La estrategia contraría el compromiso que adquirió el gobierno de la alternancia, dice

Critica López Bárcenas soluciones monetarias de SRA a conflictos agrarios

Sugiere que prevalezcan usos y costumbres cuando se involucren tierras indígenas

MATILDE PEREZ

La solución conciliatoria a los conflictos agrarios propuesta por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) mediante la compra de tierras conlleva dos efectos: arreglo político entre gobiernos y la pérdida de la propiedad social, asentó Francisco López Bárcenas, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.

La estrategia es contraria al compromiso que adquirió el gobierno federal de exhortar al Poder Judicial federal e instancias competentes para que, en los asuntos y juicios en los que se involucren tierras de los grupos indígenas, se consideren los usos y costumbres de cada núcleo agrario indígena, agregó.

Al subrayar que la mayoría de los conflictos agrarios involucran superficies de tierra propiedad de los pueblos indígenas, López Barcenas mencionó que ni la SRA, ni los tribunales agrarios ni los juicios de amparo han hecho valer la ley para proteger los derechos de los indígenas; tampoco toman en cuenta que sujetos sociales ajenos a los titulares de la tierra se las disputan para incrementar su patrimonio y defender sus intereses, sin importar que para los indígenas la tierra no es una mercancía, sino parte de su identidad y cultura.

Puntualizó que en el país existen 29 mil 961 núcleos agrarios, de los cuales 27 mil 634 son ejidos y 2 mil 327 son comunidades agrarias y, de estos últimos, 7 mil 671, equivalente a 25.6 por ciento del total nacional tienen como titulares a comunidades indígenas. Esto permite afirmar que en los territorios indígenas el tipo de propiedad predominante es ejidal y comunal y, en tercer lugar está la propiedad privada. Por ello es de suma importancia que a los pueblos indígenas les sea reconocido y respetado por el Estado y la sociedad la propiedad de la tierra.

Agregó que la propuesta de la SRA de solucionar los llamados focos rojos no sólo por conducto de la conciliación, sino prioritariamente con la compra de tierras lleva a perder el carácter de propiedad social y a insertar ésta en el mercado de tierras. La solución es de tipo jurídico administrativa, pero no de carácter social, lo cual implica una solución superficial.

López Barcenas apuntó que el despojo de las tierras a los indígenas se consuma mediante muchas formas, algunas veces como expropiación para una obra pública en la que los involucrados son instituciones gubernamentales; en otras son invasiones fomentadas por ganaderos, inmobiliarias, empresas forestales, mineras o industrias farmacéuticas, estas últimas no se apropian de los espacios, pero sí los explotan y perturban.

Después de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo la estrategia gubernamental para resolver los conflictos agrarios ha sido la compensación monetaria a quien ceda o pierda, ya sea en su derecho o en sus pretensiones, de esa manera se trata de compensar la pérdida a las partes en conflicto.

Esta fue la salida que aplicó el gobierno de la alternancia, opción que no estaba en sus cálculos de gobernabilidad, por eso recurrió a ese procedimiento, "pues de no hacerlo corría el riesgo de que se convirtiera [cualquier conflicto agrario] en un factor de desestabilidad social", abundó el también asesor jurídico de comunidades indígenas oaxaqueñas.

Insistió que el camino elegido por el gobierno federal es equivocado, pues en lugar de aplicar la ley para resolver los problemas ha preferido negociar con quienes la infringen, para desactivar los conflictos.