Persisten deficiencias en investigación ? Sólo 25 millones de pesos para
apoyo a familiares de mujeres asesinadas Hay descoordinación e ineficiencia de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en la investigación del feminicidio, además de poca colaboración con la PGR, señaló el subprocurador de Derechos Humanos de esta área de gobierno, Mario Alvarez Ledesma, durante la comparecencia de la Fiscal Especial para los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina, en la Cámara de Diputados. Además, ante la preocupación por el rumor de la 舠posible dimisión de la fiscal舡, manifestada por la senadora Leticia Burgos y las diputadas Eliana García y Marcela Lagarde, integrantes de las comisiones especiales del Senado y la diputación para dar seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Alvarez Ledesma aseguró que esos son sólo rumores y que en la PGR no se tienen planes de destituirla. Lagarde expresó su molestia porque en la comparecencia la fiscal reiteró que en los 21 casos de homicidios analizados junto con la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) no hay evidencias de que éstos sean resultado de asesinatos seriales: "no se presentaron características o patrones conductuales similares". Es necesario, puntualizó, que las áreas encargadas de las investigaciones tengan perspectiva de género "porque no es un adorno sino una especialización sin la cual no podemos entender lo que está pasando". Alvarez Ledesma señaló su desconfianza respecto a las autoridades de Chihuahua, toda vez que, denunció, la PGJCH no les entregó los expedientes de los asesinatos relacionados con el narcotráfico: "Lo preocupante es que en casos en que hubo delincuencia organizada, los expedientes no nos fueron remitidos". La fiscalía ha encontrado a siete mujeres reportadas como desaparecidas en menos de seis meses, informó, pero en la PGJCH no se ven avances, dijo. La policía municipal es "deficiente" y no alcanza a cubrir las necesidades de la población. Se le solicitó, continuó, iniciar una averiguación previa por un caso de tortura y a la fecha no se ha iniciado y los jueces han pedido la reparación del daño para las víctimas y no se ha cumplido. López Urbina anunció que se destinarán 25 millones de pesos para la creación de un fideicomiso de apoyo a los familiares de las mujeres asesinadas. Lagarde criticó dicha cantidad, pues señaló que no era posible que mientras Luis Pazos desvió 30 millones de pesos a Provida, a estas personas, víctimas de la violencia que ejerce el Estado contra las mujeres, se les den unos cuantos pesos. Tampoco han podido deslindar responsabilidades, agregó Alvarez Ledesma, a los 81 funcionarios que la PGR tiene enlistados por haber actuado con negligencia u omisión en torno al feminicidio de Ciudad Juárez. "La fiscal ha tenido serias dificultades para que estas responsabilidades se cumplan. Es capital que los diputados y senadores nos apoyen en este punto. La PGR no tiene facultades legales para obligar a la procuraduría estatal, pero sí podemos políticamente presionar", explicó. La posición del subprocurador irritó a la senadora Leticia Burgos y a algunas diputadas, quienes le señalaron, que su crítica a la PGJCH "abona la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema de justicia". Sin embargo, Lucha Castro, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que los familiares de las juarenses asesinadas ya no le creen a nadie, ni al gobierno federal, al local o al estatal, porque no hay avances sustanciales y hay una parálisis en las investigaciones de la fiscalía: 舠Ustedes nos han fallado, hasta nos quieren convencer de que el feminicidio es un espejismo", manifestó disgustada. Adriana Carmona, integrante de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la secundó: acusó a la PGR y a la PGJCH de sostener un "amasiato para justificar que la única causa de los crímenes es la violencia intrafamiliar". Exigió se investiguen los casos de tortura contra quienes presuntamente participación en los crímenes. En conferencia de prensa previa a la comparecencia de López Urbina, Carmona había señalado que posiblemente las organizaciones civiles de derechos humanos pedirían la remoción de la fiscal por la falta de resultados en los 14 casos de homicidios y desapariciones que tiene a su cargo. Sólo se ha dedicado a hablar de las actuaciones de la PGJCH, lo que no le corresponde. La abogada denunció que la fiscalía tenía identificado a uno de los presuntos responsables de la desaparición de una joven, contaba con la declaración de una sobreviviente de secuestro, quien relató las circunstancias en que fue capturada, amenazada y torturada. "Era una línea de investigación que debió seguirse rápidamente舡. De acuerdo con la fiscal, la PGR tiene conocimiento de 295 casos de mujeres asesinadas, de los cuales las dos terceras partes (63.38 por ciento) han sido judicialmente resueltos. De los primeros 50 expedientes analizados, se desprenden siete averiguaciones previas en las que existen elementos para justificar la intervención directa de la PGR. De un total de 4 mil 454 mujeres desaparecidas, entre 1993 y 2004, se han encontrado 4 mil 413, por lo que quedan 41 casos vigentes. (Aleyda Aguirre) |