Se confirma que hubo malversación de fondos públicos: Eduardo Romero Ramos

Casi concluida la auditoría a los 30 millones entregados a Provida

ANGELES CRUZ MARTINEZ

La auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los 30 millones de pesos entregados a Provida en 2003, está prácticamente concluida y, a más tardar en 15 días, dará a conocer sus resultados a la opinión pública. En principio, informó el titular de la dependencia, Eduardo Romero Ramos, se confirma que hubo malversación de fondos públicos.

Durante una reunión con representantes de las seis organizaciones civiles que dieron a conocer las irregularidades en el manejo de los recursos que la Secretaría de Salud (Ssa) entregó a Provida para la creación de 10 Centros de Ayuda de la Mujer (CAM), el funcionario expresó que los resultados de la indagatoria coinciden en 95 por ciento con lo denunciado por las agrupaciones feministas.

Debido a que la misión de la SFP en materia de sanciones se limita a las instituciones públicas, el área jurídica de la dependencia analiza el mecanismo para fincar responsabilidades al organismo privado.

El encuentro de Romero Ramos con Equidad de Género; Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Salud Integral para la Mujer; Grupo de Información en Reproducción Elegida, y Letra S, Salud, Sexualidad y Sida duró casi una hora, en la que las agrupaciones civiles entregaron al funcionario una carta, en la que le solicitan divulgar los resultados de la auditoría y se deslinden responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar por el desvío de los 30 millones de pesos entregados a Provida en 2003.

De acuerdo con algunas de las asistentes a la reunión, Romero Ramos se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, mientras que las demandantes incluyeron en sus peticiones que el dinero sea devuelto al gobierno federal.

A partir de la información que la Ssa entregó a las organizaciones feministas, con trabajo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y en la lucha contra el VIH/sida, fue posible saber que Provida también recibió recursos públicos en 2001 y 2002, por 2.5 millones de pesos en cada año. Mediante un convenio con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública obtuvo 30 millones de pesos en 2003, y en 2004 ya se le había asignado una cantidad similar. Hasta antes de que la Ssa decidiera suspender la entrega de los recursos, en abril pasado, Provida recibió 4. 5 millones de pesos más.

La investigación de la SFP se concentra en la asignación entregada en 2003, de la que unos 26 millones de pesos fueron usados por Provida para contratar las empresas Mercatel (publicidad); Importación de Mobiliario y Equipo Médico, y el salón de fiestas El Castillo de Branstock. En el primer caso se pagaron casi 10 millones de pesos en facturas que tienen impreso el mismo domicilio fiscal que Provida. El Castillo de Branstock, que cobró casi un millón de pesos, comparte el número de teléfono con el corporativo publicitario.

De acuerdo con la denuncia, las tres empresas tienen como director administrativo a Mario García, supuestamente vecino de Jorge Serrano Limón, ex presidente de Provida.

Acerca de las irregularidades fiscales, se detectó que Provida comprobó gastos con facturas vencidas, otras con fecha de impresión posterior a la de facturación y algunas en blanco, sin concepto ni desglose.