Policías que protegían a los hampones lo extorsionaron e involucraron en el ilícito

Un comerciante de Morelos, recluido por denunciar a banda de robacoches

El proceso judicial que enfrenta Javier Mayer está plagado de irregularidades

ALFREDO MENDEZ ORTIZ/I

Francisco Javier Mayer Avila confió en la Policía Ministerial de Morelos (PMM) que encabezaba José Agustín Montiel López, actualmente detenido en el penal de máxima seguridad de La Palma, estado de México, acusado de proteger a bandas delictivas.

Ese error dejó a Mayer sin dinero, privado de su libertad desde el 11 de diciembre de 2001 y sujeto a proceso penal en el juzgado 18 de distrito del Reclusorio Norte, por su probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin embargo, el comerciante, de 53 años de edad, quien hasta antes de ser detenido se dedicaba a prestar dinero a cambio de garantías prendarias (automóviles, motocicletas o lanchas), enfrenta un juicio penal plagado de probables irregularidades "de origen" -averiguaciones previas inducidas, que lo llevaron de denunciante a indiciado; declaraciones de testigos obtenidas mediante actos de intimidación; detenciones ilegales y extorsiones efectuadas por mandos policiacos de Morelos que protegían a bandas delictivas y narcotraficantes del cártel de Juárez-, que actualmente lo tienen en la desesperación y decepcionado de los órganos de procuración e impartición de justicia estatales y federales.

Desde la cárcel él encabeza su defensa, "con el apoyo parcial de algunos abogados", ya que dejó de confiar en la mayoría de los litigantes luego que algunos coyotes se aprovecharon de su situación para "quitarme el poco dinero que me dejaron Montiel López y sus cómplices".

Documentos oficiales en poder de La Jornada, que constan en dos averiguaciones previas realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Morelos (PGJM) y en una recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) a la PGJM por la "irregular detención de Javier Mayer Avila", revelan que los elementos jurídicos por los cuales actualmente se encuentra sujeto a proceso penal son "deficientes", amén de que los principales implicados en la banda delictiva a la que supuestamente perteneció (dedicada a robar automóviles para después venderlos) están libres y/o prófugos de la justicia.

Además, según consta en la averiguación previa PGR/UEDO/193/2003, integrada por la Procuraduría General de la República (PGR) y a la que tuvo acceso este diario, algunos de los inculpados tienen vínculos familiares con el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal.

Tal es el caso de su cuñado y novio de la cantante Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla, quien según consta en documentos oficiales está presuntamente vinculado con bandas delictivas que operan en la entidad. Sin embargo, el familiar del gobernador en ningún momento ha pisado la cárcel por esos hechos.

Y lo más grave: el motivo por el que Mayer Avila está preso, según narró él a este diario, derivó de la petición que hizo Mayer la mañana del 13 de noviembre de 2001 a policías ministeriales de Morelos para que certificaran si los vehículos que tenía en su negocio como garantía de los préstamos que había hecho tenían reporte de robo, ya que dos de sus clientes se mostraban renuentes a pagar los préstamos.

De esa petición -que consta en la averiguación previa SDO/3Ű/049/01-II de la PGJM- resultó que cuatro vehículos y una lancha acuática tenían registros y documentación alteradas.

Desde la cárcel, donde se encuentra recluido desde diciembre de 2001, Mayer asegura en entrevista que "como no tenía nada que esconder, puse inmediatamente los automotores a disposición de la PGJM para que se iniciaran las investigaciones necesarias". Además, afirma que ese día presentó la querella contra los presuntos dueños de esos vehículos e incluso acompañó a la policía a los domicilios de dos de sus deudores para que fueran interrogados por los agentes ministeriales.

Lo que consiguió fue la aprehensión de Enrique Flores Tomassi, uno de sus clientes, quien posteriormente declaró ante el agente del Ministerio Público de Morelos que supuestamente Mayer Avila aceptó dos automóviles en garantía, a pesar de que sabía que éstos eran de dudosa procedencia.

Sin embargo, Mayer intentó demostrar con diversos testimonios -que la autoridad ministerial no consideró válidos- que antes de recibir los vehículos acudió a las autoridades estatales para pedir referencias sobre los mismos y que éstas le notificaron que "estaban limpios", aunque no le entregaron constancias oficiales de ello "porque nunca se expiden documentos de ese tipo", según le manifestaron.

Otro de los dueños de los autos con reportes de robo, Francisco Caballero Nava, no pudo ser detenido el mismo 13 de noviembre de 2001, ya que cuando se dio cuenta que Mayer Avila se acercaba a su domicilio acompañado por policías judiciales huyó de inmediato a bordo de un vehículo marca BMW.

No obstante, en el lugar dejó abandonado otro automotor de lujo que puso en evidencia la presunta actividad delictiva de Caballero Nava: "En el interior (del vehículo) había una caja que contenía dados de remarque (que se utilizan para alterar los números de serie de automóviles) diversos tipos de herramienta y se notó que un Honda tipo Civic carecía de VIN (placa de identificación), además de que también se encontraron varios folders con distintos documentos (después se supo que eran facturas falsas)", según consta en la averiguación previa SDO/3Ű/049/01-II que integró la PGJM.

De querellante a indiciado

Para Francisco Javier Mayer Avila es claro que "fui víctima de un engaño de la PMM, cuyo fondo era extorsionarme y proteger a los verdaderos integrantes de la banda de robacoches que opera en Morelos con la protección de las autoridades estatales".

El ahora procesado sostiene lo dicho con recortes periodísticos, declaraciones de presuntos delincuentes y documentos ministeriales y judiciales relativos al juicio penal que enfrenta.

Asimismo, relata a este diario lo que considera una historia de "irregularidades e injusticias solapadas por autoridades de Morelos".

Expresa que la noche del 13 de noviembre de 2001 percibió los primeros malos augurios: tardaron horas en aceptarle su querella en la PGJM, y cuando creía que terminaba el "mal día", en realidad "apenas se iniciaba mi infierno".

Recuerda bien su primer encuentro con José Agustín Montiel López, ex coordinador de la Policía Ministerial de Morelos. "Me llamó para informarme que aunque sabía que yo era el que había denunciado los hechos, a él le quedaba claro que cuando alguien anda con homosexuales es homosexual y cuando una persona tiene relaciones con algún sidoso es sidoso. Por tanto, me dijo: usted trató con robacoches, y entonces es un delincuente. Y de inmediato me encarceló en los separos de la PGJM, pero sin orden de detención en mi contra".

La detención, de manera ilegal

Añade que estuvo encarcelado "ilegalmente" varias horas, y lo demuestra a La Jornada con un reporte médico que le realizó (ya en los separos) a las 13:15 horas del 14 de noviembre de 2001 el doctor Apolo Porcayo Ariza, adscrito a los servicios médicos forenses de la Procuraduría de Justicia de Morelos.

Empero, la orden de detención que el Ministerio Público libró en su contra -argumentando que Mayer era presunto responsable de cometer un delito tipificado en el Código Penal de Morelos como "de urgencia", por lo que requería aprehensión inmediata, sin mandato judicial-, que consta en los documentos ministeriales, está registrada a las 13: 45 horas de ese día, es decir, media hora después de que ya había sido privado de su libertad.

Después de pagar más de 50 mil pesos que le pidió Montiel López recuperó su libertad el 15 de noviembre de 2001. Luego todo fueron persecuciones en su contra, las cuales incluyeron intimidaciones a su familia e inclusive "delitos fabricados" a una de sus hijas, a la que en días posteriores la procuraduría le fincó cargos por supuesto tráfico de piezas arqueológicas. "La idea de Montiel era seguirme sacando dinero, y como no accedí continué en su mira. Además, sabía que yo representaba peligro para él, porque ya había descubierto que protegía a los integrantes de la banda de robautos con la que se me involucra", puntualizó.

En cuanto Mayer Avila recuperó su libertad solicitó la protección de la justicia federal mediante una demanda de amparo contra la PGJM, por la que obtuvo una suspensión provisional que supuestamente lo protegería de cualquier orden de presentación y/o detención en su contra.

Sin embargo, el 11 de diciembre de 2001, sin orden de aprehensión o presentación, y en flagrante violación a una suspensión de amparo, Mayer fue detenido por segunda ocasión por elementos de la PMM. Horas después quedó bajo arraigo domiciliario y el 24 de diciembre de ese año el juzgado 18 de distrito en materia penal del Reclusorio Norte emitió en su contra una orden de captura por su presunta responsabilidad en delitos federales considerados graves y sin derecho a libertad bajo fianza.

Mayer Avila es consciente de que le costó muy caro no aceptar la extorsión de Montiel López aquel 11 de diciembre de 2001: "o me pagas ahorita 150 mil pesos o te mando a la PGR para que te refundan en la cárcel. Ahí ya saben de tu asunto, y sólo están esperando mi llamada". Mayer no aceptó y ahora está bajo proceso penal, en espera de sentencia.