Bajan presupuesto e infraestructura, pero sube la afiliación

Empezó en 1978 la política contra la seguridad social

La viabilidad financiera del instituto, argumento oficial

ANGELES CRUZ

Durante más de dos décadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha visto mermada su estructura solidaria y redistributiva por reformas legales y restricción de beneficios a los derechohabientes, como parte de una política encaminada a transformar el ámbito en cuestión.

El proceso se inició entre 1978 y 1982. El presupuesto del organismo se redujo 38 por ciento y se detuvo el crecimiento de la infraestructura, pese al acelerado aumento en el número de afiliados al organismo, según informes oficiales de la época.

La supuesta viabilidad financiera del instituto es el argumento que desde la segunda mitad de los años 80 han esgrimido las autoridades para justificar los cambios a la ley, por los cuales, entre otros, se individualizaron las pensiones de los trabajadores, se modificó el esquema de las aportaciones obrero-patronales y del Estado, y se ha intentado reducir los derechos laborales de los empleados del Seguro Social.

El mismo discurso pretende, inclusive, servir de base para acotar más en el futuro los beneficios de la seguridad social y establecer, por ejemplo, el copago de medicamentos. Así lo estableció el IMSS en el reporte financiero de 2002.

Al mismo tiempo, la falta de planeación y los errores en los cálculos actuariales, admitidos por el ex director del instituto Ricardo García Sainz, han llevado a que prácticamente con la misma infraestructura se atienda a un creciente número de derechohabientes.

Todo ello se refleja en el evidente deterioro de la calidad de los servicios de salud en las clínicas y hospitales, a cuyo servicio tienen derecho 41.8 millones de mexicanos inscritos en el Seguro Social hasta diciembre de 2003.

Los intentos por "mejorar" la prestación de los servicios del IMSS y "salvarlo" de la insolvencia financiera tienen una larga historia. Desde la década de los 70 -años de mayor crecimiento de la infraestructura- hasta la primera mitad de los 80, el organismo disfrutó de los beneficios de la bonanza económica, la cual se reflejó en la construcción y fortalecimiento de los 10 centros médicos nacionales y la ampliación, entre 1977 y 1982, de 107 mil 757 plazas.

La reducción de 38 por ciento en el gasto destinado a la seguridad social entre 1978 y 1987 es prueba de ello, y más en 1984, cuando el descenso en el presupuesto fue de 22.79 por ciento.

Ya en ese tiempo se observaba un fenómeno paralelo: el crecimiento acelerado en el número de derechohabientes y el estancamiento en la infraestructura hospitalaria. Entre 78 y 87 el incremento de los beneficiarios fue de 85 por ciento. Para 1989 llegó a 94.22 por ciento.

De la misma manera se hizo presente en aquella época lo que hoy es una constante en el discurso del director del IMSS, Santiago Levy Algazi: la disminución de los recursos disponibles por usuario. En el periodo de referencia, el descenso en ese gasto fue de 66.64 por ciento.

Los informes presidenciales y del instituto señalan que en 1988 había 35.5 millones de derechohabientes en el Seguro Social, pero ya hacía más de una década que el número de trabajadores del instituto permanecía en 300 mil (La Jornada, 22/10/89).

La crítica situación financiera y de servicios del IMSS es evidente desde hace más de 15 años. A partir de ahí, varios han sido los intentos por revertir ese panorama, entre ellos, los reiterados proyectos de las autoridades para modificar las condiciones laborales de los trabajadores.

En 1989 el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) protagonizó una de las más grandes movilizaciones de su historia. El entonces secretario general, Antonio Punzo Gaona, tuvo que abandonar el cargo porque firmó con los directivos del IMSS modificaciones al contrato colectivo de trabajo sin antes contar con la aprobación de los agremiados.

