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México D.F. Martes 20 de julio de 2004

Presidió López Obrador reunión regional de seguridad

Propone el GDF operativos anticrimen permanentes

Más allá de coyunturas, son el camino correcto, asegura

BERTHA TERESA RAMIREZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los secretarios de Gobierno, procuradores y secretarios de Seguridad Pública de ocho entidades del centro del país a convertir en método de trabajo permanente los operativos anticrimen.

Al presidir la cuarta reunión de coordinación regional para la prevención del delito, con representantes de los gobiernos de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Veracruz y Guerrero, así como con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Gloria Brasdefer, el mandatario local señaló que "más allá de lo coyuntural, por el reclamo legítimo de la sociedad, hay que restablecer el mecanismo de seguridad en la región centro, porque es el mejor método y esto no se agota en los límites de las entidades, el crimen no respeta fronteras y hay que tener una coordinación permanente y perseverancia".

López Obrador consideró que los operativos son el camino correcto y reiteró que la importancia de atender el problema de la inseguridad pública debe estar más allá de banderas partidistas o de grupos, porque por encima de todo debe estar el interés general. En ese tema, agregó, no debe esgrimirse ningún argumento o no debe ser válida ninguna observación que tenga que ver con lo político.

A su vez, el subsecretario de Seguridad Pública del estado de Hidalgo y responsable del operativo regional, Fermín Hernández Martínez, informó que hasta el día de hoy (ayer) se registraron mil 600 detenciones, de las cuales 313 fueron puestas a disposicón de la autoridad federal, 489 a la autoridad estatal y 823 remisiones por faltas administrativas.

Precisó que se han asegurado 54 armas; se revisaron 63 mil 550 vehículos en las ocho entidades, lo que derivó en que el asalto a transportes de carga y de pasajeros bajó considerablemente y en algunos estados no hay ninguna averiguación previa iniciada en ese rubro; se recuperaron 11 vehículos robados y se pusieron a disposición de la autoridad 45 unidades por contar con documentación irregular.

Mientras López Obrador presidía esta reunión, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, se reunió con el comité organizador de la marcha del pasado 27 de junio, durante la cual el funcionario hizo entrega de un documento que contiene las respuestas y los compromisos que asumirá el Gobierno del Distrito Federal ante las propuestas presentadas por ese grupo.

Al salir de la reunión, Laura Elena Herrejón, presidenta del Movimiento Pro Vecino, dijo que "la gran cereza" que se llevan de esa reunión es que se va a hacer público, a través de Internet, el número de detenciones y consignaciones que se realizan en el DF.

Dijo que con la posibilidad de conocer el número de detenciones que realiza la Secretaria de Seguridad Pública, así como el número de consignaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del DF, y cuántos sentencia el tribunal; "vamos a estar muy cerca de que la transparencia en las cifras nos ayude a combatir la impunidad".

Indicó además que durante la reunión se hizo el compromiso de que el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, y el procurador de Justicia, Bernardo Batís, se reúnan con ellos a fin de conocer los operativos y programas con que cuentan esas dependencias.

En el documento titulado Respuestas y compromisos del Distrito Federal a las propuestas presentadas en el documento: sociedad civil, que les entregó Encinas, se advierte que el Plan de acciones de seguridad, procuración de justicia y gobierno 2004-2006, consiste en reforzar las políticas que permitan la reducción del índice delictivo de impacto social.

Este plan, agrega el documento, tiene como finalidad aumentar la capacidad de sanción del sistema de justicia penal en el DF, para lo cual todas las instituciones se fijaron metas que lleven a la reducción del índice delictivo en niveles lo suficientemente importantes para que sea percibido por la población.

Añade el documento que en primer término se determinó que la policía preventiva mejorará su presencia en las calles para prevenir el delito y atrapar a un mayor número de delincuentes al momento de ejecutar sus actos delictivos, "garantizando el respeto a los derechos humanos".

Agrega que la actividad policial no sólo debe aumentarse, sino también especializarse en los delitos que más afectan a la sociedad, como el robo en todas sus modalidades, el narcomenudeo, violación o secuestro exprés. Indica que de igual forma la Policía Judicial se obligó a profundizar en sus investigaciones para combatir aquellos ilícitos que requieren de cierto tipo de organización delictiva y ejecutar el mayor número de órdenes de aprehensión otorgadas a los jueces.

Por su parte, los juzgados cívicos se comprometieron a sancionar efectivamente a los infractores cívicos con el objetivo de asegurar las condiciones de orden, seguridad ciudadana y con ello detener la espiral de conductas que en condiciones de desorden son campo propicio para la comisión de delitos.

El documento también añade que los agentes del Ministerio Público deben consignar un mayor número de presuntos delincuentes que son presentados por los policías.

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