Presentará a la sección instructora el texto de la renuncia de Alfonso Durazo

Pedirá la defensa del jefe de Gobierno las comparecencias de Fox y Creel

El expediente sobre El Encino fue manoseado por muchos funcionarios: Alvaro Arceo

BERTHA TERESA RAMIREZ

El abogado Alvaro Arceo Corcuera, asesor jurídico del jefe de Gobierno del Distrito Federal, señaló que durante el periodo de desahogo de pruebas sobre el caso de El Encino se solicitará a la sección instructora de la Cámara de Diputados -donde se ventila el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador- la comparecencia del presidente de la República, Vicente Fox; del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y de los subprocuradores Carlos Javier Vega Memije y José Luis Santiago Vasconcelos.

Además, indicó que probablemente también se pedirá la presencia del procurador Rafael Macedo de la Concha y del ex secretario particular del presidente Fox, Alfonso Durazo, derivado de lo que escribió en su carta de renuncia acerca que desde Los Pinos se estaban fraguando golpes contra el jefe de Gobierno. Lo que sí se presentará como prueba será el texto de la renuncia, indicó.

Arceo Corcuera señaló que el expediente de El Encino se manejó fuera del ámbito ministerial, y cuestionó las declaraciones hechas por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, de que no había para dónde hacerse "¿y cómo lo sabía?" Agregó: "la verdad es que este expediente se ha manoseado por muchos funcionarios federales, no obedecieron el sigilo que les ordena la ley, eso está en el Código de Procedimientos Federal y por eso salieron con que no había para dónde hacerse, lo cual también es una tontería, pero lo que nos interesa saber es cómo llegó el conocimiento de ese expediente a otras esferas fuera del ámbito ministerial".

Entrevistado al término de una mesa redonda sobre el tema de El Encino, agregó que en estos momentos la defensa de López Obrador se encuentra integrando el escrito de ofrecimiento de pruebas que se tendrá que presentar a la sección instructora antes de que venza el plazo correspondiente, el 6 de agosto.

Durante la mesa, Arceo Corcuera, concluyó su participación, en la que enumeró al menos 20 irregularidades en la solicitud de desafuero, señalando que el Ministerio Público federal no tiene facultades en el caso de El Encino para solicitar el retiro del fuero constitucional, "por lo que por esta razón la petición que hizo a la sección instructora el pasado 14 de marzo debe ser desechada por notoriamente improcedente".

Dijo que las irregularidades que mencionó no agotan ni con mucho las cometidas por el Ministerio Público federal y por ciertos jueces federales con el propósito de incriminar "como fuera" al jefe de Gobierno en un ilícito que no ocurrió en los hechos, como puede desprenderse de la lectura de la documentación relativa al caso y de la consideración simple de la realidad: la apertura de las vialidades, que dio origen a la acción, nunca se consumó.

"Se quiso abrir una vialidad, la justicia federal lo impidió, la obra no fue hecha, como le consta a todo aquel que conozca el lugar", argumentó el abogado y mencionó que "utilizar las instituciones públicas como arietes contra el adversario político es barbarie y constituye un retroceso cívico."

Agregó que permitir como "ciudadanos que ello acontezca impunemente sería cobarde y cancelaría la esperanza nacional de un futuro digno".

Por su parte el doctor en derecho fiscal y ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Angel García Domínguez, aseguro que el proceso contra el jefe de Gobierno es un acto de desvió de poder para tratar de eliminar a un adversario político para la carrera presidencial de 2006.

García Domínguez dijo que sería monstruoso que procediera el desafuero y concluyó que como en el caso del Paraje San Juan, se han manipulado los procesos judiciales arbitrariamente, ya que el desafuero es improcedente porque no tendría que haber participado el Ministerio Público federal, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación.