En cinco años han aumentado los agravios a periodistas; cita el caso de La Jornada

Lamenta la CNDH que autoridades socaven la libertad de expresión

En este sexenio se ha intentado que los comunicadores revelen sus fuentes de información Emite recomendaciones a los procuradores de la República y de Justicia Militar, al GDF y a los gobernadores

CIRO PEREZ SILVA

En los pasados cinco años se han incrementado los agravios a periodistas y los actos tendientes a inhibir la libertad de expresión, advirtió ayer el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien destacó que en el sexenio foxista ''se ha manifestado el intento de obligar a periodistas y comunicadores a revelar la identidad de sus fuentes de información'', violando con esto sus derechos humanos y, de forma particular, su derecho a la reserva del secreto profesional.

Luego de enviar sendas recomendaciones a los procuradores general de la República y de Justicia Militar, a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Soberanes Fernández lamentó que reiterados intentos de socavar la libertad de expresión provengan justamente de aquellas entidades responsables de procurar justicia y entre quienes debiera destacarse el pleno conocimiento de leyes y reglamentos, los cuales, de acuerdo con el análisis de la CNDH, ha sido violados por dichas autoridades.

Acoso a este diario

En el caso de La Jornada, relata Guillermo Ibarra Ramírez, coordinador del programa sobre agresiones a periodistas de esta comisión, se prendieron algunos focos rojos, con los primeros citatorios que recibieron reporteros de este diario, y se logró obtener del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, que se enviara una circular a todos los agentes del Ministerio Público para que tal acción no se diera, tratándose de citatorios para que los periodistas revelaran sus fuentes.

Pero posteriormente se ha vuelto a citar a los reporteros de La Jornada hasta en dos ocasiones, y en una no sólo fue el citatorio, sino que llegaron agentes a las instalaciones de este periódico para detener a los comunicadores; las autoridades judiciales entraron al medio de comunicación buscándolos para llevarlos a que rindieran declaración.

Agrega que ''cuando se prenden las alarmas y uno acude a pedir informes a la PGR, se da esta situación que es doblemente preocupante, porque no hay ningún respeto al trabajo del periodista y nos hacen sentir, cuando pedimos una explicación ante esta conducta, que se trató de una ocurrencia o el acto de algún funcionario que no conocía la circular que emitió el procurador, y ofrecen una disculpa muy atenta y aseguran que no volverá a suceder, pero sabemos que sigue habiendo ese riesgo para los periodistas''.

Soberanes precisa, a su vez, que la intimidación por medio de amenazas -verbales, escritas y anónimas-, las agresiones físicas o el daño a bienes de su propiedad son las formas en que se ataca el derecho a la libre manifestación de las ideas de periodistas y comunicadores, y que aumentan en frecuencia e intensidad contra quienes critican y denuncian en forma sistemática actos de corrupción de autoridades y vinculación al narcotráfico.

Las agresiones en contra de la libertad de expresión también alcanzan la actividad que realizan los reporteros gráficos, los que al acudir a cubrir sus órdenes de trabajo, como informadores, resienten con frecuencia agresiones físicas de elementos de seguridad pública, quienes obstaculizan sus labores con el argumento de la salvaguarda del orden y seguridad de las personas.

En respuesta a los 153 expedientes de queja, relativos a agresiones de muy diverso tipo contra periodistas, y a los 335 casos donde se han realizado públicamente actos que pudieran constituir violaciones a la libertad de expresión, la CNDH emitió dos recomendaciones.

La primera, para que se apliquen las medidas administrativas correspondientes a efecto de que los servidores públicos que por su función tengan relación con periodistas sean instruidos respecto de la manera de conducir sus actuaciones, con el fin de garantizarles el derecho a llevar a cabo sus actividades con pleno ejercicio de la libertad de expresión.

La segunda, para que se dicten los lineamientos necesarios para que los agentes del Ministerio Público eviten presionar u obligar a los comunicadores a divulgar sus fuentes.

En su discurso, Soberanes explica que no pasa inadvertido para la CNDH que muchas de las situaciones y hechos referidos, tanto en los expedientes de queja radicados como en los pre expedientes, no se atribuyen expresamente a la responsabilidad de autoridades locales o federales, pues por el tipo de conductas denunciadas muchas veces se desconoce la identidad de quien las origina; sin embargo lamentó que las propias autoridades responsables de perseguir el delito y aplicar la ley sean quienes la violen.

''Pero aquí es doblemente grave por lo siguiente: en México no hay una instancia para que los agentes del Ministerio Público o policías judiciales puedan ser investigados. Son las propias procuradurías las que se encargan de ello y esto es un error craso, porque ellos se vuelven juez y parte. Ellos mismos cometen los delitos y ellos mismos se investigan; evidentemente saldrán exonerados'', lamentó el ombudsman.

Dijo que desde la CNDH han insistido en que sean otras las instancias investigadoras en los casos de violación de la ley por los agentes del Ministerio Público y policías judiciales, porque de otra forma se incurre en un esquema de impunidad.

Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador general de la CNDH, se refirió a las presiones que enfrentan los periodistas cuando difunden alguna información y son citados para que comparezcan ante el Ministerio Público, en principio sin que se les aclare si en calidad de testigos o de indiciados, donde se les somete a un interrogatorio para que den a conocer el origen de la información que difundieron.

''Nos parece que la institución encargada de investigar los delitos en este país tiene recursos y tiene formas legales claramente previstas que le permitirían, con una labor eficaz, poder llegar a la misma información que la tarea de investigación que un periodista ha llevado a cabo. Por ello parece ser que el hecho de que al periodista se le coloque en la disyuntiva de revelar sus fuentes de información o ser considerado encubridor o cómplice de la comisión de un delito es violatorio del marco jurídico mexicano y contrario a los derechos fundamentales que tiene toda persona.''