Antonio Gershenson

Política y rectivación económica

Hace tres semanas empezamos a comentar un primer proyecto de programa económico, esbozado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal en el Foro de The Economist. Continuamos ahora con la intención de presentar y comentar un esquema todavía básico, pero congruente.

Señalamos en esa ocasión que el planteamiento parte de que, por su importancia estratégica y su papel en la economía, el impulso al sector energético sería clave para la reactivación de la economía nacional. Y esta última ha estado prácticamente estancada durante las dos décadas recientes, debido a la política económica aplicada.

El planteamiento que comentamos agrega que estos cambios, más de fondo, se tardarán un tiempo en hacer sus efectos sobre la economía del país. Mientras, la forma inmediata que se propone es reactivar la industria de la construcción, que utiliza materiales que se fabrican en el país, genera empleos y consume, precisamente, energéticos aquí producidos. Pero no se trataría simplemente de darles trabajo: con esa labor se estarían construyendo la infraestructura y las obras públicas que el país necesita. También se buscaría aprovechar el efecto que tiene esta obra pública como detonante de inversiones privadas. En casos como Reforma, la inversión privada, detonada o asociada, ha sido 10 veces mayor que la pública.

La mayor parte del área de la energía es del ámbito federal; y la política rural sólo tendría aplicación muy localizada y limitada en el Distrito Federal. Pero la industria de la construcción sí tiene muy amplia actividad en esta entidad federativa. De ahí que este planteamiento, hecho por el jefe de Gobierno capitalino, tenga una importancia adicional: ya se ha puesto en práctica. Las grandes obras viales terminadas y en curso, hospitales, edificios para las preparatorias y para la Universidad de la Ciudad de México, y la renovación de Reforma hasta el Centro Histórico, son hechos que respaldan el planteamiento que se propone para el ámbito nacional.

El tercer planteamiento es precisamente rescatar del abandono al campo y a sus pobladores. Sin esto, no sería viable el proyecto nacional de crecimiento con equidad. Por un lado, fortalecer las actividades productivas del campo, y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Por una parte, se fortalece el mercado interno; por otra, se cuenta con productos exportables. Y en la medida en que se impulsa la agroindustria aumentan la productividad y la disponibilidad de alimentos y otros insumos, contribuyendo a que se obtengan a mejores precios.

Hay casos en los que la inversión pública incide al mismo tiempo en la situación del campo. Por ejemplo, la puesta en operación de grandes distritos de riego (Ƒhace cuánto que eso no se hace?) crea fuentes de trabajo, apoya la actividad agropecuaria y hasta puede generar energía.

Las vertientes de aplicación de estos planteamientos básicos, que deben interactuar y no manejarse como proyectos aislados, son múltiples. Por ejemplo, si para nuevas instalaciones del sector energético se emplean técnicas intensivas en mano de obra (como pala y pico para excavaciones), se genera empleo local, se permite una acción común entre la entidad pública y la población local, y se da lugar a proyectos no sólo económicamente atractivos sino socialmente útiles.

ƑCon qué medios? Esta intervención que comentamos no llega a ese punto; pero podemos mencionar algunos casos que se han dado en el Gobierno del Distrito Federal, como la eliminación de monopolios que existían con el extinto Departamento del Distrito Federal y que permitían "concursos" con el ganador asegurado y altísimos precios. Esas medidas iniciales representaron ahorros muy importantes, en adquisiciones y en obras. El uso de personal propio, donde fuera posible, en vez de obra contratada, fue otro ahorro. Y ha habido muchos más, racionalizando el uso de los recursos y con otras medidas.

En otros casos, las obras, o adquisiciones de gran volumen, se han llevado a cabo a cambio de contraprestación de servicios, sin necesidad de pago en efectivo. A veces no sólo intervienen en las obras los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, sino vecinos beneficiados por las mismas (pintura de fachadas, por ejemplo).

En realidad, los niveles de derroche que se han observado en algunas instancias federales son muy superiores a casos "chicos" como los mencionados. Habrá que estimar, en cualquier intento de planeación, el efecto de la eliminación de los mismos; pero no se les debe subestimar. Un solo dato: en números redondos, el costo de extracción de un barril de petróleo de exportación es de tres dólares. Y, también en números redondos, se vende al exterior en 30 dólares. ƑQuién se queda, y cómo usa, la diferencia? Esos 27 dólares de ganancia que deberían constituir una renta para la nación y emplearse de manera no sólo transparente sino aprobada en detalle por el Congreso de la Unión, equivalen, para la primera mitad de 2004, a casi 20 mil millones de dólares, o bien a más de 220 miles de millones de pesos. Un nuevo tren de refinación de petróleo, que eliminaría las importaciones de gasolina y otros refinados y permitiría exportar este tipo de productos, tiene un costo del orden de 3 mil millones de dólares, pero repartidos en dos o tres años.

Así, resultaría aventurado descartar de antemano la viabilidad económica de este proyecto. En su momento, al afinar cifras, se podrá comprobar un esquema que lo sea.