Presentación
|
|
La necesidad de cuidar el ambiente sin violar derechos humanos, sin desplazar a los campesinos e indígenas, crea un complicado cuadro que involucra a poderes estatales, federales y trasnacionales, y a campesinos que hasta ahora no han sido consultados ni involucrados en un plan de manejo no autoritario sino consensuado. La complicación del asunto tienta a las autoridades del estado y el país a darle al caso una salida policiaco-militar, en "última instancia".
I. Nace una reserva
El 23 de noviembre de 1998 apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que Ernesto Zedillo declaró "Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas" a una extensa área (155 mil 122 hectáreas) que abarca terrenos en los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez.
Foto: Yaxkin Restrepo |
Al gobierno veracruzano le correspondía promover la expropiación, a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la ejecución de la misma, de manera que los terrenos pasarían en propiedad al gobierno estatal y, en la práctica, éste los entregaría para su administración a una asociación civil que se llama "Custodios de la Selva", integrada por instituciones como la Universidad Veracruzana, el Instituto de Ecología AC e incluso la UNAM, que formó parte de ella desde el rectorado de José Sarukhán, a fin de promover que ésta asociación se constituya en auxiliar del Ejecutivo estatal en la Reserva de los Tuxtlas, según el decreto de Miguel Alemán Velasco publicado en la Gaceta oficial del estado el 31 de noviembre de 2003.
La ejecución del decreto de expropiación le corresponde al fondo Fifonafe, el cual, se supone, pagaría a los afectados no sólo sus terrenos, sino incluso un "pequeño pago por bienes distintos a la tierra". Por ley, este fondo debería vigilar que el uso de los terrenos fuera el que aparece como motivo de la expropiación. Puede, después de cinco años, si comprueba que no se ha cumplido el fin para el que se expropió, revertir la expropiación y hacer que se devuelvan las propiedades a sus originarios poseedores.
Las autoridades estatales dan por hecho que ya expropiaron y que pagaron 2 mil pesos por hectárea. El proceso es distinto según la versión de ejidatarios de Península de Moreno, Miguel Hidalgo, El Mirador y Nuevo México, quienes aseguran que no han sido expropiados. Algunos de ellos se han amparado, mejor dicho lo han intentado, pero las autoridades les han negado el amparo o le han dado la razón al gobierno estatal y a la SRA.
Después de más de cinco años, comunidades y ejidos siguen viviendo y produciendo en terrenos que el decreto considera zona de amortiguamiento de la reserva. Incluso una comunidad, Nuevo México, conformada por indígenas popolucas, está en el núcleo. Ante la posibilidad de que las comunidades logren la reversión de la expropiación, lo cual han intentado sin éxito, el gobierno del estado trabaja a marchas forzadas tratando de que, en un plazo de diez años, los campesinos hayan sido desalojados y la reserva esté deshabitada.
II. Encuentro
Los Tuxtlas, junto a Playa Escondida
Foto: Michael Calderwood |
Por ello asistimos al Encuentro sobre la Problemática Agraria, Social y Ambiental en Reservas de la Biosfera y Reservas Campesinas en México, los días 16 y 17 de abril de 2004 en el ejido Península de Moreno, municipio de Catemaco, Veracruz, convocado por diversas agrupaciones ejidales, comunidades indígenas y organizaciones defensoras de la cultura, el ambiente y los recursos naturales. El encuentro se dio en el marco del aniversario del asesinato de Emiliano Zapata y el Día Internacional de Lucha Campesina.
En la convocatoria, los organizadores explicaron cómo se han decretado decenas de áreas naturales protegidas y reservas de la biosfera, pero ha existido "una tensión constante entre visiones y concepciones extremas. Por un lado, un conservacionismo puro e impuesto. Por el otro, la explotación indiscriminada de los recursos".
Además, se señala que: "En el proceso de creación, los habitantes de los poblados incluidos (en el área decretada como reserva) y expropiados no fueron consultados ni tomados en cuenta para la elaboración del proyecto. Por lo que se privilegió la conservación de los recursos naturales de este reducto de selva, dejando a los pobladores fuera del proceso de creación".
Lo anterior, agregan los convocantes, ha derivado en irregularidades que hoy crean conflicto. Por ejemplo, la presencia de políticos y líderes con intereses ajenos a los ambientales, la posesión de tierras expropiadas, la falta de un plan de manejo de la reserva y uno propio de cada poblado. Estos y otros factores han limitado el funcionamiento de la Reserva de Los Tuxtlas, si nos atenemos a los fines que le dieron origen.
