Caso "injurias al rey"

Archiva juez querella del PP contra líder vasco

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de julio. Roberto Sáiz, juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, decidió archivar una querella criminal por "injurias al rey" presentada por el Partido Popular (PP) contra Javier Madrazo, dirigente de Izquierda Unida-Esker Batua y consejero de Trabajo del gobierno vasco.

Esta resolución, concretada el miércoles anterior, podría significar un antes y un después en la joven democracia española tras 26 años de historia, que sigue considerando institución pública "intocable" a la corona española y a la figura del rey Juan Carlos I, que ha estado exenta de críticas de dirigentes políticos y de los medios.

El origen de la polémica se remonta al 13 de abril del 2003, cuando en un acto de homenaje a la República Española Madrazo reclamó al monarca un posicionamiento sobre la guerra de Irak y la participación del anterior gobierno del derechista José María Aznar, a pesar del rechazo mayoritario de la sociedad.

El líder vasco señaló entonces que el "silencio" del rey Juan Carlos "demuestra el carácter antidemocrático de la monarquía".

Añadió que "esperaba de los Borbones que se hubiesen sumado a la condena mayoritaria, ya que les pagamos palacios, yates, viajes a esquiar y montar a caballo, por lo que no habría estado de más que por una vez abandonasen sus ocupaciones y compartiesen con la sociedad su preocupación".

Esta afirmación provocó la indignación del gobierno de Aznar y del PP, que se ma-terializó en una querella criminal por el presunto delito de "injurias al rey y a la fa-milia real", que, menos de un año después, fue archivada por el juez al considerar que esas afirmaciones se enmarcan en "el derecho a la libertad de expresión".

Una sentencia que, según Madrazo, significa el final de la idea de que "el rey Juan Carlos y la monarquía son intocables".

Sáiz explicó en su auto que si bien las declaraciones son "agrias y de mal gusto", éstas "son proferidas por un dirigente político y en un acto político concreto".

El magistrado también sostuvo que la polémica afirmación se pronunció "en relación con un acontecimiento de indudable interés general y de notoria actualidad en la fecha que se refieren estas actuaciones, al vivir toda la sociedad un proceso de conmoción como consecuencia de la guerra".

El juez defiende que "la libertad ideológica no se debe recortar ni ha de tener más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".