José Antonio Rojas

Riesgo de crisis por inestabilidad en el sector energético

En el México de hoy se vive un intenso debate sobre los asuntos energéticos. Ciertamente no comenzó en 1999, a propósito de la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, pero no hay duda de que dicha iniciativa -que en los hechos privatizaba el sector eléctrico nacional- agudizó la discusión nacional sobre estos asuntos tan sensibles para los mexicanos: los de la propiedad y la exclusividad nacionales en la explotación y producción del petróleo y gas natural, y el manejo exclusivo del servicio público de electricidad.

No cabe duda de que luego de más de cinco años de profundización de este debate nacional sobre el tema energético -en algunas ocasiones sobrepolitizado-, se han ido generando condiciones más propicias para el rediseño de una estrategia nacional de energía que, evidentemente, pudiera y debiera -a decir de muchos- tener el consenso de los mexicanos.

Sin embargo, por paradójico que parezca, parece no haber salida a un acuerdo nacional que lo permita. ¿Qué lo impide?

La información publicada por Economist Intelligence Unit en La Jornada arroja algunas pistas para resolver esta interrogante: 1) se han desarrollado algunos avances en un sentido que, sin duda, no cuenta con el consenso de los mexicanos; 2) hay un deterioro creciente, ya no sólo de la disponibilidad cotidiana de combustibles, sino de sus reservas probadas, que exige un reforzamiento sustancial de la inversión en exploración y desarrollo de campos, incluidos ya los de aguas profundas en el Golfo de México; 3) los altos precios del petróleo a lo largo de ya casi cinco años han permitido un flujo fiscal sin precedentes en la historia reciente del país, que ha ocultado e inhibido la necesidad urgente de una reforma fiscal y de un reforzamiento financiero y productivo de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; 4) paradójicamente esta fortaleza fiscal del momento ha servido de coartada para alentar al máximo la participación privada -extranjera, en lo fundamental- en las actividades energéticas, primordialmente a través de dos mecanismos: los contratos con productores externos de electricidad para el servicio público y los contratos de servicios múltiples para producir electricidad; 5) pero también es cierto que esta fortaleza fiscal -sustentada en la apropiación de toda la renta económica del petróleo y de un sobreprecio en algunos energéticos- se ha traducido en una elevación sin precedentes de los precios internos de las gasolinas, de los combustibles industriales y del gas natural.

Estas cinco características, que están bien señaladas por las notas de The Economist, configuran una situación de equilibrio no sólo débil sino altamente inestable, que amenaza irrumpir en una verdadera crisis tanto económica como política. Económica porque los combustibles y energéticos (combustóleo, gas natural, diesel, gasolinas, turbosinas y electricidad) han registrado los precios más altos de su historia reciente y, con ellos, los costos para los consumidores se han elevado de manera significativa, desencadenando un sinnúmero de acciones, sobre todo entre los consumidores industriales, pues el encarecimiento ha mermado su capacidad competitiva en un entorno en el que la concurrencia internacional se ha agudizado. Y política, porque los nuevos esquemas de financiamiento de las industrias petrolera y eléctrica que se han impulsado representan una ruptura con los marcos constitucionales, y han generado un clima de inestabilidad que amenaza desbordarse si el Congreso no lo enfrenta con firmeza.

Lo dramático de todo esto es que -como también se señala en las notas de la Economist Intelligence Unit- para 2015 (que en términos energéticos está muy cercano)- las necesidades de combustibles industriales, de gas natural, de gasolinas y de electricidad son enormes. Acaso no de 7 millones de barriles diarios de crudo y 13 mil millones de pies cúbicos de gas natural, como señala The Economist en sus notas. Pero ciertamente cerca de 5 millones de barriles de crudo, 3 millones de barriles de combustibles industriales al día y 7 mil millones de pies cúbicos de gas natural, sólo siguiendo las tendencias inerciales de consumo de los últimos diez años.

Un panorama así exige, sin duda que lo exige, un acuerdo nacional sobre las bases, condiciones y demandas de este desarrollo, una renovada estrategia para impulsarlo, y una confianza social incuestionable sobre las políticas a seguir.

Muchos pensamos que este acuerdo, esta estrategia y estas políticas son viables sobre la base tradicional del artículo 27 de la Constitución, sin perjuicio de la búsqueda de canales de coadyuvancia privada, y que una reinterpretación cuidadosa e inteligente de los artículos 25 y 28 constitucionales permitiría hacer de las empresas estatales del sector energético, entidades autónomas del Estado, sujetas a una estrategia nacional que también exigiría una redefinición de su condición fiscal y que impulsara ese desarrollo autosostenido y sustentable que tanto urge a la nación, para gozar del empleo y del bienestar social que hoy le faltan.