Ante ese diagnóstico, el encuentro propuso como objetivos: a) "Poner en común y hacer pública la problemática agraria, social y ambiental que enfrentan los pobladores de las reservas, así como las estrategias implementadas por los campesinos", y b) "Consensar una posición conjunta en torno al manejo y a la vida dentro de una reserva, que integre el bienestar humano y el cuidado de los recursos naturales".
Participaron en esta discusión pobladores de la Reserva de los Pantanos de Centla en Tabasco; integrantes de Xi' Nich (La Hormiga) que habitan en la Reserva de Montes Azules en Chiapas; representantes de ejidos y poblados que están en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas: Península de Moreno, Adolfo López Mateos, Miguel Hidalgo, El Mirador, Nuevo México, Úrsulo Galván, El Mangal y Pajapan; campesinos de Los Chimalapas en Oaxaca; la Red Tabasqueña ante el Neoliberalismo; el Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, así como integrantes de organizaciones campesinas e indígenas.
En varias mesas de trabajo se expusieron los problema en que se hallan ejidatarios, campesinos e indígenas de estas y otras zonas del país. El encuentro concluyó la tarde del 17 de abril con una marcha por el centro de Catemaco y la lectura de un pronunciamiento colectivo en defensa del derecho a la tierra, la vida y el medio ambiente sin exclusiones, apelando al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los Acuerdos de San Andrés, y sobre todo a la trayectoria de lucha indígena, campesina y popular en la historia de México.
En las entidades del sureste, otra vez, los campesinos e indígenas estorban a los planes del capital, que ayer los expropió y exilió en lo que entonces se consideraba una zona inhóspita e inservible, y que hoy, a la luz de los nuevos descubrimientos tecnológicos, se ha vuelto codiciado botín para empresas que buscan agua, minerales, fuentes de energía y, sobre todo, diversidad genética y biológica. Ahora las empresas van tras todo lo que pueda ser materia prima para la industria mundial.
Los campesinos de Los Tuxtlas, se denunció en el encuentro, tienen prohibido incluso voltear a mirar la palma camedor, que crece silvestre y también puede cultivarse, y más prohibido aún recoger leña o hacer milpa, incluso trabajar en los potreros les está vedado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es muy diligente persiguiendo campesinos como a delincuentes, en compañía de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), según campesinos del lugar que han sido detenidos y liberados y otros sobre los que penden órdenes de aprehensión y la amenaza de ir a detenerlos, si hacen "milpa". Pero en cambio, cultivadores privados de palma camedor, advierten los campesinos, usan plaguicidas, contaminando la laguna sin que nadie los moleste.
III. Los campesinos no somos delincuentes
"Nosotros tenemos familia que mantener, tenemos hambre y, como todo ser humano, necesitamos trabajo para sobrevivir", razonó Esteban Hernández Mateo, del ejido Nuevo México, y comentó que están amenazados con órdenes de aprehensión varios de sus compañeros.
"Primero dijeron que nos iban a reubicar, pero luego dijeron que como es imposible encontrar terrenos para los 38 campesinos que estaban viviendo ahí, con 380 hectáreas, más 20 hectáreas de la zona urbana, pues serían 400. Se dijo que nos darían esas hectáreas, verbalmente, porque nunca ha habido un papel. Se comprometió de palabra el asesor del subsecretario de gobierno, Francisco Guízar Hernández, el pasado mes de febrero en el ayuntamiento del municipio de Soteapan. Como no hay tierra les ofrecen otro poco más de dinero."
Los pantanos de Centla Foto: Patricio Robles Gil |
"ƑCómo vamos a vivir y cómo vamos a mantener a nuestras familias? cuestiona Esteban. Ellos lo dicen, claro, porque están a sueldo del gobierno y no les hace falta nada, son asalariados que cobran quincenalmente y nosotros que somos campesinos si no trabajamos la tierra nadie nos va a decir: quincenalmente te vamos a ir pagando. Nosotros (sólo) si trabajamos comemos, como campesinos, no estamos viviendo a costillas del gobierno, estamos manteniendo nuestra familia con nuestro propio esfuerzo, no tenemos ningún tipo de programa."
"Tuvimos las órdenes de aprehensión, incluso estuvieron dos compañeros detenidos el 24 de noviembre, pero salieron, porque no hubo prueba de lo que los acusaban. Nos acusan de que nosotros habíamos hecho el cambio de uso de suelo pero, vaya, nosotros ignoramos eso."
"Todo fue una trampa que nos pusieron, porque como quien dice un bien con un mal se paga. Llegando ahí, la Profepa, con un compañero, lo encontraron y lo agarraron de guía: 'Enséñeme dónde trabajan', y cuando llegaron donde estaban los trabajadores, luego le dijeron: 'Firme aquí', ya le preguntaron su nombre y le exigían que firmara, para que lo citara la PGR. Traían hasta perros y todo eso, bien protegidos ellos."
"Yo pienso que nosotros como campesinos no somos delincuentes. Para qué nos traen perros y policías y todo eso, si quieren hacer una investigación, nosotros somos gente pacífica y no hace falta la policía. Trabajamos para mantener nuestra familia."
"En este tiempo, el gobierno ya va en contra del campesino, no de la delincuencia. Uno está luchando por mantener nuestra familia y nos prohíben y nos hacen parar en un instante que 'aquí ya no pueden trabajar', para eso están los directores de la reserva". Se refiere al ingeniero José Antonio González Azuara, director de la Reserva Los Tuxtlas.
Sobre las órdenes de aprehensión, el campesino popoluca pidió "que el gobierno se desista de esas demandas, porque entró ya la AFI tres veces, y así nos amenazan de que van a entrar ahora por helicóptero. No les tememos ni tampoco vamos a ir con violencia contra ellos. Somos gente de paz, y mientras no debemos, nada tememos, y a qué le vamos a temer, si no hemos hecho un crimen, simplemente estamos trabajando para el bienestar de nuestros hijos."
Con una organización incipiente, los afectados se ven avasallados en medio de zonas corporativizadas por el oficialismo priista de Antorcha Campesina, que tiene influencia en Soteapan. Denuncian engaños de los directivos de la reserva, se quejan particularmente del director, Antonio Azuara. Les dijeron que no los expropiarían ni privarían de derechos, pues el decreto de reserva era sólo limitativo, en aras del medio ambiente. Les entregaron una "ayuda" de 2 mil pesos por hectárea; cuentan que jamás se ofreció ni como pago de compra-venta ni como indemnización, sino como apoyo "para que protejan el monte". Después les dijeron que ya habían sido expropiados y el dinero recibido era la "indemnización".
En pláticas sostenidas en Acayucan, Catemaco y San Andrés Tuxtla, les dijeron que les podían dar cinco hectáreas por campesino, luego les ofrecieron el doble, pero finalmente les confesaron que no les pueden dar tierra, sino dinero. Les han hecho ofertas de mil 500 pesos por hectárea desmontada, sin contar las hectáreas de monte que las comunidades reclaman como suyas.
IV. Los campesinos somos parte de la humanidad
De aquella primera visita a Catemaco, guardamos impresiones generales sobre Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. "Las autoridades manejan mañosamente la ley", nos dijo un campesino del ejido Mirador, Pedro Guerrero Losada, escarmentado por la manera en que el decreto de declaración de la reserva fue convertido por Antonio Azuara, la Profepa, la PGR y la AFI en expropiación "por causa de utilidad común" y en un proyecto de expulsión de ejidatarios y comunidades campesinas veracruzanas.
Pedro Guerrero hablaba desde la experiencia del Encuentro de Reservas de la Biosfera. En el zócalo de Catemaco, nos dio su punto de vista el 17 de abril: "La Reserva de la Biosfera sirvió para todo, menos para proteger la naturaleza. Aquí sirvió para desviar recursos y dárselos a hermanos de los funcionarios públicos del sistema. Sirvió para pagar en forma fraudulenta, tratando de engañar al campesino. Hoy sabemos en la práctica, con este foro, que sí podemos revertir esta situación y, en su momento, llegar a que la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas sea una realidad, pero en manos de los ejidatarios".
"Nos fuimos a un amparo, el magistrado nos dice que no se nos priva de derechos, que nuestros derechos sólo son limitados y, en base a todo eso, se recibe la cooperación que supuestamente nos daban y resulta que es una expropiación. Pero, para recibirla nosotros, primero ellos le dirigen oficios al tribunal agrario, para decirle que en ningún momento se nos va a privar de derechos; entonces, en base a la aclaración, nosotros aceptamos la indemnización, que venía siendo, digamos, para que siguiéramos defendiendo la naturaleza, pero de lo contrario, de no haberse dado esa resolución, que ellos no han respetado, jamás hubiésemos tomado un centavo. Por eso estamos en la situación de la reversión y, así se tarde el tiempo que sea, la vamos a lograr."
