Se han vuelto tan comunes que ya apenas dan nota, si acaso para el anecdotario de las columnas de chistes políticos. Casos como el del diputado local panista de Querétaro Rubén Salas González, quien apareció el año pasado con su Biblia bajo el brazo cuando fue a recoger su constancia de mayoría, o el del ex alcalde de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero (2000-03) –también panista–, quien los domingos sustituía al cura del pueblo y daba la hostia, son cada vez más frecuentes en este país donde el laicismo formaba parte de la esencia misma de la República.

La sorpresa que generó hace diez años la asistencia de Carlos Medina Plascencia y Fernando Canales Clariond a procesiones se trocó en el transcurso del tiempo apenas en un motivo más de mofa para un sector de la sociedad mexicana, ante la mochería de la nueva clase política gobernante. Con esa mirada han sido vistos los homenajes públicos a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei –como el que hizo el gobernador deAguascalientes, Felipe González–, las ceremonias para colocar estatuas del Papa en céntricas avenidas, los crucifijos en los actos políticos.

Pero más allá del joven formado en universidades privadas, del militante de alguna organización católica, del mando medio de una empresa trasnacional o el dirigente municipal o estatal de un organismo empresarial, ¿por quién votas cuando lo haces por el pan?

Como colectivo, con mayorías parlamentarias en algunos congresos locales, los blanquiazules han pasado a la ofensiva, a la presión política para adoptar reformas que conviertan en ley esa doctrina, la cual no figura en la mercadotecnia que usan en sus campañas. Quienes tienen viejos nexos con grupos como el muro, el Yunque, los Tecos, Provida, Ancifem o dhiac se cuidan bien de no mencionarlo en sus currículos. Algunos hasta pretenden negarlo, pese a que los informes de inteligencia de los años sesenta y setenta del siglo pasado permiten conocer incluso sus nombres de batalla. 

En Nuevo León, Guanajuato o Jalisco los grupos conservadores más poderosos del país, como la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), la Unión Nacional de Padres de Familia, Provida, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y los Caballeros de Colón, entre otros, han tenido fuerte presencia histórica. Pero su situación de grupos con existencia testimonial ha dado un giro.

En el periodo 1997-2003, cuando su aliado natural, el Partido Acción Nacional (pan), alcanzó la gubernatura de Nuevo León y consiguió ser mayoría en el Congreso local, dichos grupos pretendieron imponer sus concepciones religiosas y morales al resto de la sociedad. Por medio de la bancada panista, y en particular del coordinador, Gerardo Garza Sada, y de Francisco Cantú Torres –hermano de la delegada estatal de Provida, Ana Elena Cantú–, los grupos católicos radicales de la entidad promovieron una reforma constitucional para "garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".

El rechazo de los otros partidos y de los grupos feministas impidió que el pan llevara adelante su proyecto de cambio constitucional, que serviría de base a una reforma al Código Penal para tipificar como delito cualquier modalidad de aborto, inclusive si el embarazo era resultado de una violación o practicado cuando corría peligro la vida de la madre.

En Guanajuato ocurrió una situación similar: en agosto de 2000 la mayoría parlamentaria de ese partido intentó reformar el artículo 163 del Código Penal para imponer una pena de tres meses a seis años de cárcel y multa de diez a treinta salarios mínimos a quienes abortaran aun en caso de violación.

Los diputados panistas aprobaron la reforma, pero el entonces gobernador Ramón Martín Huerta la vetó ante la presión de diversos grupos que organizaron foros y protestas. La propuesta del pan incluía modificar el artículo primero de la Constitución Política de Guanajuato, el cual dice: "en el estado de Guanajuato todas las personas gozan de la protección que les otorgan las garantías establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus Leyes reglamentarias", para en lugar de "personas" poner el termino "individuos", y en un transitorio definir al individuo como "el ser desde el momento de la concepción". La actual legislatura ya amenazó con insistir en dichas reformas.

En 1992, cuando Acción Nacional ganó la gubernatura y la mayoría calificada del Congreso de Chihuahua, Francisco Barrio y los panistas elaboraron una nueva Constitución y llevaron al artículo quinto la protección del individuo desde el momento de la concepción. Cuando quisieron poner el concepto en práctica y reformar el Código Penal para castigar con cárcel cualquier modalidad de aborto, se armó el revuelo y los panistas no pudieron seguir adelante. 

Tampoco es una simple anécdota lo que le ocurrió a Paulina, la niña bajacaliforniana acosada –a petición de Juan Manuel Salazar Pimentel, ex procurador general de Justicia– por miembros de Provida, que la llevaron ante un sacerdote católico cuando ella y su madre acudieron en busca de ayuda para que le interrumpieran el embarazo producto de una agresión sexual. La madre de la menor obtuvo una orden judicial –apegada a la ley– para que se interrumpiera el embarazo; sin embargo, el director del Hospital General de Mexicali, Ismael Ávila, se negó a cumplir la orden. Cuando el sacerdote y Próvida no pudieron con la voluntad de Paulina y su madre, el funcionario panista jugó con el miedo natural a la muerte y les dijo que la niña podría sufrir una hemorragia masiva y morir si se le practicaba un legrado. 

