A cinco años de que a Paulina se le impidió su derecho a un aborto legal por haber sido violada, sigue pendiente ejercer acción penal en contra de las autoridades judiciales y de salud que impidieron ejerciera ese derecho, escudándose en sus creencias religiosas, por tal motivo, organizaciones civiles demandaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Baja California, donde ocurrieron los hechos, no ha otorgado garantías a las mujeres para que puedan ejercer su derecho al legrado en caso de ataque sexual, criticó Marta Lamas, presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Ha habido desinterés "por juzgar la conducta de los funcionarios cuyos actos entorpecieron el ejercicio del derecho legal que tenía Paulina舡, señaló Lilián Sepúlveda, integrante del programa internacional del Center for Reproductive Rights, durante la presentación del cuaderno Paulina cinco años después, editado por Gire. Paulina del Carmen Ramírez Jacinto fue violada por dos sujetos que entraron a robar a su casa en Méxicali, Baja California, en julio de 1999. Ella tenía 13 años de edad. Solamente uno de los dos violadores fue encarcelado. Sepúlveda, expresó la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vele por que los gobiernos de la región - incluido México- reconozcan los vacíos en sus procedimientos legales en cuanto a garantizar el acceso a los servicios de aborto legal en caso de violación. Informó que en nuestro país las violaciones ocupan el séptimo lugar entre los delitos cometidos y en un año han sido sentenciadas 2 mil 736 personas por esta causa; el estado de Baja California ocupa el cuarto lugar en ataques sexuales cometidos en contra de las mujeres. Tanto Sepúlveda como Lamas, destacaron la importancia de que la Anticoncepción de Emergencia (AE) no sólo se contemple en la Norma Oficial de Servicios de Planificación Familiar, sino que se proporcione como una herramienta fundamental para prevenir un embarazo no deseado en caso de violación y criticaron que a pesar de lo ocurrido con Paulina, la AE no se esté proporcionando en los ministerios públicos, no sólo de Baja California, sino de todo el país. La escritora y periodista María Teresa Priego, pidió se haga justicia para Paulina, porque ella es víctima tanto del abuso sexual, como de la negligencia de las autoridades. La CIDH, señaló, tiene que ayudar a Paulina, ofrecerle a ella y a su hijo las oportunidades de una vida digna y defenderla desde el espacio de la legalidad. Por su parte, Víctor Manuel Martínez Bulle Goyri, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó que el caso de Paulina es visto en la comisión como un asunto cerrado de 舠cumplimiento insatisfactorio舡. Las violaciones a los derechos humanos
y sexuales de Paulina demostraron "lo ilusorio de la igualdad ante
la ley y evidenciaron, dramáticamente, las desigualdades reales
de una sociedad clasista舡, dijo por su parte el ex subprocurador
de los Derechos Humanos en Mexicali, Federico García Estrada. Alan Arias, investigador del organismo nacional de derechos humanos, mencionó que el problema suscitado con Paulina tiene diversas lecturas: la pobreza, agravada por la falta de información, la violencia contra las mujeres y la debilidad del estado de derecho y de las instituciones de procuración de justicia, así como de los organismos de defensa de derechos humanos. (Aleyda Aguirre) |