Bernardo Navarro Benítez *

Taxis piratas

La ciudad de México es una de las urbes del planeta con mayor oferta de taxis, ya que sólo en el DF están registradas entre 103 mil y 106 mil unidades. Por ello en nuestra ciudad el número de ruleteros por mil habitantes supera al de otras grandes metrópolis, como Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Madrid, e incluso Nueva York, famosa por sus numerosos taxis amarillos.

Lo anterior ha provocado en nuestra metrópoli la existencia de una severa sobreoferta del servicio, que redunda en la rentabilidad de la actividad y en que los ruleteros lleguen a circular hasta una cuarta parte de su tiempo "en vacío"; es decir, buscando pasaje. A ello tenemos que sumar los piratas. Las medidas recientes tomadas por el Gobierno del DF contra los piratas han desatado la danza de cifras referentes al número de taxis irregulares; las televisoras han mencionado hasta 40 mil piratas.

Las distintas cifras son especulativas y es necesario partir de datos más certeros. Según análisis del Grupo de Estudios de Transporte de la Universidad Autónoma Metropolitana, se calcula la existencia en el DF de unos 25 mil taxis irregulares, a los que debemos agregar los denominados servicios ejecutivos, que si bien no representan una problemática como los piratas, igualmente son irregulares.

El problema de la sobreoferta y de los piratas es añejo. La sobreoferta se hizo crítica a mediados de los años noventa, cuando las concesiones, que eran 56 mil en 1993, pasaron a 87 mil 499 al final del gobierno de Oscar Espinosa Villareal; es decir, crecieron 55 por ciento en un breve lapso. Esta explosiva expansión respondió a dos procesos básicos. El primero se asocia al corporativismo clientelar persistente en el transporte público de las principales metrópolis mexicanas. Las concesiones comunmente las otorgaban funcionarios del partido oficial como favor político, y en ocasiones económico, que exigía la reciprocidad de los beneficiarios. El segundo proceso, respondía a los lacerantes efectos de las políticas neoliberales sobre el empleo gubernamental y de las empresas privadas, que convirtió a las concesiones de transporte público en una de las pocas opciones de autoempleo disponibles, no sólo para el trabajador lanzado de su ocupación, sino incluso para otros miembros de la familia. La sobreoferta también tiene su explicación en la intermitente legalización corporativa de los taxis irregulares, creándose un recurrente círculo vicioso interminable: irregularidad chantajista retroalimentada por la expectativa de su legalización corporativa-clientelar a cambio de favores mutuos.

Frente a esta realidad de sobreoferta de taxis y mecanismos corporativos de presión para obtener concesiones, el Gobierno del DF emitió el bando 8, donde se establece que no se otorgarán nuevas concesiones, iniciándose las presiones de los diversos grupos de transportistas irregulares corporativos para conseguir concesiones. Lo atinado del congelamiento de concesiones por parte de las autoridades del DF y la lucha contra la ilegalidad de los piratas, es que redundará en favor de la confiabilidad del servicio y seguridad e integridad para la ciudadanía. Asimismo, permitirá equilibrar la oferta con la demanda, beneficiando a los aproximadamente 200 mil trabajadores legales del volante que dependen de las concesiones regularizadas.

Por ello, resulta de crucial relevancia que las autoridades del transporte del DF y el jefe de Gobierno no cedan a las presiones corporativas y clientelares de los distintos grupos. Y también sería de fundamental importancia que las políticas contra los piratas se apliquen en los municipios conurbados del estado de México, donde el corporativismo está muy difundido y la problemática de la irregularidad no sólo es muy amplia, sino también muy aguda y está asociada a severos problemas de seguridad ciudadana.

*Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco