La condena, basada en documento falsificado: el galeno

Cuarenta años de prisión a médico líder de sindicato disidente de FSTSE

FABIOLA MARTINEZ

El médico Antonio Sánchez Arriaga, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Salud, integrado por empleados adscritos al Hospital General de México, fue sentenciado a 39 años ocho meses de prisión, acusado de fraude genérico por 450 mil pesos.

Por esta razón, el dirigente de la primera organización disidente en el sector salud, ámbito controlado desde los años 80 por el actual líder de la burocracia, Joel Ayala Almeida, fue encarcelado desde el pasado 9 de febrero, exactamente un mes después de que la autoridad laboral otorgó registro a ese sindicato (toma de nota), luego de cuatro años de lucha.

En un escrito redactado desde la prisión, Sánchez Arriaga aseguró que su firma fue falseada en un documento que la titular del juzgado 42 de lo penal, en el Reclusorio Norte, tomó como sustento para emitir la sentencia.

El implicado, quien desde el momento de recibir la toma de nota advirtió que emplazaría a huelga en el nosocomio referido por la firma de contrato colectivo y pugnaría por la destitución del director del mismo, Francisco Higuera Ramírez, sostuvo que en el proceso y la sentencia en su contra existen severas irregularidades, derivadas de su posición política sindical.

Agregó que los abogados de los demandantes pertenecen al equipo jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), entre ellos Antonio García, así como el subdirector de Vigilancia del Hospital General de México, Luis Emilio Hidalgo y Rubio.

"Los interesados en mantenerme preso son los promotores del corporativismo y los enemigos de la libertad sindical", señaló Sánchez Arriaga en su escrito.

A su vez, los familiares y compañeros del acusado alegan que mientras a ellos se les ha negado la exposición de sus argumentos y la comunicación directa con los responsables del caso, "los abogados enviados por la FSTSE se codean y son recibidos personalmente por agentes del Ministerio Público y jueces".

Afirman que en los cinco meses que el galeno lleva preso "se le ha negado todo recurso para obtener su libertad", aun cuando los defraudados han reconocido que no entregaron dinero a Sánchez Arriaga, sino a una mujer debidamente identificada, la cual hasta el momento no ha podido ser ubicada físicamente, es decir, se encuentra en calidad de prófuga.