Gobernación se lava las manos en el conflicto agrario

Desalojan de Agua Grande a comuneros de Xalatlaco

Participan en la operación unos mil efectivos de la PFP y de la SSP

Creel responsabiliza de la situación a los gobiernos del DF y Edomex

Acuerdos institucionales que no se cumplieron, aprehensiones momentáneas y un enfrentamiento que no se llegó a dar, es el saldo que dejó el despliegue de unos mil efectivos policiacos en el paraje de Agua Grande, ubicado en los límites del estado de México y el Distrito Federal.

Si bien los grupos que se disputan el predio -comuneros de Xalatlaco y de San Miguel y Santo Tomás Ajusco- no han logrado ponerse de acuerdo en las mesas de diálogo, ayer coincidieron en que hace "falta voluntad política de las autoridades para resolver el problema".

El lunes pasado, pobladores de Xalatlaco ingresaron en la zona conocida como Las Truchas -acceso a Agua Grande-, con el argumento de la suspensión provisional que otorgó la juez tercera de distrito en materia administrativa a una determinación judicial que reconocía la propiedad a los pobladores del Distrito Federal.

Ayer por la mañana, dos notarios públicos, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), Marcelo Ebrard, y el comandante Francisco Arellano, encargado de las fuerzas especiales desplazadas por la Policía Federal Preventiva (PFP), acudieron al lugar para exhortarlos a retirarse. Indicaron que el amparo no les permitía tomar posesión del predio.

En un principio las 15 personas que se encontraban en Las Truchas accedieron a la petición; sin embargo, minutos después cambiaron de parecer y algunos de ellos se amarraron a troncos.

No obstante, el acuerdo que establecía que sería la PFP la encargada de vigilar el paraje, elementos de la SSP-DF realizaron el desalojo. Cinco personas fueron subidas a la panel GOO318 de la policía capitalina.

Minutos antes Ebrard aseguró que los detenidos serían entregados a la policía del estado de México; sin embargo, esto no sucedió y se les dejó en libertad a 400 metros del punto donde fueron asegurados. En menos de 10 minutos los detenidos ya habían regresado a Las Truchas.

Simultáneamente, el representante legal de los mexiquenses, Rafael Ruanova, se vio involucrado en un zafarrancho con elementos del cuerpo de granaderos y el director regional de la SSP en la zona sur, Genaro Vázquez, ordenó su detención y presentación ante la agencia 23 del Ministerio Público.

Seis horas de tensión se vivieron a partir de este momento, el enfrentamiento entre policías y pobladores era predecible y la presencia de efectivos, que en un principio era de 600 (300 de la SSP e igual número de la PFP) aumentó considerablemente con 200 elementos de la Unidad de Protección Ciudadana y otro tanto de la Policía Bancaria e Industrial.

Primero dispersos, luego juntos, los comuneros amagaron en varias ocasiones con romper los cercos policiacos, al final anunciaron una marcha para hoy al Zócalo.

En tanto, los habitantes del Ajusco se mantían atentos a lo que ocurría en Agua Grande. En grupos hacían rondines de vigilancia y planeaban la estrategia a seguir en caso de que los de Xalatlaco invadieran el predio.

Con radios y televisiones portátiles, los labriegos siguieron cada paso de sus opositores. Aseguraron que el problema "tiene tintes políticos y se agrava por la tardanza de las autoridades" para emitir la resolución que ponga fin al conflicto.

Deslinde federal

Por otra parte, en un deslinde de responsabilidades en el conflicto de Agua Grande, Santiago Creel afirmó que la Secretaría de Gobernación, que es la "instancia política", le corresponde exhortar a las diferentes partes a reanudar el diálogo, mientras que a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal, y a la Policía Federal Preventiva les toca resguardar el orden, pues son ellos los que tienen el "control policiaco".

El funcionario, encargado de la gobernabilidad del país, señaló que los tribunales también tienen su parte de responsabilidad y su tarea propia, pues son ellos los que tienen que pronunciarse legalmente sobre cuál de las comunidades es la propietaria de las tierras en disputa.

Así, a dos días de que los comuneros de San Miguel y Santo Tomás Ajusco rompieron las pláticas en la Secretaría de Gobernación porque, consideraron, los funcionarios de esa dependencia no eran "interlocutores válidos", Creel Miranda dijo que "una cosa es dialogar, una cosa es buscar un acuerdo dentro del marco de la ley, y otra es el desorden, que no se puede permitir".

En este caso, ejemplificó que no se pueden permitir los bloqueos a las vías generales de comunicación y la portación de armas de fuego. Por lo tanto, a las partes en conflicto les exigió orden y respeto al estado de derecho y, sobre todo, disposición y voluntad política de llegar a acuerdos en beneficio de todos.

La rectificación de la juez

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa emitió un acuerdo sobre el amparo que concedió a los comuneros de Xalatlaco el 6 de julio pasado, en el que especifica el alcance de la resolución, en el sentido de "mantener las cosas en el estado que actualmente guardan", es decir, de ninguna manera los autorizaba a la edificación de viviendas ni al parcelamiento y aprovechamiento de los recursos naturales en la zona de conflicto.

El amparo de la juez María Alejandra de León González, dirigido a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública capitalinas, el cual establece que "a la comunidad indígena de Xalatlaco no se le prive de la propiedad y posesión de los bienes agrarios", además de confusión y una equivocada interpretación de los comuneros mexiquenses provocó profundo malestar no sólo de las autoridades del Distrito Federal, sino de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia del gobierno federal, que tiene destacamentada para el resguardo de la zona a personal de la PFP.

Esto lo expresaron los integrantes de la mesa de negociación que se desarrollaba en la SG, por la "insensibilidad" que mostró la juez en el caso, lo que originó la tentativa de los comuneros de Xalatlaco de tomar el paraje de Agua Grande el lunes pasado.

Ayer, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, informó que el acuerdo sobre el amparo que el juzgado tercero hizo llegar a la Dirección General de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, entre otras dependencias locales y federales, aclara también que tampoco se ordenó a la Policía Federal Preventiva salir del área de conflicto.

El documento es derivado de un incidente de violación a la suspensión en el juicio de amparo que promovieron los comuneros de San Miguel Ajusco, en el que hacen responsable al juzgado de las consecuencias "materiales y sociales de la resolución del 6 de julio", en el que solicitan a la misma autoridad jurisdiccional dar vista al Ministerio Público de la Federación "para que investigue las conductas cometidas por la parte quejosa (Xalatlaco) y que constituyen probablemente ilícitos del orden federal".

Encinas señaló que sigue confuso lo relacionado con la participación de la SSP-DF, por lo que, conjuntamente con su similar del gobierno federal, solicitaron al juzgado mayor precisión de la resolución en este punto, pero dejó en claro que "la facultad de mantener la tranquilidad pública es irrenunciable a la autoridad y nosotros vamos a garantizar esa seguridad".

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Agentes de la PFP y de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron el predio Agua Grande, disputado por comuneros de Xalatlaco y del Ajusco FOTO ALFREDO DOMINGUEZ