de la prevención y la readaptación social, así como los de seguridad pública, lleven a cabo acciones para erradicar la corrupción y los autogobiernos en las cárceles del país, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal; segundo, que se destinen mayores recursos para lograr la total división entre procesados y sentenciados; tercero, promover en los reclusorios fuentes de trabajo debidamente remuneradas para que los internos obtengan ingresos y dejen de ser una carga para el Estado, con el propósito de que ayuden a sostener a sus familias y paguen el daño causado a las víctimas de sus delitos.

La cuarta propuesta de la CNDH se refiere a aplicar sustitutivos de penas de prisión en casos de delitos que no causen daño a la sociedad, para disminuir la sobrepoblación; quinta, que los centros que no cuenten con reglamento interno elaboren uno tomando en cuenta el orden jurídico mexicano e internacional aplicados en la materia; la sexta, que los sentenciados que se encuentran en las cárceles municipales sean reubicados en prisiones estatales, y, por último, que en los centros penitenciarios los gobiernos estatales promuevan acciones permanentes de promoción a la salud.