| México D.F. Lunes 26 de julio de 2004
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
Puerta abierta a la impunidad
 Guerra sucia: el beneficio del olvido
La justicia ultrajada
LA OPINION era generalizada. En los más
importantes círculos de opinión se sabía que la consignación
de los autores intelectuales y materiales de las atrocidades perpetradas
durante el periodo de la guerra sucia encontraría en la acusación
por genocidio una puerta abierta a la impunidad.
NO OBSTANTE, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto
decidió que ese era el delito y, a decir verdad, hubo mucha gente
que confió en la honestidad de un juez para acompañar la
visión del fiscal y por fin se hiciera justicia sobre uno de los
periodos más oscuros de la historia de México.
ERAN BUENAS intenciones, deseos, nada más,
de cerrar con justicia un capítulo que generación tras generación
se carga con todo el peso del oprobio y se reclama como el factor indispensable
para situar al país en el terreno cierto de las libertades.
¿QUIEN PUEDE sentirse libre si sabe que
sus acciones de protesta contra la injusticia serán castigadas al
margen de la ley y sus ejecutores quedarán siempre impunes? ¿Qué
democracia puede construirse con un Poder Judicial corrupto? ¿A
qué democracia se le puede encajar el olvido de la historia?
SABEMOS, A fin de cuentas, por el juez segundo
de distrito, Cesar Flores, que los ex funcionarios y los militares a quienes
se pretendía juzgar son homicidas, lesionaron a sus adversarios,
obstruyeron la ley y abusaron de la autoridad, pero reciben de la ley,
en manos del juez, el inmenso beneficio del olvido.
QUIZA ES lo que se buscaba. Tal vez la clasificación
del delito fue intencionalmente encaminado a la improcedencia y fuimos
testigos del montaje de otra farsa que entraña, en su escenificación,
la salvaguarda de intereses que pronto, sin duda alguna, saldrá
a la luz para hacer aún más pesada la carga de la deshonra
que se vive desde hace más de tres décadas.
SERA EL colmo enterarnos mañana que la intención
de buscar justicia sirvió de entramado para ligar a la cadena de
delitos otros actos, que ahora se podrían llamar crímenes
políticos, donde lo legal será un simple enunciado.
EL PAIS se halla en estos momentos en manos de
quienes sólo han abierto nuevos cauces a la desigualdad. Desde la
locura capitalista de cancelar las obligaciones del Estado para con sus
ciudadanos, se levanta el hacha para degollar al Instituto Mexicano del
Seguro Social.
ASESINAR UNA institución que en el régimen
actual de jubilaciones restituye, en algo, los años de servicio
a un patrón, busca, sin miedo y sin conciencia, ahondar las desigualdades
e invalidar, desde luego, los muy pocos ámbitos de democracia que
se tienen en el país.
JUNTO A esa injusticia se mantiene, también,
la posibilidad de llevar al desafuero al jefe de Gobierno de la ciudad
de México, en otro acto que cercenará, por injusto, las libertades
ciudadanas para escoger a un nuevo gobernante.
BIEN DEMOSTRADO está que sería un
exceso de la ley llevar a la cárcel al gobernante del Distrito Federal,
y parece increíble que se use una razón ¿legal? después
de conocer hasta dónde puede llegar la impunidad con un grupo de
homicidas.
LOS DOS casos, tanto el del IMSS como el del jefe
de Gobierno, parece que fueron la moneda de cambio con la que transaron
el PRI y el PAN para dejar libres sus intereses.
HASTA AHORA esta idea no es mas que un rumor que
nace de la certeza de que la justicia no se hace para los sin-poder, y
en muy poco tiempo esa amenazante percepción podría tomar
forma de verdad para señalar que los acuerdos entre iguales -PRI
y PAN- diseñan nuestro futuro sin el menor temor a la historia.
¡Viva la democracia!
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