No le haremos el trabajo sucio a Fox, advierten

Dudas de priístas sobre el desafuero de López Obrador

ENRIQUE MENDEZ ENVIADO

Guadalajara, Jal., 9 de agosto. La bancada del PRI difirió para una reunión especial su postura sobre cómo votará en el juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, y este martes el coordinador de la bancada, Emilio Chuayffet Chemor, convocará al encuentro, que se realizará tentativamente los días 30 y 31 de agosto en Veracruz. Antes de su decisión, los priístas esperan obtener más información sobre el proceso, para que los votos de sus dos diputados en la sección instructora tengan todo el respaldo del grupo.

La resolución -que se tomó a propuesta de Carlos Flores Rico- se debió a que durante el día no se logró una postura única sobre el tema, aunque prevalecieron las opiniones de que el partido y sus legisladores no le pueden hacer "el trabajo sucio al presidente Vicente Fox para quitarle de en medio" a López Obrador, como señaló el diputado Carlos Jiménez Macías.

Además, el dirigente nacional del tricolor, Roberto Madrazo Pintado, sostuvo que el juicio de procedencia contra el jefe de Gobierno capitalino debe resolverse "con legalidad y sin linchamientos políticos".

Ante la falta de consenso, la bancada no comprometió una postura definitiva en favor o en contra del desafuero de López Obrador, e inclusive los discursos de Madrazo y del coordinador de la bancada, Emilio Chuayffet, abonaron a la indefinición del partido sobre este asunto.

Durante la reunión plenaria de la bancada, legisladores priístas comentaron que el proceso en la sección instructora podría retrasarse "entre cuatro y cinco meses", lo cual permitiría una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que el partido se presente como "el verdugo" del perredista.

A esa versión contribuyó el propio Madrazo Pintado, quien señaló que "la pelota la tiene la Corte, porque es un asunto de carácter legal, no es un asunto de política".

Legisladores priístas también consideran que el tricolor en la Cámara de Diputados no puede echarse a cuestas la responsabilidad de votar el desafuero de López Obrador. "Los priístas no vamos a llorar esos muertos, ni a entrar en una guerra que no es nuestra", sostuvo el diputado Alberto Aguilar Iñárritu.

La noche del domingo, diputados del sector campesino se reunieron para analizar -entre otros temas- la postura que los priístas deben adoptar al respecto, y la conclusión fue que no debían secundar al PAN ni a Fox en sus ánimos de deshacerse de un adversario político.

También del lado del sector obrero, el diputado Armando Neyra Chávez confió en que el Partido de la Revolución Democrática "nos convencerá de que no se vote el desafuero. López Obrador es un hombre que trabaja, tiene carisma y tiene futuro. Estamos seguros que Pablo Gómez negociará, él sabe de esto y el cabildeo ha avanzado con el PRI".

Además, los diputados Carlos Flores Rico, Heliodoro Díaz, Héctor Pablo Ramírez Puga y Carlos Jiménez Macías establecieron que si no hay pruebas del supuesto desacato de López Obrador a un mandato judicial, el asunto debe ser sobreseído. "O en todo caso, que se analice al mismo tiempo el juicio político contra el procurador Rafael Macedo de la Concha", consideró Ramírez Puga.

Así que la evaluación general de la bancada se centra en que la única posibilidad de evitar que el asunto llegue al pleno camaral es que, después del análisis jurídico, la sección instructora deseche la solicitud presentada por el Ministerio Público Federal por el caso de El Encino. Ello implicaría que los integrantes de ese órgano legislativo votaran tres a uno en contra del juicio de procedencia, o dos a dos, para declarar un empate y el desechamiento de la petición.

La instructora se integra por un perredista, Horacio Duarte Olivares, que la preside; dos priístas, Rebeca Godínez y Bravo y Cuauhtémoc Frías, y el panista Alvaro Elías Loredo.

Además, el cálculo del PRI es que a las bancadas del PAN (151 diputados) y del Verde Ecologista (17) sólo les haría falta el voto de 83 de los 123 priístas para contar con la mitad más uno del pleno para votar a favor del dictamen de desafuero.

A partir de todo ese panorama, Emilio Chuayffet construyó un discurso en el que presentó las dos caras del caso.

''Ningún argumento -avanzó el ex gobernador mexiquense- justifica la ruptura de la legalidad, como ningún otro justifica esgrimirla en beneficio de la injusticia. Quienes creemos en la legalidad corremos más riesgos que aquellos que la relativizan o de plano la desdeñan.

"Por eso, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional tenemos que buscar distancia por igual del fetichismo jurídico, que sólo busca que la ley no se viole, aunque prevalezca la injusticia, y del relativismo legal, que ironiza sobre la formalidad del derecho mirando como mera minucia la agresión de la ley", afirmó el diputado.

-¿Entonces no se negociará la ley en el caso del desafuero de López Obrador? -se le preguntó.

-Como tampoco debe usarse la ley para perpetuar injusticias. Esto es, ni una ni la otra posición son legítimas para un hombre de leyes. El mensaje fue claro, completo, y que cada quien le dé su propia interpretación.

A ese juego de dos visiones sobre el mismo asunto, pero sin comprometer una sola, contribuyó el dirigente nacional del tricolor, Roberto Madrazo Pintado, quien primero señaló que el Revolucionario Institucional debe atender los reclamos de la sociedad mexicana "de que no se violente el estado de derecho y que no se rompa con la legalidad en aras de supuestas defensas que no tienen que ver más que con protagonismos de carácter personal".

Y más adelante, el tabasqueño defendió que la administración federal debe desistir de la práctica de la "judicialización de la política o la politización de la justicia", porque de otra forma no podrá alejarse el escándalo de la lucha cotidiana de los partidos políticos.

Finalmente, ya por la noche, el diputado por Durango, Pedro Avila Nevárez, del sector campesino del PRI, redondeó: "Claro que no voy a votar por el desafuero, ni les voy a seguir el juego a los locos de la Secretaría de Gobernación y de Los Pinos".