Rechazó recomendación sobre la muerte de indígena

Cuestiona el ombudsman resistencia de la PGJDF

Preocupa injerencia en procedimientos de la comisión, dice

SUSANA GONZALEZ G.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió el rechazo a otra de sus recomendaciones. Esta vez fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la dependencia que se negó a aceptar la quinta recomendación de este año, referida a la muerte de un adolescente mazateco, quien pese a tener 15 años de edad fue enviado por el agente del Ministerio Público al Reclusorio Varonil Oriente, donde murió luego de una pelea con otros internos.

Para la PGJDF, según la comisión, "las violaciones a los derechos humanos del menor Felipe García Mejía no son causa suficiente que justifique la emisión de una recomendación, debido a que el asunto se atendió bajo los lineamientos que la propia CDHDF indicó".

La respuesta, suscrita por Margarita Espino del Castillo, subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la procuraduría capitalina, provocó la siguiente reacción: "A la CDHDF le preocupa la tendencia alarmante y sistemática de la PGJDF para tratar de interpretar las facultades que por ley son expresamente conferidas a este organismo, al pretender señalar cuándo emitir una recomendación y los parámetros bajo los cuales deba hacerse".

Al mismo tiempo, la comisión consideró que la procuraduría "contraviene" el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 12, referido a la observancia, respeto y atención de las recomendaciones por las autoridades, y en general servidores públicos capitalinos sobre los derechos humanos establecidos en las leyes mexicanas.

La citada recomendación fue emitida el 24 de junio pasado y es la más amplia en la historia de la CDHDF, porque fue dirigida a cuatro dependencias de la administración capitalina por el encarcelamiento del indígena menor de edad, misma que también fue rechazada por la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y falta la respuesta de las secretarías de Salud y de Gobierno.

Desde ese día, el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, hizo severos señalamientos al considerar que "hay un fenómeno de reincidencia" en el Gobierno del Distrito Federal contra los derechos humanos y, en lo que pareció una alusión a la PGJDF, también advirtió que había "resistencias instaladas en algunas dependencias y no podemos aceptar que se pongan en duda las atribuciones de la comisión. Hay una actitud sistemática de estarse oponiendo a ciertas intervenciones, nos preocupa que en el caso de algunas autoridades del Distrito Federal vemos focos de resistencia".

Para la comisión es de llamar la atención que la procuraduría exprese su preocupación por salvaguardar los derechos de los indígenas y menores de edad, cuando persisten múltiples quejas de ciudadanos contra dicha institución, principalmente por la falta de atención y la discriminación.

También desestimó la interpretación de la PGJDF de que el caso fue previamente atendido y los funcionarios involucrados ya fueron sancionados, pues asegura que ello ocurrió a instancias de que la CDHDF tuvo conocimiento de las inconsistencias legales y porque se solicitó la intervención de la Contraloría Interna de la procuraduría.

Agregó que también se evidencia "el desconocimiento del marco legal -como lo es el Acuerdo a/10/03 emitido por el procurador Ggneral de Justicia-, el cual establece los lineamientos para la actuación de los agentes del agentes del Ministerio Público que conozcan de una averiguación previa en la que se encuentre detenida o involucrada una persona indígena, acuerdo que tuvo su origen en la recomendación 8/2002."