En aquel momento, los cambios contractuales pretendían enfrentar el crecimiento institucional con el reordenamiento de la plantilla y la reducción del ausentismo laboral. Así, se instauraron nuevos premios de puntualidad, eliminaron algunos días de descanso (que se compensaron con vacaciones), además de intercambiar uno de los periodos vacacionales por un pago monetario doble. El convenio suscrito por Punzo Gaona a espaldas de los trabajadores incluía la modificación de 12 cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

Durante el primer día de trabajos del 21 congreso ordinario del SNTSS, el líder sindical expuso a los delegados que existía "una dificultad extrema para incrementar sustantivamente el sueldo tabular". A cambio les ofreció "estímulos a la presencia laboral".

Más de la mitad de los trabajadores rechazó la propuesta, a pesar de lo cual Punzo Gaona suscribió el convenio con el IMSS. Eran los días previos al primer Informe de Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, y los tiempos en que la paz social era el valor más preciado. Por eso, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, fungió como mediador en el conflicto entre la disidencia a Punzo Gaona y la dirección general del IMSS.

Tras varias semanas de sesión permanente del congreso, marchas y plantones, los opositores a la reforma lograron la salida del secretario general, así como derogar el convenio signado por él, que inclusive ya había sido depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

En 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo promovió una nueva reforma a la Ley del Seguro Social. El diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de la institución resaltó la descapitalización del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) como el principal argumento para realizar el cambio. Estaba en riesgo, se dijo entonces, la prestación de los servicios médicos a los derechohabientes.

Nuevamente se puso sobre la mesa la precaria situación del instituto y las dificultades que ya enfrentaba para preservar la seguridad social. La iniciativa planteó la necesidad de fomentar el ahorro interno del país, así como reducir el peso de las cuotas obrero-patronales. A cambio, el Estado incrementó su participación, al pasar de 5 a 35 por ciento.

Las voces de académicos y expertos en la materia señalaron que el proyecto llevaba implícita la privatización de la seguridad social y el aniquilamiento de la solidaridad, cimiento sobre el que en 1943 se construyó el IMSS.

La modificación, que entró en vigor el primero de julio de 1997, incluyó la individualización de los fondos de pensiones de los trabajadores de la iniciativa privada. El objetivo, se planteó en aquel momento, era garantizar pensiones dignas a los futuros jubilados y pensionados, lo cual no era posible con el esquema solidario prevaleciente hasta entonces.

Ya en la era foxista, el director del IMSS, Santiago Levy, impulsó nuevos cambios a la legislación, otra vez para mejorar la situación financiera institucional. En diciembre de 2001 el IMSS se convirtió en organismo fiscal autónomo. Los legisladores autorizaron incrementar las sanciones a los patrones que incumplan con el pago de cuotas.

Al mismo tiempo, incluyeron entre las obligaciones legales del instituto la acumulación de reservas financieras y actuariales, así como del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales.

Otra de las medidas contempladas por el Seguro Social para mejorar su situación financiera es la posibilidad de establecer "alguna limitante" a los beneficios médicos o "algún esquema de copago de medicamentos". Por lo pronto, la dirección del IMSS emprende una más de sus batallas para librar al instituto de la insolvencia, ahora con otro intento de modificar los derechos laborales de los empleados.

A decir del instituto, es insostenible la carga económica que representa el pago del régimen de jubilaciones y pensiones del SNTSS. El asunto ha sido analizado y discutido con la directiva sindical desde 2001, con la que se acordó un proyecto de reforma que fue rechazado por los trabajadores en marzo pasado, ya que la modificación significa en los hechos la eliminación de su esquema de retiro aun cuando sólo se aplicase a futuras generaciones.

El conflicto se recrudeció a partir de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, promovida por diputados de PRI y PAN, para desde ahí obligar al IMSS a utilizar sus recursos económicos en la prestación de servicios y no en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. El proyecto fue aprobado el viernes pasado en San Lázaro. Hoy le toca al Senado dirimir el asunto.