"Si alguien ha procurado que se conserven y protejan las selvas han sido los ejidatarios, no los funcionarios públicos, porque éstos nunca salen de su escritorio." Lo tiene claro el entrevistado. "Conocemos perfectamente bien la montaña, sabemos lo que se puede hacer, sabemos en qué forma aprovechar nuestros recursos naturales, reforestar en forma gradual los terrenos que tenemos despejados, para que el campesino siga viviendo, pero viviendo bien, con programas y proyectos para vivir."
"Nosotros no queremos limosnas del gobierno, queremos desarrollarnos propiamente y desarrollar la Reserva de la Biosfera, porque es fundamental para la humanidad. Y nosotros somos parte de esa humanidad, no para que nos echen para afuera porque no servimos", enfatizó Guerrero Losada.
La discusión del problema de la expulsión y expropiación de los campesinos de diversas áreas naturales redescubiertas por el capital como verdaderas minas de riqueza, biodiversidad, masa biótica, recursos genéticos, pasó del inicial y tímido "que valoren bien nuestro terreno" a planteamientos como la "reserva ecológica campesina".
Por años, los campesinos de Los Tuxtlas han vivido ahí, han cultivado la tierra y cuidado la montaña a su manera. Hoy la propaganda oficial los pinta como depredadores, ignorando la influencia caciquil, los negocios madereros y ganaderos que medraron con Los Tuxtlas y empobrecieron a los más enriqueciendo a unos pocos.
La criminalización de la pobreza, el trabajo y la vida campesina fueron narradas por los campesinos de Los Tuxtlas y escuchadas con atención por sus pares de otros estados del sureste. Fueron analizados colectivamente los problemas del reparto de tierra, donde se privilegia a caciques, empresarios más ricos y ganaderos; los conflictos sociales y la división que fomentan los programas de gobierno, los famosos "proyectos", además de los partidos y las religiones; la problemática de una naturaleza devastada por la voracidad de taladores de madera, ganaderos, empresas públicas (como Pemex) y privadas (como las farmacéuticas que buscan sustancias activas); los monocultivos, que han esclavizado la mano de obra indígena y mestiza en diversos periodos de la historia campesina del sureste, en el café, la caña de azúcar, el hule y ahora en las palmas camedor y africana, que crean fiebres como la del oro, hundiendo regiones enteras en la dependencia, la pobreza, el hambre y la sujeción política.
V. La declaratoria
|
"No se nos han respetado nuestros derechos de consulta, decisión y derechos establecidos a las poblaciones campesinas e indígenas en donde se han decretado reservas de la biosfera y áreas naturales protegidas."
"Somos los pueblos campesinos e indígenas los que siempre hemos cuidado de las tierras que habitamos y de las que somos dueños, y que el cuidado de la biodiversidad existente siempre ha dependido de nosotros."
Denuncia, asimismo "el uso indiscriminado del término 'causa de utilidad pública' para pretextar la expropiación, el desalojo de nuestras tierras, con la finalidad de imponer megaproyectos que benefician a trasnacionales, como en los casos de la Reserva de Montes Azules en Chiapas, la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas en Veracruz, Reserva de los Pantanos de Centla, Tabasco".
"El desconocimiento y negación de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en los Acuerdos de San Andrés y en el Convenio 169 de la OIT para proteger y garantizar las tierras y los territorios de los pueblos indígenas."
"Las autoridades han privilegiado la 'reubicación', autodenominada de 'pacífica', de campesinos e indígenas como una forma disfrazada del desalojo en áreas de reserva, por considerar que la conservación no es posible con los pueblos indígenas y campesinos, aún cuando éstos son quienes las han conservado hasta nuestros días."
"En la defensa de nuestros derechos hemos sido amenazados y reprimidos, desde la existencia de órdenes de aprehensión, fabricación de delitos, desalojo, encarcelamiento, muerte y provocación de divisiones en el tejido social comunitario, hasta la situación actual en que el gobierno ha propiciado la confrontación directa entre indígenas y campesinos, como son los casos de la Reserva de Montes Azules en Chiapas, y en Los Chimalapas entre Oaxaca y Chiapas. Recordamos que situaciones como esta última dieron origen a grupos paramilitares responsables de innumerables atrocidades."
Y convoca a "luchar por el pleno reconocimiento y respeto de los derechos indígenas, humanos, agrarios y ambientales de los campesinos e indígenas del país, que también buscamos la conservación de las selvas, bosques, humedales, desiertos, ríos y lagos para el desarrollo y soberanía propios del país."
"Llamar al Segundo Encuentro de Comunidades en Reservas de la Biósfera y Campesinas, que deberá llamarse 'en Defensa del Territorio y nuestros Recursos', para dar seguimiento a los acuerdos de este primer encuentro."
Foto: Yaxkin Restrepo
|
VI. La negligencia
Con esa primera aproximación del caso y el compromiso de regresar para ir a otros ejidos, regresamos a Xalapa. En contraste con la diligencia de la Profepa, la PGR y la AFI para perseguir a los campesinos de Los Tuxtlas, incluso usando perros para evitar que hagan milpa, la Profepa no ha sido capaz, en más de un año, de aplicarle la ley al ayuntamiento de Xalapa que, tras deforestar varias hectáreas de bosque mesófilo de montaña, o bosque de niebla, construyó un 'relleno sanitario' en El Tronconal, dejando miles de toneladas de basura y sus lixiviados en una cuenca hidrológica que alimenta al río San Juan, se pierde en un resumidero y desemboca en la cuenca del río Actopan.
El agua contaminada ha afectado a comunidades de Xalapa como El Tronconal y Chiltoyac, y del vecino municipio de Jilotepec, como Paso San Juan y Paso San Antonio. No obstante, el delegado estatal de la Semarnat, Francisco Moreno Quiroga, dice que la manifestación de impacto ambiental es un documento precautorio, pero una vez hecho el relleno, ya no tiene caso pedirla. Y el delgado estatal de la Profepa, Manuel Molina Martínez, simplemente se declara incompetente para clausurar la obra y exigir que se remedien los daños al bosque.
VII. Otra vez en Catemaco
El regreso a Los Tuxtlas fue hasta junio siguiente. Caminando con campesinos de Miguel Hidalgo y Península de Moreno por pastizales hasta la orilla del monte, y dos días después con los de la Sierra de Santa Marta, desde Santa Marta precisamente hasta Nuevo México, en lo que se considera zona núcleo de la reserva, intentamos un mayor acercamiento al problema.
Campesinos de Miguel Hidalgo alegan que ellos no han vendido, que no han sido expropiados, que cuando les dieron 2 mil pesos, mediante engaños les hicieron creer que era un apoyo económico para que cuidaran la selva y no hicieran desmontes nuevos, cosa que ellos han cumplido, al menos en lo que pudimos observar en un recorrido de varias horas por la zona.
Ejidatarios de aquí incluso nos mostraron un documento en el que les negaron el amparo contra la expropiación y contra el decreto de Zedillo por la razón de que estaban 'interpretando mal' el documento y que la Reserva no implicaría la expropiación ni la pérdida de derechos, sino solamente su reglamentación con fines de conservación ambiental.
Ahora Antonio Azuara, director de la reserva, simplemente les dice que esos documentos no sirven y que se vayan olvidando de sus tierras. La estrategia para hacer cumplir la expropiación incluye el ofrecimiento de proyectos productivos, como cultivo de hortalizas o ecoturismo, que vayan alejando a algunos campesinos de su idea de seguir siendo campesinos y de sembrar maíz u otros cultivos no deseados por el gobierno.
Los campesinos ven esto como una estrategia para dividirlos, pues nunca les ofrecen un proyecto que incluya a todos los ejidatarios, sino 300 o 500 mil pesos para un grupo de 10 o 20 personas que, según denuncias expuestas públicamente en Miguel Hidalgo, a veces llenan las listas incluyendo a la esposa y los hijos del que recibe el financiamiento o a pobladores que no son ejidatarios.
Platicamos con varios campesinos y caminamos por los potreros hasta la orilla de donde tienen sus terrenos ejidales, muchos de ellos en el monte o al menos acahuales. Dos estudiantes de la UNAM, Tajín Fuentes y una joven colombiana, les fueron a preguntar qué pasa con los proyectos productivos y qué pedirían ellos para resolver el conflicto. A lo que los campesinos contestan que ellos quieren seguir siendo campesinos, que si recibieran un proyecto productivo con financiamientos sería sólo que no se los condicionen a aceptar la expropiación.
Cuentan que las invitaciones a distintos proyectos que les hizo la doctora Luisa Paré no tuvieron eco suficiente en Miguel Hidalgo precisamente por eso, porque les quieren hacer aceptar proyectos que implican renunciar a sus derechos por sus tierras en el monte. Por eso ahora desconfían de todo aquél que les llegue a preguntar información o a ofrecer algún nuevo proyecto. Genéricamente identifican a esos extraños como "biólogos" y consideran que dividen a las comunidades para fortalecer la posición del gobierno.
