No se logró consenso para endurecer la ley contra el secuestro exprés

Comisión de diputados aprueba pago a quienes ayuden a liberar a plagiados

También se autorizó que el registro de vehículos regrese a control del Estado

ENRIQUE MENDEZ

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer cuatro dictámenes, entre ellos uno referente a la entrega de recompensas a quienes proporcionen información que ayude a las autoridades a liberar a víctimas de secuestros y capturar a los responsables. No logró los votos necesarios para que la privación momentánea de la libertad (ilícito con sentencias menores conocido como plagio exprés) fuera tipificado como delito con penas carcelarias de 20 a 40 años.

La propuesta sobre las gratificaciones, presentada por el diputado Jorge Uscanga Escobar, presidente de la comisión, establece que "en el caso del secuestro la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las víctimas y la aprehensión de los delincuentes", con lo cual se pretende estimular la participación de la ciudadanía en el combate al plagio.

Dicha disposición se adicionaría como segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Aunque el objetivo de la fracción priísta era presentar un dictamen para tipificar el secuestro exprés como delito, con el propósito de proporcionar al Ministerio Público un instrumento legal para combatir ese tipo de ilícitos, desde la noche anterior diputados de PRD y PAN dieron a conocer su voto en contra.

Por otra parte, el pleno de la comisión dictaminó la minuta del Senado con proyecto de decreto, enviado por el jefe del Ejecutivo, que deroga la Ley del Registro Nacional de Vehículos y determina su sustitución por la Ley del Registro Público Vehicular, con lo cual el registro de automotores, la expedición de matrículas y el control de la base de datos en todo el país regresaría a control del Estado.

En las consideraciones expuestas por la comisión se resalta que el manejo del registro vehicular en el país por particulares no ofrece garantía de seguridad jurídica en la posesión, venta y control de los automotores en territorio nacional, y destaca que "el tránsito en las fronteras obliga a contar con un sistema de registro capaz de detectar el origen y destino de todos los vehículos que circulan en el territorio nacional para garantizar la seguridad".

La comisión también aprobó un dictamen que integra a uno de sus miembros y a uno de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tendrán únicamente derecho a voz, con el objetivo de vincular al Poder Legislativo con las políticas, estrategias y acciones de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Para ello se planteó una adición a la fracción 9 del artículo 12 de la Ley General de Seguridad Pública, la cual establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por último, el pleno de la comisión dictaminó una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 13 de dicha ley, para incluir a la "conferencia de secretarios de seguridad pública o sus equivalentes" como instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de propiciar el intercambio de experiencias e información entre los titulares en esa materia de las diferentes entidades de la República.

Los dictámenes serán turnados a la Junta de Coordinación Política, en la que los coordinadores decidirán si son incluidos en el periodo extraordinario de sesiones.