Orlando Delgado Selley

Distribución del presupuesto

El acuerdo entre el gobierno federal y los bancos para sustituir los pagarés Fobaproa por títulos de deuda pública ha permitido que se conozcan las verdaderas dimensiones del ''rescate'' bancario. Los funcionarios involucrados aceptaron lo que se sabía: el ''rescate'' mexicano es uno de los más costosos en la historia, al sumar un billón 215 mil 589 millones de pesos, equivalentes al 18 por ciento del producto interno bruto (PIB), a 83 por ciento del presupuesto federal de 2003, a 172 veces los recursos asignados a seguridad pública el año pasado. Puede abundarse en comparaciones internacionales, como comprobar que resultó más costoso que el Plan Marshall, puesto en marcha para reconstruir Europa después de la segunda Guerra Mundial.

El monto es escandaloso. Pero el escándalo mayor es que los bancos rescatados no han cumplido con su función de intermediación entre el ahorro y la inversión desde que comenzó la crisis bancaria en 1994. Durante esos 11 años, las empresas han tenido que funcionar sin contar con el respaldo del crédito bancario. Sin embargo, la rentabilidad de los bancos no ha sufrido por esta decisión de abandonar la operación crediticia. Por el contrario, la información de los españoles Santander y BBV da cuenta de que sus filiales mexicanas resultaron las más rentables el ejercicio fiscal pasado. Ello se explica por tres razones: la primera es el cobro de los intereses de los pagarés Fobaproa, la segunda es el volumen de las comisiones cobradas por los diferentes servicios bancarios y la tercera es el pago recibido por operaciones a través de tarjeta de crédito.

Los pagarés Fobaproa se establecieron tomando como referente los Cetes, de modo que se mueven como la tasa a la que se colocan esos papeles. Comparados con los rendimientos que pagan los bancos a los ahorradores hay un diferencial significativo. Por ello, decir que -como ha hecho el secretario de Hacienda- los bancos perdieron por la reducción de las tasas de interés, tiene el propósito obvio de engañar. Sabemos lo que se ha pagado de intereses por esos pagarés desde la intervención gubernamental de 1995: 483 mil millones de pesos. Estos ingresos para los bancos no representan costo alguno, de allí su conveniencia que explica, entre otras consideraciones, lo atractivo del negocio bancario mexicano para los extranjeros.

En coincidencia, se ha puesto a discusión y es probable que sea aprobada por las bancadas del PAN y del PRI una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social. El fondo de esta propuesta, como ha mostrado García Sáinz, es permitir que el Congreso determine anualmente los recursos destinados a las jubilaciones y pensiones en el proceso de aprobación de todo el presupuesto. Frente a una propuesta presupuestal por definición insuficiente, dada la incapacidad gubernamental para presentar una reforma fiscal equitativa, resulta obvio que los trabajadores del IMSS tendrán que batallar todos los años. Los banqueros no lo hacen. Tienen entre sus gestores a las más altas autoridades hacendarias, de modo que siempre se incorporan los intereses de los pagarés Fobaproa que intentar hacer deuda pública para que ya ni siquiera aparezcan separados de la deuda interna global.

Así las cosas, quienes construyen el presupuesto que se entrega a los diputados consideran prioritario atender los compromisos derivados de la intervención gubernamental para contener la crisis bancaria. La amenaza de que no hacerlo significaría que esas inversiones abandonaran al país, resulta inverosímil. En cambio, la certidumbre de que se va a castigar a los trabajadores del Seguro Social, ya que no se cuentan entre las prioridades macroeconómicas de este gobierno y de su aliado estratégico, el PRI, no detiene a legisladores incapaces de entender que lo principal de su cometido es garantizar las condiciones de vida de los grupos mayoritarios de la población.

La escala de prioridades presupuestales indica la valoración que las autoridades tienen de sus compromisos. En la discusión política pueden decirse muchas cosas, plantear que el combate a la pobreza es fundamental, que se busca atender con los programas sociales a un número cada vez mayor de mexicanos. Pero lo cierto está en los recursos que se asignan. Las prioridades que no tienen respaldo presupuestal son simplemente demagogia. Por eso bien puede decirse que para el gobierno federal, al contrario del lema de ''por el bien de todos, primero los pobres'', ellos sostienen que ''aunque castigue a todos, primero los ricos''.

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