Recuerdan que, en una de las distintas ocasiones que representantes de la reserva han platicado con ellos, les ofrecieron indemnizarlos con mil 500 pesos por hectárea, solamente lo desmontado, sin contar sus propiedades en el monte, pero ellos lo consideran sumamente injusto. Explican que solamente un árbol grande, de unos mil 500 pies cúbicos de madera, vale unos 4 mil pesos, así que mil 500 pesos no sólo no pagan una hectárea de tierra, no pagan ni un árbol.
Además, les han dicho que los fondos que maneja el Fifonafe son de recursos que aportó el Banco Mundial (BM), por lo que sospechan que ya les llegaron a ellos sumamente trasquilados. Las versiones que corren como rumor entre los campesinos son de cantidades estratosféricas (2 mil dólares por hectárea, un ejemplo) que el BM habría dado por indemnizar, de manera que los ofrecimientos que les hacen simplemente les parecen una burla y un insulto.
VIII. El Banco Mundial
En la otra punta del estira y afloja por la tierra y por la biodiversidad, el Banco Mundial flexibiliza sus criterios de cuidado del ambiente y del impacto social de sus inversiones. Un comunicado de prensa de la Internacional Rivers Network y del Bank Information Center del 9 de julio de 2004 informa: "El Banco Mundial aprobó un préstamo de inversión de 108 millones de dólares que financiará una serie de proyectos de infraestructura en el estado mexicano de Guanajuato. Para este proyecto, el BM acordó hacer a un lado sus propias políticas ambientales y sociales de protección para basarse en las leyes y procedimientos mexicanos, muchos de los cuales no alcanzan los estándares del BM. Es el proyecto piloto de una nueva estrategia para los países de recursos medios que el BM está preparando".
Bruce Jenkins, director del Bank Information Center, anota: "El Banco Mundial está abandonando a las comunidades que pueden ser dañadas por los proyectos financiados por el BM, para facilitar mayores préstamos a sus prestatarios. Es un compromiso inaceptable."
En carta enviada a cada miembro del Consejo del Banco Mundial, grupos de la sociedad civil expresan sus preocupaciones por los cambios propuestos y concluyen: "Apoyamos una consolidación de estándares y capacidades sociales y ambientales nacionales, pero nos opondremos a cualquier medida que debilite las políticas de protección del BM, y la responsabilidad del Banco Mundial en el cumplimiento de estas políticas. Recomendamos fuertemente que el consejo de directores posponga una discusión sobre el proyecto experimental de México hasta que haya tenido la oportunidad de discutir una versión revisada de la estrategia del BM para los países de recursos medios. Se han adoptado las políticas actuales de protección basándose en la consulta extensa con la sociedad civil internacional. Por lo tanto, cualquier propuesta de cambio que afecte estas políticas debe ser hecha pública, para que sea discutida de manera significante por la sociedad civil antes de que se presente al consejo de los directores."
Suscriben la protesta: Peter Bosshard, International Rivers Network (USA); Gustavo Castro Soto, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), México; Shripad Dharmadhikary, Manthan Adhyayan Kendra, India; Manana Kochladze, Red de CEE Bankwatch, Georgia; Ashish Kothari, Kalpavriksh, India; David Ugulor, Red Africana para la Justicia Ambiental y Económica (ANEEJ), Nigeria... y 180 firmas más.
IX. Algunas dudas
En Los Tuxtlas y en el estado de Veracruz hay demasiadas cosas que no quedan claras en esta historia, desde: a título de qué administrarían este tesoro natural los "Custodios de la Selva AC", hasta Ƒqué papel está dispuesta a jugar la Sedena en el caso de Nuevo México de la Sierra de Santa Marta?, donde viven indígenas popolucas, y a donde grupos de decenas de militares han hecho ya algunas "visitas".
A nadie se le ocurrió, antes de hacer el proyecto, preguntarle a los campesinos si quieren dejar de ser campesinos, y parece que el plan de la reserva es obligarlos a que dejen de serlo, Ƒpara que sean en el futuro guías de turistas "ecológicos", empleados de Custodios de la Selva? No obstante, los ejidatarios han contestado a su modo, quedándose a vivir y trabajar, aun bajo constantes presiones para que desistan. Ellos consideran que pueden trabajar y cuidar el monte al mismo tiempo, pero parece que los Custodios de la Selva creen que sólo ellos pueden cuidar Los Tuxtlas. ƑLa diferencia es el BM, el gobierno del estado, la Semarnat, la PFP? Entre tantos "defensores de la naturaleza", parecen haber decretado que sólo los campesinos no pueden cuidarla.