No ha sido el único caso, aunque si el más publicitado. En Irapuato, Guanajuato, Sandra Isela, mujer de treinta y un años cuya edad mental es la de una niña de diez, también fue ultrajada. Su madre se presentó en la Procuraduría de Justicia para que le autorizaran el aborto y le fue negado, pese a que el artículo 163 del Código Penal de Guanajuato permite la suspensión del embarazo cuando es producto de una violación. 

La negativa provino de la agente del Ministerio Público número 3, especializada en delitos sexuales, María del Rocío Mayo Valadez –precisamente la autoridad que tenía la responsabilidad de auxiliarla–, quien argumentó que no existía el reglamento respectivo del Código para permitir el aborto.

Carlos Castillo Peraza, el extinto dirigente del pan, decía que quien no estuviera de acuerdo con los postulados de "protección a la vida desde el momento de la concepción" podía abstenerse de votar por Acción Nacional, pero pocos sufragantes dan a las posiciones extremistas del panismo el peso especifico que tienen. Los propios blanquiazules se han cuidado de no hacer demasiada propaganda sobre ellas.

En los estados del país donde el pan mantiene una presencia importante, se han mezclado con mayor frecuencia la esfera pública y la religión. En Chihuahua, desde la década de los ochenta los sacerdotes se sumaron a la movilización social por la democracia electoral, y actualmente la clase gobernante integra con naturalidad al discurso su profesión de fe católica.

Durante el sexenio de Francisco Barrio (1992-98) el gobierno estatal realizó fuertes inversiones públicas en la remodelación de templos. Sólo en la capital del estado fueron aplicados casi 6 millones de pesos en la reconstrucción de la misión de San José. Incluso por medio del programa Jalemos Parejo –semejante al Pronasol salinista– se canalizaron recursos públicos a casas parroquiales y templos de veinte municipios de la entidad.

Las autoridades de extracción priísta también han realizado importantes aportaciones a la Iglesia católica –el actual gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, donó 54 hectáreas de terreno estatal para el campus de la Universidad La Salle–, pero el ánimo panista de poner los bienes públicos a disposición de la Iglesia va mucho más allá.

En Ciudad Juárez, la ex regidora perredista Estela Barrera denunció en febrero de 2001 "el marcado favoritismo del ayuntamiento que encabeza el panista Gustavo Elizondo para con la Iglesia católica, a la que benefició con importantes donaciones de terrenos, por encima de otras religiones y de las mismas demandas vecinales para la edificación de escuelas".

Según las cifras de Barrera, en menos de dos años el ayuntamiento donó a la diócesis de Ciudad Juárez cerca de 35 mil metros cuadrados de terreno, cosa que no sucedió con otras organizaciones religiosas ni con las autoridades educativas.

Los regiomontanos y los tapatíos han sabido también de las intentonas panistas por imponer su doble moral y buenas costumbres. Jesús Hinojosa Tijerina, alcalde de Monterrey de 1994 al ‘97, pretendió aprobar un reglamento de espectáculos que prohibía "por inmorales" los desnudos en obras de teatro, con el añadido de que consideraba atentatorio a la moral el uso de pantaloncillos cortos ("shorts") en lugares de concentraciones masivas. El reglamento no pudo superar en el cabildo el voto de los otros partidos.

Siempre preocupados por las apariencias, los panistas no sólo se han ocupado de la forma de vestir de los demás, sino también de la de hablar. En 2000 Ignacio del Río Angulo, entonces regidor en el ayuntamiento de Querétaro, pretendió establecer un reglamento del "buen decir", con el cual se quería sancionar a las personas que emitieran "palabras obscenas y ofensivas en la vía pública". 

En ese mismo año el entonces presidente municipal de Querétaro, Rolando García Ortiz, prohibió al personal femenino del área administrativa presentarse a sus labores vistiendo minifalda, blusas escotadas o ropa ajustada, con la finalidad de evitar "tentaciones" entre el personal. 

Por todo el país hay ejemplos de lo que pueden hacer los panistas en este terreno. En abril pasado el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, mandó colocar cruces en los balcones centrales del palacio de gobierno y un altar de la virgen de Dolores en el interior, para celebrar la Semana Santa. Además entregó medio millón de pesos del erario a los organizadores de la Procesión del Silencio. 

Pero si alguien cree que los postulados del blanquiazul son sólo inofensivas posturas trasnochadas o temas para el anecdotario político, que consulte el debate (a disposición en la página electrónica del Congreso) que se dio en el Senado de la República sobre la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica del 27 de abril de 2004. 

Nota: Este material fue realizado con la aportación de todos los corresponsales de La Jornada.