X. Popolucas en Nuevo México
Uno de los casos más complejos para quienes pretenden hacer de la reserva de Los Tuxtlas un área libre de campesinos y de ejidatarios es Nuevo México, porque está en la zona que definieron como núcleo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.
Cascada de Eyipantla
|
Al igual que los ejidos de Catemaco, como Miguel Hidalgo, Miradores y Península de Moreno, los indígenas popolucas de Nuevo México consideran que no han sido expropiados, reivindican su propiedad comunal o ejidal sobre la tierra, y no están dispuestos a vender o a ser desplazados como propone el Decreto de la Reserva de la Biosfera promulgado por Ernesto Zedillo cuando gobernaba Veracruz Patricio Chirinos, y que ahora los gobiernos de Vicente Fox y Miguel Alemán Velasco tratan de cumplir.
El gobierno alemanista es una administración que va de salida, incluso han renunciado a sus puestos para ser candidatos priistas varios de los secretarios que participarían en el plan a marchas forzadas para cumplir, con más de cinco años de retraso, el decreto zedillista, con la expropiación y desplazamiento de ejidatarios, campesinos, indígenas y pobladores de la selva para que pase a la administración de la gubernamental Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y la aparentemente no gubernamental -aunque estrechamente vinculada al gobierno- asociación civil Custodios de la Selva.
Al poblado rural Nuevo México se entra por Santa Marta. Desde La Ventana, como llaman a una parte alta que sirve de panóptico, se mira el caserío blanco en medio del verdor de los pastos para ganado y del monte. Apenas llegando a Soteapan, oye uno hablantes de popoluca, como todas las lenguas indígenas, salpicado de palabras en castellano además de los nombres propios, sobre todo coloquialismos y altisonancias.
Antes de tomar camino al monte, en el caserío de Santa Marta, nos llama don Mauricio, nos pregunta si vamos a ir a Nuevo México, saluda al reportero y a los campesinos que lo acompañan y pide que apoyen a los compañeros de Nuevo México, algunos son sus parientes. Nos enseña un papel que le dieron en la época de Carlos Salinas de Gortari, muchos campesinos recibieron títulos de propiedad en el salinismo, incluso muestra una copia a lápiz e incompleta de un viejo mapa donde se marcan los límites de Santa Marta, y recuerda el señor Mauricio, muy claro, cómo el presidente Echeverría les dijo que las tierras son suyas, que eso estaba firmado en México y nadie les puede decir lo contrario.
El viejo campesino ya ha tenido problemas con militares, a quienes él les ha impedido acampar en su terreno, que van a preguntarle enojados qué siembra. Al igual que los campesinos inconformes del lado de Catemaco, hay campesinos enojados en Santa Marta con los investigadores universitarios -con la colaboración de entidades como el Proyecto Sierra de Santa Marta AC, la Semarnat, la UNAM, Global Environmental Facility, el Instituto Nacional de Ecología y la Fundación Rockefeller- que llegaron desde 1995 a pedirles información, a involucrarlos en proyectos ecológicos con hortalizas que, se suponía, les merecerían recursos en dinero, dinero que dicen no haber visto llegar jamás a pesar de haber participado sembrando hortalizas y plantando especies nativas. Luego del decreto de reserva y expropiación, vieron a esos mismos investigadores defender la reserva, y lo consideran como una traición. Don Mauricio me dice que a esos señores no los quieren ver por la Sierra -parece que ya no van por ahí, mandan a estudiantes jóvenes del Proyecto de la Sierra de Santa Marta.
El camino de Santa Marta a Nuevo México, de bajada en la mayor parte, se hace en unas dos horas y media a pie, el regreso es más cansado porque es de subida. Los indígenas popolucas que llegaron en los años sesenta a poblar el lugar cuentan que no encontraron monte virgen, ya antes los caciques de la zona habían desmontado mucho para vender la madera, así que no son ellos quienes han hecho llegar al nivel que actualmente tiene la deforestación de Los Tuxtlas.
No obstante, ahora reciben las visitas de la Profepa y la PGR-AFI, e incluso de militares que les piden un lugar donde quedarse. Éstos les preguntan: "ƑQuerían secuestrar a los de Profepa? šUstedes son muy cabrones!" Los campesinos contestan que cómo iban a secuestrar a funcionarios rodeados de policías judiciales. La lógica de los soldados no cede: "Por algo venían escoltados por judiciales, porque ustedes son muy cabrones".
Lo que sí los campesinos son respondones. Cada vez que los funcionarios les dicen que ya los expropiaron, que las tierras ya no les pertenecen, que les dieron 2 mil pesos por hectárea, que no pueden ya hacer desmontes, ni sembrar ni tocar nada, les responden apelando a sus viejos títulos -aunque al parecer los indígenas popolucas no tienen papeles, a diferencia de los demás ejidos-, y su argumento es hiriente al orgullo de los funcionarios: "Ustedes están asalariados del gobierno; nosotros no, nosotros tenemos que cultivar el campo para darle de comer a nuestras familias."
No están armados, sólo cuentan con una herramienta de trabajo universal en los campesinos, sus machetes, que son eso, herramientas. Contestan a quienes les dicen que ya están pagados y que se vayan "voluntariamente", o les ofrecen un poco más de dinero para que se vayan. En el caso de este ejido Nuevo México, los amenazan con traer órdenes de aprehensión, con helicópteros de la PGR o el ejército a detenerlos por el delito de cambio de uso de suelo sin permiso de la Semarnat. El mismo delito, exactamente, por el que Profepa no puede hacer nada contra el ayuntamiento de Xalapa y la empresa Mexicana de Medio Ambiente que deforestaron una zona de bosque mesófilo para poner un tiradero de basura en una cuenca hidrológica.
Algunas de las intervenciones de los señores más grandes y las mujeres, son en idioma popoluca y luego resumidas por un traductor. En medio de casitas de madera, en una chocita que sería el módulo de salud, donde se hallan unas bolsas con medicamentos mínimos, platicamos con los novomexicanos.
Algunos de ellos ya nos habían visto unos meses antes en Península de Moreno, cuando asistieron al Primer Encuentro de Reservas de la Biosfera organizado por los campesinos afectados de Los Tuxtlas, con apoyo de MAIZ Veracruz y MAIZ Tabasco. Nos comentan que los militares les dicen amenazantes: "Ya sabemos que se están organizando con los de Península y los de Miguel Hidalgo..."
ƑQué piden esencialmente estos campesinos? Quedarse en sus tierras, que los dejen trabajar, que les aseguren jurídicamente sus propiedades. Hace poco, en el Diario del Istmo, pidieron que se fueran los militares. En el momento de nuestra entrevista ya se habían ido, por el momento.
En definitiva, la lógica del BM, el gobierno de Vicente Fox y el de Miguel Alemán es distinta a la de los ejidatarios, y no se dio la mediación que podría haber operado, cambiarles sus tierras por otras tierras aptas para cultivo, por ejemplo, o pagarles una cantidad menos injusta que las que dicen haberles pagado (2 mil pesos por hectárea). Al parecer, lo que los funcionarios no han podido hacer negociando con los campesinos de igual a igual -y a algunos campesinos no parece intimidarles el aura de funcionario-, pretenden dejárselo a la fuerza pública.
Hace falta escuchar las voces de los campesinos. La combinación de presión judicial -en lo legal y policiaca- con la estrategia de dividirlos dando a algunos capacitación para sembrar hortalizas o probar el ecoturismo, no los convence. Una respuesta típica es la que dio Jorge -según él mismo cuenta- a una investigadora. Él, comisariado ejidal en Miguel Hidalgo, cuando le propusieron hacer una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), esto es, que reforestara tierras de pastizal: "Sí, hacemos la UMA en el monte. No aquí. Si reforestamos todo, Ƒdónde vamos a sembrar?, Ƒde qué vamos a comer?".
Todas las estrategias, desde los proyectos "ecológicos" hasta las visitas de los militares, apuntan a un solo lugar: obligar a los campesinos a entrar al mercado. El mismo mercado que propició antes la tala, y que ahora presiona a los campesinos e indígenas de toda América Latina a salir de sus tierras, porque en ellas hay biodiversidad, madera, minerales, tierra, agua, especies explotables de todo tipo.
Muy extraño se antoja que el mismo BM que baja los estándares de protección ambiental para las transnacionales sea "verde", ecologista, ambientalista, en zonas muy localizadas como Los Tuxtlas, Los Chimalapas, Centla, Montes Azules. Y más extraño es que el mercado no pueda entrar pacíficamente, que tenga que hacerlo con un poquito de ayuda de sus amigos: la Sedena, la Policía Federal Preventiva, la PGR-AFI, la seguridad pública de los estados.
La reducción del problema excluyendo y expulsando a los campesinos hace sospechosa la intención de que entidades privadas, empresas, consorcios pretendan hacerse con Los Tuxtlas, dando una cara de sociedad civil a través de un grupo como Custodios de la Selva, amparado en el prestigio académico de sus miembros.